El país sudamericano no logra garantizar el derecho a la vida, básico y fundamental, en especial si se trata de los campesinos y de los pueblos originarios. Cinco asesinatos se registraron ayer en nuevo ataque armado contra líderes comunitarios
Al menos cinco personas fueron asesinadas en el municipio colombiano de Corinto, en el sureste del país, durante un ataque armado. Esto ocurre tan solo dos días después del asesinato de cinco indígenas en la región del Cauca.
De acuerdo con la prensa local, dos hombres armados asesinaron a cuatro personas en la vereda Santa Helena y poco después fue asesinada otra persona en la zona del Guasanó. Los cuerpos encontrados tenían huellas de tortura y que habrían sido degollados, comunicó el coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), José Sauca, citado por El Espectador.
La información fue confirmada por el senador Roy Barreras, a través de su cuenta de Twitter.
El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, se unió al rechazo por el asesinato, atribuyéndole el ataque a los cárteles de la droga.
Decenas de personas salieron a la Plaza Bolívar de Bogotá el pasado 30 de octubre para exigir al Gobierno que tome medidas para frenar lo que concideran un genocidio indigena en el país. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó al Ministerio de Defensa desplegar un operativo de seguridad en la región y sostuvo que el problema más grande es «la presencia de grupos armados residuales».
Anteriormente, el nuevo grupo guerrillero FARC-EP (Segunda Marquetalia), liderado por el exjefe negociador de paz y disidente de FARC, Iván Márquez, había negado tener relación con la masacre de cinco indígenas en zona rural del municipio de Tacueyó, en el departamento del Cauca.
Otros crímenes
Ante los recientes hechos de violencia que se han cobrado la vida de líderes de pueblos originarios, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) pidió una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la región y exigió a las autoridades adoptar medidas que permitan «superar la grave situación de emergencia humanitaria, social, y económica» que sufren las comunidades ancestrales en el Cauca.
La más reciente masacre llega tras el anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de desplegar 2.500 militares en el departamento de Cauca para fortalecer la seguridad en la zona y luchar contra la expansión de narcotráfico.
Duque responsabilizó del crimen del martes pasado a «estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales, que lo que han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar con las armas acallar las expresiones de las comunidades y amedrentar a las comunidades indígenas».
Con una variedad de grupos armados disputándose rentas, rutas del narcotráfico, recursos naturales e industrias legales e ilegales, 777 líderes sociales y defensores de derechos humanos de comunidades han sido asesinados en Colombia desde el 1 de septiembre de 2016.
Con información de RT y Sputnik
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