En el último tiempo varios hechos políticos han ido configurando un nuevo imaginario sobre el asunto de las drogas en las Américas: varios ex presidentes de América, entre ellos uno de EUA, han puesto en entredicho la actual política mundial de drogas y solicitado su cambio, los Gobiernos de Colombia, Guatemala y México ha solicitado lo mismo de manera oficial a las Naciones Unidas, el Gobierno de Uruguay se apresta a instalar un estanco de la marihuana y, finalmente, en los Estados Unidos de América los estados de Colorado y Washington han aprobado en votación plebiscitaria el uso no médico, recreacional, de la marihuana.
En de junio del 2011 los ex presidentes Cardoso, Gaviria, Zedillo de Brasil, Colombia y México, así como otras personalidades mundiales hicieron público el documento “Guerra de las drogas: Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas cuyo primer párrafo afirma que: “La guerra global a las drogas ha fracasado”, documento que luego ha sido suscrito por los ex presidentes Carter, Lagos Escobar y Fox, de Estados Unidos de América, Chile y México. Allí ellos demandan: “Comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos”.
DESDE CARTAGENA A COLUMBIA Y COLORADO
A inicios de este año, la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena, Colombia, en febrero se vio abocada principalmente al tema de las drogas pese a que no era parte de su agenda. Solicitándole a la OEA- CICAD elaborar el Estudio Hemisférico sobre Drogas, en relación las necesidades e impactos de aquellas propuestas.
En agosto de este año el Parlamento de Uruguay aprobó la norma general que crea un mercado regulado de la marihuana por medio de un monopolio estatal. En la actualidad ese Parlamento está debatiendo la institucionalización y reglamentación de ese mercado.
El 1 de octubre en Nueva York la Cancillería de México hizo oficialmente pública la declaración conjunta de los gobiernos de Colombia, Guatemala y México quienes establecen: “1. Que el consumo de drogas ilícitas es un poderoso incentivo para las actividades de organizaciones criminales en todas las regiones del mundo. 2. Que a pesar de los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional a lo largo de décadas, el consumo de esas sustancias sigue incrementándose a nivel global, lo que genera cuantiosos ingresos para las organizaciones criminales en todo el mundo”. Finalmente, esos gobiernos declaran: “En este sentido, los Gobiernos de Colombia, Guatemala y México invitan a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a emprender a la brevedad un proceso de consultas que permita hacer un balance de los alcances y las limitaciones de la política vigente, así como acerca de la violencia que generan la producción, el tráfico y el consumo de drogas en el mundo”, y; “Consideramos que estos resultados deberían culminar en una conferencia internacional que permita tomar las decisiones necesarias a fin de dar mayor eficacia a las estrategias y los instrumentos con los que la comunidad global hace frente al reto de las drogas y sus consecuencias”.
Esta demanda por evaluar lo hecho y proponer nuevas modalidades para el abordaje del asunto de las drogas es comprensible si se tienen presente que solamente en México desde 2006 se cuentan la muerte de más de 90.000 personas, la desaparición de 10.000 y otras 250.000 desplazadas de sus hogares.
En los Estados Unidos de América junto con las elecciones presidenciales del pasado 6 de octubre, dos estados de la unión: Colorado y Washington han aprobado en votación plebiscitaria el uso recreacional, no médico, de la marihuana, asimismo el Estado de Massachusetts aprobó el uso médico de esa sustancia. Hasta ahora quince estados de la Unión y el Distrito de Columbia habían despenalizado la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, además, otros ocho la consideran una “ofensa leve, esos 18 estados hacen más de la tercera parte de los estados de la Unión. Esto se llama muy apropiadamente la regularización del mercado de marihuana.
Ya el año pasado una encuesta de Gallup reveló que el 50% de los estadounidenses estaban a favor de la legalización de la marihuana y el 46% se oponía, mientras que en 1969 sólo el 12% era favorable a su regularización, además téngase presente que en EUA solamente el 10% de su población usa regularmente esa sustancia.
LA RESPUESTA DE LA BUROCRACIA ANTIDROGAS
La burocracia internacional antidroga prestamente ha reaccionado, Raymond Yans presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE) declaró: «Esos acontecimientos constituyen una violación de los tratados de control internacional de drogas, y representan una gran amenaza para la salud pública y el bienestar de la sociedad mucho más allá de esos estados”.
El experto belga que preside la JIFE agrega que: «La legalización del cannabis en esos estados enviaría señales erróneas y confusas para los jóvenes y la sociedad en general, dando la falsa impresión de que el abuso de drogas puede considerarse normal e incluso, más preocupante aún, seguro», recalcó Yans: «que todos los jóvenes tienen derecho a ser protegidos contra el abuso y la dependencia de las drogas». Esa noción autoritaria de tener “el derecho a ser protegido” a sangre y fuego es el origen de la guerra contra las drogas.
POPULISMO PENAL
La doctrina de la sociedad libre de drogas y la tolerancia cero con su provisión y consumo es pariente de la doctrina del populismo penal, es, hasta ahora, la pariente poderosa, con esta doctrina se ha pretendido controlar la pobreza generada por el modelo económico instaurado por la nueva economía neoliberal y el desmonte del estado de bienestar. Si bien el asunto de la seguridad ciudadana ha servido como plataforma política tanto a la derecha como a los sectores progresistas, a partir de la legítima demanda de los sectores medios y populares de vivir en una sociedad segura, lo cierto es que ese modelo de control social se ha visto deslegitimado por el lado de la “guerra contra las drogas”, tanto por los excesos en su ejecución, como también por la demanda social de hacer uso de las drogas sin ser criminalizado. La “guerra de las drogas” pasó de ser el pariente poderoso del populismo penal al pariente molesto. Recientemente, informando los acontecimientos de Sao Pablo, Brasil, se supo que “en los últimos 16 días han muerto más de 170 personas, entre ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la policía” (12.11.2012).
El populismo penal hace crisis cuando las demandas de los segmentos criminalizados de la sociedad asumen la forma de una demanda social, no se trata simplemente de la cultura de la bohemia asociada a los bajos fondos y el delito común, ni la cultura de la droga, ni la cultura gay no hace mucho, ni la cultura de la violencia juvenil o la prostitución infantil, etc. No, aquí nos referimos a la demanda organizada y violenta de los delincuentes por sus derechos judiciales y sus derechos humanos, este tipo de crisis ha venido mostrado su gravedad en Brasil, Centroamérica y México.
DE LAS FAVELAS A LAS MARAS
En Brasil, a finales de 2006, en los casos de las “movilizaciones vandálicas” del “Primer Comando de San Pablo” y de los sucesos de Río de Janeiro, el objetivo principal fue negociar nuevos tratos policiales, procesales o penitenciarios con las autoridades. En este último caso murieron una veintena de personas, tres policías, siete atacantes y nueve civiles, siete de ellos quemados en un bus. Las proporciones de las víctimas son claras. El en ese momento Presidente Lula da Silva calificó esos hechos vandálicos de “terroristas”. Pero, una autoridad carcelaria tenía otra opinión, ya que “atribuyó el ataque a una violenta represión contra las ‘milicias’ de ex policías que expulsan a los narcotraficantes de las favelas y luego venden ‘protección’ a los vecinos”. Es de destacarse que en Brasil, en proporción a su población, mueren más jóvenes en actos de violencia que en cualquier otro país con un conflicto interno declarado; además, la policía tiene fama de “gatillo fácil”.
En Centroamérica la expresión social organizada de la delincuencia juvenil son las maras, que se originan en Estados Unidos como organizaciones de jóvenes emigrantes, o sus descendientes, para defenderse de otros grupos marginales y de las fuerzas del orden. Ellos y sus familias habían huido en la década de los 80’ de Centroamérica -en particular de El Salvador, de allí el nombre de “salvatruchas”- durante las guerras civiles de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Con la llegada de la paz a Centroamérica los miembros de las maras fueron expulsados a sus países de origen o regresaron por diversas razones, extendiéndose por todo el istmo y México.
Las maras son formas extremas de identidades colectivas singularizadas; se entiende como tales a una diversidad de agrupamientos en torno a diversas singularidades identitarias, ya sean de tipo territoriales, de origen geográfico, de origen étnico, sean asociaciones de profesionales, empresarios, partidos políticos, orientaciones ideológicas y movimientos sociales, clubes y barras deportivas, grupos religiosos y místicos, grupos de jóvenes por estilos expresivos culturales u originados por alguna experiencia pasada en común.
Estas identidades culturales muchas veces se originan en formas de exclusión y estigmatización por parte de la sociedad mayor en contra de diversos grupos sociales empobrecidos y marginados. Agrupamientos cuyos miembros, en la búsqueda de diferenciación, identidades, pertenencia y protección, realizan prácticas de conocimiento y reconocimiento de otros –alteridad-, solidaridad, tolerancia, reciprocidad, compartimiento de aprendizaje social, autocuidado, jerarquización, etc. Estos agrupamientos pueden ir desde un inocente grupo juvenil barrial, “combos” o “caletas” de niños en la calle, pasando por una barra brava o pandillas de pequeños delincuentes, hasta complejas y peligrosas formas de agrupamiento y auto defensa como las maras de Centroamérica. Además, están disponibles como fuerza de reserva para el trabajo delictivo que un generalizado sistema de contratación permite que el crimen organizado o quien lo necesite contrate sus servicios.
En México las acciones atroces de las organizaciones del narcotráfico y sus ejecutoras por encargo son las retaliaciones en contra de la competencia y, también, en contra de los abusos policiales y militares consistente en robos de drogas y dineros ilícitos, extorsiones, secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones ilícitas. Hechos constitutivos de la “guerra contra las drogas” que no es necesario repetir aquí por tratarse de noticias de actualidad.
Finalmente, el siguiente punto merece especial atención, uno de los buenos argumentos para terminar con el control criminal al consumo y la provisión de drogas es el uso alternativo de esos recursos en la persecución de la delincuencia común y el crimen organizado. También para tratar y ofrecerle alternativas tanto a los usuarios de drogas y a los pequeños proveedores que con la eventual regulación de su expendio perderán sus trabajo e ingresos, cuestión no menor ya que se dedicarían a la delincuencia común y pueden ser reclutados por la criminalidad organizada. Así tenemos que en el año 2010 cuando se votó la proposición 19 sometida a los ciudadanos del estado de California para autorizar el uso recreativo de la marihuana, la cual se perdió con un 55% de rechazo, según la Oficina del Analista Legislativo de California, de ese proyecto de ley se derivaría los siguientes impactos positivos:
“Tendría como resultado unos ahorros significativos para los Gobiernos Locales y Estatales, potencialmente de hasta varias decenas de millones de dólares anuales debido a la reducción de los individuos encarcelados o en libertad condicional”.
“Las celdas empleadas actualmente para albergar delincuentes relacionados con la marihuana podrían ser ocupadas por otro tipo de criminales, de los que muchos están siendo excarcelados antes de tiempo debido a la falta de espacio en las cárceles”.
“Importante reducción en los costes locales y estatales para la ejecución de delitos relacionados con la marihuana y en la gestión de casos penales ligados al sistema judicial, ofreciendo la oportunidad de usar los fondos para hacer cumplir otras leyes penales existentes”.
El uso alternativo de los recursos empleados en “la guerra de las drogas” bien podrían utilizarse en prevenir y controlar la delincuencia común y el crimen organizado, pero si para controlar esas conductas inaceptables para la sociedad se van a replicar las doctrinas, estrategias y prácticas que se han empleado en la fracasada guerra contra las drogas, ahora en términos de “guerras contra la delincuencia” y “guerra contra el crimen organizado” los fracasos esperables serán similares.
Ibán de Rementería*
El Ciudadano
* Secretario Ejecutivo Red Chilena reducción de Daños
LEA ADEMÁS: Principios para un cambio de paradigma en política de drogas
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