El primer detenido desaparecido en democracia

José viajó desde Los Muermos a vivir a Puerto Montt. Cecilia Huenante (madre) junto a María Huanante (tía) habían decidido facilitar las instancias para que fuera a estudiar.  El 3 de septiembre de 2003 cuando tenía sólo 16 años fue apresado. Nunca más se supo de él, convirtiéndose en el primer caso de desaparición en democracia ocurrido durante el mandato del presidente Ricardo Lagos.

COORDINANDO UNA BÚSQUEDA

Según la coordinadora de búsqueda de justicia por José Huenante, por pertenecer a una familia humilde y de origen mapuche, en la investigación fue minimizada la gravedad del hecho; sumado a una fuerte presión de quienes son indicados como los responsables: Carabineros de la Quinta Comisaria de Puerto Montt.

Por tal razón, surgen grupos de apoyo que por enlaces de familiaridad y justicia, se han motivado para “darle tarro al caso” nos dice Luis Baeza, vecino e integrante de la coordinadora: “José era un niño que se hizo amigo de mi hijo Sebastián, jugaban, dormían juntos y se sentaba a la mesa a comer como un integrante más de la familia”. Según Baeza, conoció a José cuando éste tenía sólo 12 años: “cuenta su tía María que habría venidos desde Los Muermos por razones de estudios y tuviera un buen futuro cosa que José se dedicó a trabajar y a ayudar a la familia, trabajaba en las pesqueras, en la temporada del erizo, normalmente hacía labores de campo cuando vivía en Los Muermos”.

LA NOCHE DEL 3 DE SEPTIEMBRE

A las dos de la madrugada del 3 de septiembre de 2003, un escandaloso operativo policial en la población Vicuña Mackenna interrumpió el descanso cotidiano de los habitantes. Se escucharon balazos, corridas, llamados de funcionarios policiales pidiendo refuerzos, todo un operativo para detener a quienes, supuestamente, apedrearon un radio patrulla.

Según Luis Baeza, en el lugar había un sitio eriazo, ahí se levantaba una planta elevadora y una casita de 5X5 abandonada entre Avenida Vicuña Mackenna y Avenida Mediterráneo sobre una diagonal paralela a Villa Antártida en el sector Mirasol: “en la tarde del 2 de septiembre de 2003 tuve una discusión con mi hijo mayor (Sebastián), muy amigo de José y yuntas, no lo dejo salir, al otro día la novedad, ahí los muchachos cuentan que hubo un operativo policial porque le tiraron piedras a una patrulla que, según los muchachos, fueron otras personas”.

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El resto de la historia sólo se conoce por testimonios de terceros: “Hay un testigo que dice que vio cuando a José lo tomaron y le pegaron y lo subieron a una patrulla, hay otro joven que estuvo con José y dice que cuando llegó el operativo arrancaron en distintas direcciones. A este chico lo encuentran por ahí cerca de la carretera, lo golpean, lo dejan todo reventado. En la subcomisaria, no hay un registro formal de que ese muchacho fue detenido, sino que lo llevaron al retén y después lo llevaron a la casa, ni siquiera lo llevan al hospital para constatar lesiones”, relata Baeza.

Otro testigo le mencionó que el ahora desaparecido José Huentane habría doblado por una esquina seguido por un radio patrullas con luces apagadas. “José siempre llegaba a su casa, sino era a la de la tía llegaba a mi casa y no necesitaba golpear la puerta para entrar, llegaba y entraba nomás, eso fue más menos algo resumido de lo que pasó esa noche,” recuerda Baeza.

CARABINEROS SOSPECHOSOS

Que carabineros sean indicados como los responsables de la desaparición surge por algunos procedimientos dudosos que existen en la bitácora de ese día, “en el registro de detenidos escriben ‘dos detenidos’ y después borran y escriben ‘un detenido’… después desaparece una hoja del libro de registro de detenidos, hay una patrulla que tiene un kilometraje que no está registrado y, entre la hora del operativo y las cinco de la mañana, no se reporta nada. A José lo sacaron del lugar, tuvieron tiempo de irlo a botar a cualquier parte”, dice categórico Baeza.

Por otro lado las gestiones de búsqueda, han contemplado reunión con altos mandos de la institución policial acusada: “Las veces que lo hemos intentado hemos tenido persecuciones, hostigamiento de parte de la policía, nos han perseguido a nuestro trabajo, en las casas nos han vigilado. En mi caso, me he cruzado en distintas calles: de primera es una cuestión casual, la segunda, coincidencia; ya la tercera vez es para empezar a preocuparse, querían intimidarnos”, aclara el vocero.

De las declaraciones de los funcionarios policiales involucrados sólo hay negaciones que causan torpeza, más aún cuando el caso es abordado por una fiscalía militar, “ahí duermen, sabemos que nunca van a ir en contra de su clase, en este proceso de reapertura que se está por dar, hay nuevas declaraciones y nuevos testigos, queremos que el caso se desarrolle en la justicia civil”, manifiesta Baeza. Hasta el momento quienes son considerados sospechosos son los cabos Patricio Mena y César Vidal, además del sargento Juan Altamirano, que el día de la desaparición cumplían función en la Quinta Comisaría de Puerto Montt.

LA ONU SE PRONUNCIA

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En la semana del 13 al 21 de agosto de 2012, arriba a Chile el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) integrada por Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky. Los observadores elaboraron un documento posterior y recomiendan poner algunas atenciones sobre la búsqueda de personas desaparecidas.

Respecto a la búsqueda sugieren al Estado aumentar su participación “…la búsqueda de desaparecidos no puede ser una tarea exclusiva de los familiares sino una obligación del Estado. Al respecto, es necesario adoptar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para promover y coordinar las acciones de las diversas instancias estatales encargadas en la materia”. Sobre lo anterior, Luis Baeza recuerda que a Michelle Bachelet se le ha entregado dos cartas donde se le pide por el caso: “cuando era presidenta (Bachelet), la tía de José (María) le entregó una carta en mano cuando vino a Puerto Montt a inaugurar una subcomisaria en Avenida La Cruz (Mirasol); la otra fue entregada en el término de su campaña política en las recientes elecciones, ahí se comprometió que una vez pasada las elecciones iba a tomar cartas en el asunto; hasta hoy no se ha comunicado”

En el tratamiento jurídico de los casos, a la GTDFI le sorprende que en los asuntos de desaparecidos en democracia, como en dictadura, exista una fiscalía militar: “…el GTFDI considera que el fuero militar carece de la necesaria independencia e imparcialidad para abordar violaciones a los derechos humanos, tal como la misma Corte Suprema lo reconoció. Sin embargo, los tribunales militares aún conservan la jurisdicción respecto de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares o carabineros contra civiles. El GTDFI recibió información del caso del joven José Huenante, desaparecido en 2005 y cuya investigación fue asignada a la justicia militar constituyendo no solo una violación del artículo 16.2 de la Declaración sino un obstáculo clave para poner fin a la impunidad”.

A su vez plantea “casos como el de José Huenante deben ser investigados de manera rápida y eficaz por la justicia ordinaria. En este sentido, se solicita al Estado chileno que revise y modifique la normativa interna adecuándola a los estándares internacionales de modo que la jurisdicción militar… en particular, la policía de Carabineros de Chile debe estar sometida a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de cualquier acto ilícito cometido por sus miembros” .

En resumen, no sólo las negaciones de los imputados ha entorpecido la investigación, también el Estado ha sido fiel participante y su desidia ha generado una lentitud que, pronto a cumplirse 11 años de la desaparición del joven Mapuche, el proceso haya estado estancado por un organismo como la Fiscalía Militar, que tienen la facultad de actuar como defensor y acusador de los imputados.

Por Srayün Nawel

 El Ciudadano N° 152, abril 2014

Fuente fotografía