Una corporación minera británica enfrenta una denuncia multimillonaria por perjuicios como consecuencia de la detención y presuntas torturas ejecutadas contra manifestantes en una mina a tajo abierto de cobre que la firma busca desarrollar en las montañas del norte peruano.
En un caso que realza las crecientes tensiones entre los poderosos intereses mineros en Perú por un lado, y las alianzas de paupérrimos agricultores con ecologistas por el otro, el Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de personas retenidas durante tres días en la remota mina cerca de la frontera con Ecuador.
Cuando los manifestantes marcharon hasta la mina, se encontraron con policías armados esperándolos. Ellos afirman que la policía respondía a las órdenes de los gerentes de la mina (aunque este testimonio es refutado por la propietaria de la mina, Monterrico Metals). Después de dispararles gases lacrimógenos, la policía detuvo a veintiocho personas a las que les amarró las manos por detrás.
Los detenidos afirman que se les roció gases tóxicos en el rostro antes de encapucharlos y golpearlos con macanas y azotarlos. Dos de ellos eran mujeres que declaran haber sido agredidas sexualmente y amenazadas con ser violadas.
Otros tres manifestantes fueron baleados y heridos por la policía. Aunque no hay evidencia de que la compañía minera sea responsable por esto, los manifestantes declaran que uno de los heridos fue abandonado, desangrándose hasta morir, en las instalaciones mineras. Una autopsia determinó que murió después de 36 horas de agonía.
Pese a que “Monterrico” afirma que no tuvo control alguno sobre la operación policial, los abogados de los manifestantes han recogido declaraciones de testigos quienes alegan que los gerentes mineros dirigieron a la policía y que incluso dos de sus ejecutivos estuvieron en el área minutos antes y durante la operación policial.
Despúes de los hechos, un periodista peruano que fue detenido junto con los manifestantes, recibió una serie de fotografías de la operación policíal aparentemente tomadas por un supervisor de “Monterrico”. Los manifestantes dicen que estas imagenes apoyan su denuncia de abusos de parte de la policía.
Varias de las fotografías fueron tomadas fuera de las oficinas de la minera y muestran a los manifestantes ensangrentados con las manos atadas mientras que otras muestran a grupos con los ojos vendados o encapuchados amontonados en las instalaciones de la mina. Algunas imágenes muestran policías sonrientes mientras ondean la ropa interior de las manifestantes.
Una de las fotos muestra a un agricultor llamado Melanio García (41) tendido en el suelo, aparentemente con vida pero bastante malherido. Otras imágenes, tomadas treinta horas después según la fecha hora de los archivos, muestran claramente a García ya muerto. La compañía señala que fue baleado a cierta distancia de la mina.
El día viernes Richard Meeran, abogado del estudio londinense Leigh Day que presentó el caso ante el Tribunal Supremo, obtuvo una orden cautelar que obliga a la compañía minera a conservar un mínimo de cinco millones de libras esterlinas (poco menos de ocho millones de dólares) de sus recursos en el Reino Unido.
“Monterrico” afirma que un o ficial de la policía fue herido de bala en la pierna por los manifestantes y que estos fueron detenidos por esa agresión.
Un portavoz dijo que “Monterrico niega vigorosamente que cualquiera de sus directivos o empleados haya estado involucrado de cualquier manera en los supuestos abusos ocurridos en la mina Río Blanco en el año 2005 y considera que las declaraciones de los demandantes que apuntan lo contrario no tienen ningún merito.”
por Ian Cobain / The Guardian (Traducción de Daniel Ramírez-Corzo y Félix Terrones)
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