La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla recomendó a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una investigación en contra de agentes que incurrieron en actos de tortura en agravio de un sujeto detenido en 2020 y que, tras esto, terminó con trastorno psicológico.
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La CDH del estado dio a conocer que hizo la recomendación 31/2023 a la Fiscalía de Puebla tras acreditarse violaciones a los derechos humanos por parte de su personal a través de tortura durante la tutela judicial efectiva en agravio de una persona.
Detallaron que los hechos en cuestión ocurrieron en diciembre del 2020, cuando la víctima de tortura y otra persona fueron detenidos por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la FGE, en cumplimiento de una orden de búsqueda y localización.
Indicaron que en su detención, la víctima sufrió tortura que le provocó trastorno psicológico, hecho por el cual fue iniciada una carpeta de investigación, pero el Ministerio Público a cargo del caso determinó el ejercicio de acción no penal, sin considerar antes una investigación.
Por ello, la CDH emitió la recomendación de notificar al Ministerio Público para investigar si los servidores públicos incurrieron en abuso de autoridad y se determine lo que corresponda conforme a derecho.
Asimismo, en esta expresan que se hagan las gestiones jurídicas y administrativas necesarias para investigar el delito de tortura que es señalado y se avise al Órgano Interno de Control de la Fiscalía para determinar el inicio del proceso correspondiente.
De igual forma, recomiendan que la Fiscalía proporcione una reparación integral a la víctima.
«Con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, así como brindar atención psicológica especializada la cual deberá otorgarse de forma continua, gratuita e inmediata, en un lugar accesible y con la previa aceptación de la persona afectada»
Comunicado CDH
La recomendación también invita a la FGE a emitir una circular que instruya a sus agentes a que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la tutela judicial efectiva.
A la par, plantea para ellos una capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos en la legislación local, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad personal y a la tutela judicial efectiva, para evitar actos como los señalados.
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