¿En qué está el caso de Antonia Garros?: Familia se prepara para pronta formalización

La madrugada del martes 7 de febrero Antonia Garros Hermosilla (23) esperó a una unidad policial en la recepción del edificio ubicado en calle Sanders con Avenida Pedro de Valdivia. Producto de una fuerte discusión, los conserjes decidieron llamar a Carabineros. En el piso 13, Andrés Larraín Páez (33) no intuía que tendría que dar su declaración: se le acusaba de golpear a Antonia y a un conserje que salió en su defensa.

Aún no se esclarece si habían más personas en el departamento. El procedimiento efectuado se encuentra en una investigación interna: los funcionarios de la séptima comisaría de Chiguayante estaban en el departamento de Larraín, hijo de un abogado del Banco de Chile, en el momento que la joven cayó desde la terraza.

Ni una menos

La familia de la estudiante de Gastronomía de inmediato se movilizó en bloque y de alguna u otra forma han hecho conocido un caso donde ya se han presentado tres querellas: por homicidio, cuasidelito de homicidio y obstrucción a la investigación. De cara a las audiencias de formalización planificadas para el 13 de abril, uno de los objetivos es cambiar la tipificación del delito hacia el de femicidio por inducción al suicidio. Y, de paso, generar las condiciones para legislar en torno a una ley que permita sancionar la violencia en el pololeo.

Mientras, la ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, quiere esperar la tramitación del proyecto ingresado en enero, en torno al derecho de las mujeres a vivir en un mundo sin violencia. Dicha iniciativa integra diversos tipos de violencia, colocando a aquella en el pololeo como parte de la intrafamiliar. Pero al ser más completa y no tener urgencia, demorará su tramitación.

“La presión diaria es sobre la opinión pública”

Andrés Larraín entregó su representación judicial a “Rojas Abogados”, estudio jurídico que ha llevado otros casos emblemáticos de la región del Biobío, como la representación de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) en 2014 luego que el Consejo de Defensa del Estado se querellara en su contra por fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

La madre de Antonia, Consuelo Hermosilla, pidió investigar a la administración del edificio, que -dice en conversación con El Ciudadano– «ha sido bastante hermética, no ha dicho nada, pero ellos tienen antecedentes claves”. Por su parte, su abogado, Andrés Cruz, solicitó medidas de protección para una persona que habría presenciado las agresiones. Según consigna radio Biobío, se registraron al menos cuatro actos de hostigamiento de parte de Larraín Páez hacia Lilia Cuevas Aqueveque, residente del mismo edificio. Por ello, el abogado pide protección a la Fiscalía para quien podría ser una testigo clave en el caso.

“Me parece que el proceso ha sido rápido y está dentro de lo que esperábamos como familia para esclarecer todo esto: la presión diaria es sobre la opinión pública. Los organismos que deben hacer sus tareas, no las están haciendo. Lo que dicen las autoridades en la TV -de que sí existe apoyo- no es en la realidad. Además, denunciar una conducta violenta es complicado porque hay gente que vive con el agresor. Eso implica que la persona vuelve con más fuerza que nunca a agredirla”, expresa la señora Consuelo.

Desde algunas organizaciones se han generado fuertes lazos, coordinando los apoyos para aquellas personas que, venciendo el temor, se han acercado al entorno de Antonia. Tomás Honorato, de Fundación Honra, relata: “Estamos trabajando con Consuelo para que se visibilice el problema de la violencia en el pololeo en Chile, que muchas veces se normaliza y se naturaliza. Nos hemos reunido con gente de Chile Vamos, de la Nueva Mayoría y de Revolución Democrática para armar un proyecto que no se ensucie con colores políticos y reste voluntades. Nosotros apoyamos la Ley Antonia y trabajamos con todos los partidos en forma transversal porque es un tema que no queremos se repita”.

A la espera de nuevos antecedentes, la familia y amigos convocan el próximo 7 de abril a una misa en la catedral penquista, presidida por el monseñor Fernando Chomalí, con la intención de conmemorar los dos meses de la partida de la hija, hermana y amiga. Al día siguiente, habrá una marcha para pedir justicia y exigir la Ley Antonia.