Empieza discusión de reformas al Poder Judicial en Congreso de Puebla

La creación de una Sala Constitucional para regular el trabajo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género y la posibilidad de que los diputados remuevan al magistrado presidente, son algunos de los cambios al Poder Judicial que propuso el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Este jueves en sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso de Puebla dio lectura al oficio G/CJ/051/2022 con el que mandatario plantea reformar los artículos 12, fracción X; 37, fracción II; 57, fracciones XIV, XV XXIII y XXXI; 61, fracciones II y III; 86, 87, 88, 90, 91 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Con sus propuestas de modificación a los ordenamientos actuales buscará, a grandes rasgos, agilizar la impartición de justicia para los poblanos; además, permitirá sancionar a los magistrados, jueces y personal del TSJ que cometan faltas u omisiones dolosas en beneficio propio o de sus cercanos.

Esto incluye la posibilidad de destituir al actual presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez y también niega su reelección por otro periodo.

Asimismo, aumenta el número de magistrados del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, al pasar de siete a nueve, quienes durarán en el cargo 15 años a excepción de su presidente, quien será nombrado por mayoría simple de los mismos, por un periodo de cuatro años.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a la de Procuración y Administración de Justicia.

Diputados prevén votos a favor la propuesta

El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dejó entrever que la bancada de Morena, aprobará las reformas propuestas por el mandatario, al considerarlas “un acto de justicia social” que abona a la transparencia y celeridad en los litigios.

También confió en que las demás bancadas se sumen a la aprobación, en especial al considerar la reparación de daño por fallos judiciales incorrectos, y destacó que el reformar al Poder Judicial de Puebla, podría ser el mayor avance de la LXI Legislatura.

No obstante, reiteró que en caso de que se apruebe, la implementación de los cambios dependerá de la disposición de los jueces y magistrados; además, podría abrir oportunidades laborales para muchos abogados.

En tanto, el coordinador de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI) Charbel Jorge Estefan Chidiac, y el presidente de la Mesa Directiva, Néstor Camarillo Medina; adelantaron un voto a favor por parte de la bancada de los diputados priistas.

También invitaron a los demás legisladores, en especial a los panistas, a emitir un voto razonado en función de los avances que ofrece la iniciativa y que no se vea condicionado por cuestiones políticas o electorales.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, afirmó que “hay cosas interesantes” por las que podrían votar a favor, entre ellas el aumentar el número de magistrados, tener un registro de magistrados y regular su actuar fuera del Tribunal, y la creación de la Sala Constitucional.

¿Qué incluye la reforma al Tribunal Superior de Justicia?

La propuesta detalla que con la creación de la Sala Constitucional –que estará integrada por cinco magistrados– se resolverán las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en el TSJ. Este organismo será permanente, y estará adscrito al Poder Judicial, pero será “orgánicamente independiente al TSJ; con autonomía de jurisdicción para la resolución de los asuntos de su competencia”.

De igual forma, establece la readscripción orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados durarán en su cargo “quince años improrrogables” y estarán “bajo las reglas y procedimientos de nombramiento, remoción, haberes, prerrogativas, conflicto de interés y responsabilidad previstas, en esta Constitución, para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de la Sala Constitucional”, según los cambios del Artículo 12.

También resalta en el Artículo 86, que “la función judicial se regirá por los principios de honestidad, imparcialidad, independencia, legalidad, publicidad, rendición de cuentas y transparencia. En el ejercicio de ésta, los órganos del Poder Judicial del Estado deberán garantizar que la justicia sea accesible, pronta, completa, gratuita, intercultural y con perspectiva de género”.

En el mismo artículo resalta que los magistrados, consejeros de la Judicatura y jueces tendrán prohibido reunirse con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen, a fin de evitar actos de corrupción o impedimentos al acceso de justicia.  

Foto: Agencia Enfoque

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