En Chile hay justicia para pobres y justicia para ricos

Al cumplirse casi cuatro años del incendio que le costó la vida a ochenta y un reclusos en la Cárcel de San Miguel, la Corte de Apelaciones de esa misma comuna, rechazó el recurso de nulidad presentado por los abogados de la Defensoría Popular, el Ministerio Público  y los demás querellantes, quienes pedían que se anulara la sentencia y el juicio que absolvió a los ocho gendarmes imputados por la muerte de los reos.

El argumento presentado por la Defensoría Popular se basó en que las pruebas presentadas durante el juicio no fueron incorporadas por las partes, sino que por los propios jueces, tesis que fue acogida por el voto de minoría del abogado integrante Manuel Hazbún, quien estuvo por ordenar la realización de un nuevo juicio oral.

Según los defensores de Derechos Humanos,  quienes representan a siete familias de los fallecidos, esta es una de las más grandes masacres que registra la historia carcelaria, toda vez que el estado incumplió con su “deber de cuidado” respecto de las personas que se encontraban privadas de libertad.

Cabe recordar que en abril de este año, a causa del terremoto que afectó al norte del país,  los gendarmes de la Cárcel de Mujeres de Iquique, abrieron las celdas y consintieron la fuga de más de trescientas reclusas para que resguardaran sus vidas.

“Estos gendarmes no deberían haber recibido premios porque no hicieron nada más que cumplir con su trabajo”, aseguró el abogado Rodrigo Román y agregó que: “La circunstancia de dejar morir a los internos es una política estatal de exterminio  a la población penal, en el fondo, a la población más pobre.

Respecto al rechazo del recurso de nulidad, el profesional  argumentó que: “Se confirma la impunidad en lo que respecta a la muerte de los ochenta y un reos, comprobándose que en Chile existe justicia para pobres y justicia para ricos… si no es la justicia formal, entonces ¿Dónde la gente tiene que recurrir para que se haga justicia?,  Porque a todas luces el Estado Chileno no cumplió con su obligación de cuidado”, sentenció el abogado.

Los defensores de derechos humanos explicaron que con la decisión de la Primera Sala del tribunal de San Miguel, se agotaron todos los recursos ordinarios, por lo que se presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado de Chile.