Elena Varela: “En Chile quienes pensamos distinto somos tratados como delincuentes”

El lunes 12 de abril (hoy) se iniciará (inicia) en Villarrica el juicio oral contra la documentalista Elena Varela, en un clima enrarecido por el endurecimiento de la represión  a los mapuche en los inicios del gobierno del Presidente Piñera. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos que consideran el caso un símbolo de la defensa de la libertad de expresión asistirán al juicio, que presidirá  el magistrado Jorge González Salazar, junto a los jueces Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional.

El juez González se ganó una reputación antimapuche cuando en 2003 juzgó por segunda vez  a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao –que aun permanece en prisión- pero la absolvió de algunas de otras acusaciones. El fiscal pide 15 años de prisión para la realizadora.

Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años resistiendo en prisión efectiva, bajo continuo acoso de gendarmería en la cárcel de alta seguridad de Rancagua. Reyes ha denunciado la oferta de “tratos” de parte de fiscalía, para que inculpe falsamente a Elena Varela a cambio de garantías procesales. Ambos enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel y han tenido serias dificultades para contar con defensa legal efectiva. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Conversamos con Elena  mientras ella revisa las cartas de apoyo dirigidas a la realizadora de Newen Mapu, la fuerza del Pueblo Mapuche (Fondart 2007) en respuesta a una amplia campaña que exige su libertad y un juicio justo.

-¿Cómo te sientes a las puertas del juicio en Villarrica, en el Chile post terremoto y post Concertación?

-Me siento extraña, llena de incertidumbre, es como caminar sin poder respirar nunca. Para mí este cambio político, si bien es cierto da cierta continuidad a los caminos anteriores, favorece la persecución de las ideas revolucionarias y de la lucha social.

– ¿Consideras que los continuos aplazamientos de tu juicio han sido beneficiosos o dañinos para tu sueño de libertad?

-Creo que nadie merece estar en la situación por la que he vivido, más aún después de una inmensa acusación donde en su campaña y montaje me hacían aparecer como parte de una guerrilla y de varios asaltos, así han querido silenciarme. Es por eso que se ha extendido tanto, sin tener verdades a la vista, sólo a base de prejuicios y falsas pruebas. Para mí, esto ha sido una gran tortura de vida, ha dañado lo único que tengo, mis seres amados, pero no ha logrado bajar las esperanzas de mis amigos y compañeros que creen en la verdad y tampoco ha mutilado mis propias esperanzas. Pues yo quiero vivir en Chile y seguir creando. Espero que  la verdad y la justicia se impongan.

-¿Qué esperas de la solidaridad nacional e internacional, cuánto crees que eso puede pesar en el juicio?

-Tengo la esperanza que me transmiten aquellos que ven con enorme asombro las injusticias que ocurren en Chile y que han marcado este proceso. Sé que todos quienes han solidarizado conmigo, desde la persona más sencilla a las organizaciones gubernamentales internacionales saben de qué se trata esta persecución y el porqué de las acusaciones. Y saben que a pesar que Chile ha avanzado en DDHH aún falta que esto se transforme en una conducta social que comience en los tribunales de justicia.  Me sostengo en esta solidaridad que ha sido tan importante, para tener fuerza y esperar que se realice un juicio justo que no dé  la espalda de la comunidad nacional e internacional, que estará observando atentamente lo que ocurra en este “nuevo” Chile.

-¿Cómo va tu película?  ¿Se ha comunicado contigo Paulina Urrutia, la ex ministra de Cultura, responsable del FONDART que ganaste, o alguien de la antigua administración en relación a tu documental o a tu juicio?

-La película se sigue desarrollando, con mucho esfuerzo, también con manos solidarias, con profesionales que están dispuestos a terminar esta obra, esperando mi libertad. El personal de la administración del antiguo Gobierno siempre está presente en todas las gestiones y creo que por sobre las ideas personales, entienden que aquí se ha atacado la libertad de expresión y los DDHH.

-¿Porqué piensas que este juicio es emblemático para la libertad de expresión. Hay hechos recientes que muestren que hay una política de censura avanzando a paso raudo?

-Creo  que sí, también es un juicio político. Se busca transformar la imagen de una mujer creadora que tiene una mirada crítica ante las injusticias y que denuncia las violaciones a los DDHH, y mostrarla como una delincuente, que pertenece a un grupo criminal. Esto es inaceptable para quienes laboramos en las distintas expresiones artísticas e intelectuales o para quienes luchamos por una sociedad más justa. Porque este gobierno de Piñera habla de la libertad de expresión refiriéndose a otros países e interviniendo incluso para pedir la libertad de supuestos luchadores  y presos políticos, desconociendo que hoy día en Chile se ha violado una y mil veces la libertad de expresión, sometiendo a juicios donde quienes pensamos distinto y luchamos por demandas o acompañamos luchas del pueblo, somos tratados como cualquier delincuente.

LA CAUSA

El proceso contra Elena Varela se  inició en mayo de 2008 bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a  prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su  material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, y nunca le fue restituido.

El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), el primero que concitará interés internacional luego de la llegada de la derecha empresarial a  La Moneda,  muestra una de las caras más negras de la Concertación, que por una parte premió a la artista con el Fondart 2007 – el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental “Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra” – y por otra, la encarceló y requisó sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de esa tierra ancestral.

LA ACUSACIÓN

Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). El fiscal se basa en la breve vinculación sentimental  de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Pérez pide veinte años de prisión.

Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana. El renombrado documentalista argentino Fernando Birri se ha hecho presente junto a dirigentes de la Doca y la Adoc, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente y que filmarán el juicio.

El ex juez Juan Guzmán encabeza el equipo que defenderá a Elena Varela del fiscal Servando Pérez, un verdadero perseguidor de la artista cuya investigación, desarrollada durante largos años ha significado un enorme gasto de dinero y recursos humanos de personal policial.

Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El juicio iba a realizarse el pasado 2 de marzo, y fue postergado debido al terremoto.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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