La voz de las víctimas del conflicto armado en El Salvador (1980-1992) frenó un anteproyecto de ley de reconciliación calificado por el abogado Manuel Escalante como «un lobo con piel de oveja», porque en lugar de justicia traería impunidad.
«Los diputados no pidieron una prórroga a esa propuesta de ley por su buena voluntad, si no porque hubo una presión de las organizaciones de víctimas que les dejaron claro que no estaban haciendo bien su trabajo», aseguró el asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (Idhuca).
La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador aprobó el pasado martes por 66 votos el envío de una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que prorrogue el plazo para cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional para crear una Ley de Reconciliación Nacional que cumpla con parámetros de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Esta sería la segunda prórroga que pide el Legislativo sobre el tema, pues la Sala declaró inconstitucional en junio de 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993, y había dado hasta julio de 2019 para presentar una normativa que cumpliera los referidos cánones.
«Fue una victoria que la Asamblea no aprobara la propuesta impulsada por la derecha parlamentaria, pero debemos seguir empujando a los diputados para que al final las mejoras sean sustanciales y tengamos una buena ley», agregó Escalante.
El abogado estimó que, si bien las víctimas del conflicto son más escuchadas ahora, persiste la falta de transparencia y sinceridad en el Legislativo, pues algunos parlamentarios tienen un discurso supuestamente comprensivo puertas adentro, y otro incendiario e incluso contradictorio hacia el exterior.
«Al abrir los procesos de consultas con las víctimas y sus defensores los diputados mostraron una apertura, pero cuando los escuchas declarar a los medios son más incendiarios contra la sociedad civil», advirtió.
Los derechistas partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Concertación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC) se quedaron solos y divididos en su intento de pasar una ley acusada de buscar impunidad para los violadores de derechos humanos durante el conflicto, y negarles una reparación a sus víctimas.
Los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), Cambio Democrático (socialdemócrata), Gran Alianza por la Unidad Nacional (derecha) y el diputado independiente Leonardo Bonilla defienden que para la Ley de Reconciliación sea tomada como referencia la propuesta de las organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.
La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.
Cortesía de Sputnik
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