Emplazan a dirigente PC por vínculo con ex CNI condenado por homicidio de frentista

El 4 de febrero pasado la Comisión Funa llegó hasta la Parcela 5 del Camino El Consistorial, en el poblado de Huelquén, en la comuna de Buin. El objetivo de esta nueva acción fue desenmascarar a Fernando Remigio Burgos Díaz, ex agente de la DINA y la CNI, condenado por emblemáticos casos de violaciones a los Derechos Humanos.

El caso de Burgos es simplemente delirante. Tras su paso por los dos sangrientos aparatos represores de la dictadura cívico-militar, levantó un negocio familiar ligado a lo místico y esotérico en donde se presenta como un ‘chamán’ y jefe espiritual del clan que lidera.

Probablemente una forma de intentar limpiar un nombre teñido principalmente por dos acontecimientos emblemáticos en la violación a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet: las operaciones ‘Albania’ y ‘Retiro de televisores’.

Asesinato de Julio Guerra y exhumación de cuerpos

El 28 de enero de 2005 el ministro en visita del 6° Juzgado del Crimen de Santiago, Hugo Dolmestch, dictó sentencia en la causa por la muerte de doce personas ocurrida en el marco de lo que se conoció como «Operación Albania», sangrienta acción ejecutada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) entre el 15 y el 16 de junio de 1987 en contra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Por entonces el otrora suboficial de Ejército Fernando Burgos había sido trasladado a la selecta Unidad AntiTerrorista (UAT) de la CNI, a cargo de Álvaro Corbalán, jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, y de quien antes había sido su escolta.

Dolmestch condenó entonces a Burgos Díaz -quien ocupaba las chapas de «El costilla» y «Johnny Galaz» en el aparato represor- a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de homicidio en contra de Julio Guerra Olivares, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Julio Guerra Olivares

En el fallo, el ministro en visita consigna que Burgos, en su declaración indagatoria, confesó el crimen por el que luego se le condenó, aunque aseguró que le disparó a Guerra al encontrarse con él «con un arma de fuego en la mano» en el baño del departamento #21 del block 897 de la Villa Olímpica en Ñuñoa. “Sin pensarlo”, declaró, percutó «alrededor de cuatro tiros» en contra del joven frentista.

Una defensa rechazada por Dolmestch, quien señala en su resolución que «si la única intención era detenerlo, no se justifica el haberle disparado de inmediato cuatro balazos, como lo dice expresamente el acusado».

El informe de autopsia evacuado por el Instituto Médico Legal expone que la causa de la muerte de Julio Guerra fue un «traumatismo cráneo encefálico, torácico y abdominal» y que recibió finalmente 9 impactos de bala, «4 cráneo encefálicas, 4 torácicas y 1 abdominal».

Sin embargo, la condena por el asesinato de Guerra no es la única que pesa sobre Burgos. En junio de 2008 la Corte de Apelaciones lo sentenció a 270 días de reclusión menor en su grado medio, además del pago de una multa de 14 UTM, por la exhumación ilegal de cuerpos en el caso conocido como «Retiro de televisores».

Junto a otros 8 ex integrantes del Ejército, «El costilla» fue condenado por participar en la infame operación que en diciembre de 1978 desenterró desde una fosa en el campo militar de Peldehue, en la comuna de Colina, los cadáveres de personas que figuraban en las nóminas de detenidos desaparecidos.

La interpelación a Pablo Becerra

Cuando la Comisión Funa investigó durante alrededor de 8 meses el caso de Fernando Burgos, no solamente se encontró con la sorpresa de que el otrora agente de la DINA y la CNI se ganaba la vida ahora como un «chamán», sino que también con un hecho que los desconcertó, hasta el día de hoy.

Pablo Becerra

Ocho años antes del asesinato masivo de frentistas conocido como «Operación Albania», el 19 de julio de 1979, Fernando Burgos contrajo matrimonio con Ximena Becerra Poblete. Un hecho que no pasó inadvertido para la Comisión Funa, pues la mujer es hermana del militante y dirigente del Partido Comunista (PC) Pablo Becerra Poblete.

Ante este abrumador antecedente, los integrantes de la Comisión Funa decidieron hace unas tres semanas aproximadamente redactar y enviar una carta a Pablo Becerra –la que también fue distribuida a integrantes del Comité Central del PC, a sus parlamentarios y a las presidentas de la AFDD y AFEP-, en donde relatan el episodio de la funa a Burgos, consignan su prontuario respecto a las violaciones a los Derechos Humanos e interpelan al militante comunista a pronunciarse sobre su vínculo con el ex agente de los aparatos represores de la dictadura cívico-militar.

«Queremos conocer su posición al respecto. Saber si los integrantes de su círculo cercano en la militancia, su célula, su Comité Comunal, su Comité Regional y el Comité Central del que fue parte, conocían este dato. Si los dirigentes con los que ha sido cercano fueron advertidos por usted de que tenía un cuñado con estas características», plantean desde la Comisión Funa a Becerra.

Junto con ello, en la misiva se sostiene que -según pudieron averiguar los miembros de la organización- la relación familiar entre Pablo Becerra y su hermana «no está quebrada», añadiendo que cuentan «con testimonios de compañeras y compañeros que han participado en fiestas familiares donde reconocen a este hombre (Fernando Burgos) como un integrante activo de su familia».

Volante repartido durante la funa a Fernando Burgos

Desde la Comisión Funa señalan a El Ciudadano que aún no han obtenido una respuesta de Becerra, razón por la que decidieron hacer público el caso. Igualmente, este medio intentó infructuosamente contactar al militante PC para conocer su posición al respecto.

La agrupación ha sido categórica al señalar que la intención de dar a conocer estos antecedentes no es de ninguna forma perjudicar al Partido Comunista, sino que simplemente poder obtener desde Becerra y la orgánica que dirige a la colectividad un pronunciamiento ante un hecho que consideran extremadamente delicado. «Lo emplazamos a respondernos y, sobre todo, a responderle a los militantes, a las víctimas y familiares que no se explican por qué aún en Chile se generan estos espacios terribles de impunidad», concluyen en su carta los integrantes de la Comisión Funa.