En su recta final juicio oral contra dirigentes mapuche en Cañete

Durante la presente jornada se inician las réplicas a los alegatos de clausura del juicio a los 17 comuneros mapuche en el tribunal de Cañete. Se espera que durante la semana se conozca la sentencia definitiva de este juicio calificado como “histórico” y que mantiene cautiva la atención tanto del pueblo mapuche como de la comunidad internacional.

Hoy lunes se inicia la recta final después de más de tres meses de juicio oral contra dirigentes y comuneros mapuche en la ciudad de Cañete. Durante esta jornada se dará espacio a las réplicas a cada una de las defensas, por lo que el martes podría conocerse la sentencia de este largo proceso, que ha sido fuertemente criticado, principalmente por la utilización de la polémica «Ley Antiterrorista» por parte del Ministerio Público chileno.

Debido a esta normativa los imputados llevan casi dos años recluidos en prisión preventiva sin que se demuestre su culpabilidad. A esto se suma la presencia de 35 testigos “sin rostro”, lo que ha dado paso a una serie de irregularidades, entre las que figuran acusaciones de compra de testigos para inculpar a los comuneros e incluso torturas por parte de la fiscalía para forzar declaraciones.

Los imputados son 17 comuneros acusados de varios delitos bajo la Ley Antiterrorista. Los más graves son por asociación ilícita, incendio y el ataque contra la comitiva del fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 luego de un operativo policial al interior de la comuna de Tirúa, sector Puerto Choque. Para las comunidades, se trata de un verdadero “juicio político” que tendría la finalidad de amedrentar a sus líderes a través de sentencias ejemplificadoras.

“Es evidente que este juicio ha sido encaminado a desarticular una organización mapuche y dentro de ella a sus principales líderes. Creemos que ha quedado en evidencia en el proceso que se trata de la implementación de un derecho penal de autor donde se intenta estigmatizar a parte del pueblo mapuche como enemigo del Estado”, aseguró Pablo Ortega, abogado de Héctor Llaitul, por quien se piden más de cien años de cárcel al ser sindicado como líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

De todas formas, el abogado indicó que la defensa confía “en que los tribunales no se dejen llevar por ese delirio antimapuche que, al parecer, embarga a algunos representantes de los poderes del Estado”. En este sentido, cabe destacar que a principios de la semana pasada se produjo la detención de los hijos de Héctor Llaitul, dos menores de 14 y 16 años, los que quedaron a disposición de la justicia por rayar murallas con consignas relativas a la causa.

Este juicio que ha pasado por distintas etapas y, al final del proceso, el abogado representante del Gobierno pidió la recalificación de los delitos de terroristas a comunes, conforme a los compromisos adoptados al finalizar la huelga de hambre el pasado mes de septiembre. Sin embargo, el abogado defensor Alberto Espinoza calificó la medida del Gobierno como “insuficiente” y “tardía” porque “de todas maneras se ha acogido la aplicación de la Ley Antiterrorista durante todo el juicio”.

“El Ministerio del Interior avaló la presentación de testigos secretos, de informantes y de todas las disposiciones procesales de la Ley Antiterrorista de modo que aunque el Ejecutivo diga que no se califique un hecho como terrorista, esta legislación ya fue aplicada y eso fue un error y de ese juicio nada bueno puede salir”, sentenció Espinoza.

Por su parte, Jorge Huenchullán, ex vocero de los presos políticos de Angol y werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, se refirió a la atención que ha suscitado el proceso en las distintas comunidades y advirtió que el pueblo mapuche podría retomar las movilizaciones de contar con una sentencia negativa en Cañete. “No se puede condenar a los mapuche bajo esta ley, bajo un montaje judicial preparado y pagado por el Ministerio Público. Consideramos que una resolución negativa va a activar muchas reacciones del pueblo mapuche y tomaremos medidas en caso de un eventual fallo condenatorio en Cañete”, afirmó Huenchullán.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

El resultado de este juicio es esperado con mucha expectación en Chile y el mundo, ya que ha contado con la presencia de una gran cantidad de observadores internacionales que están muy atentos al estado de los pueblos indígenas en nuestro país. En días recientes, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y el Observatorio Ciudadano llamaron a los tribunales de justicia a no aplicar la Ley Antiterrorista (LAT) y manifiestan la necesidad de revisar nuevamente este instrumento legal por ser contrario a los estándares internacionales.

En su primer informe anual del pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó claramente que “la naturaleza de la Ley Antiterrorista y las graves consecuencias de su aplicación sobre las garantías individuales y procesales imponen que la invocación a una normativa de esta naturaleza, en el marco de un estado de derecho, sea excepcional […]. En ningún caso debe ser invocada para delitos comunes o la represión de actos o hechos de demanda o protesta social”, señaló la FIDH.

“El desarrollo del juicio en Cañete ha dejado en evidencia que la Ley Antiterrorista sigue siendo un punto crítico que limita las garantías judiciales de los Mapuche y que otorga márgenes discrecionales de acción a la Fiscalía para perseguirlos”, recordó José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano. “Un hecho recurrente en este juicio son las denuncias sobre la debilidad de las pruebas y la utilización de testigos protegidos, que han dejado serias dudas sobre la veracidad de sus testimonios”, dijo José Araya de Codepu.

Justamente esta debilidad de pruebas y la escasa seriedad de los testigos sin rostro llevó a los tribunales militares a absolver a cinco de estos comuneros, que estaban acusados de atentar en contra de funcionarios y vehículos policiales, por los mismos hechos del 16 de octubre de 2008. “Las situaciones conocidas en torno a este juicio, así como la dinámica generada por los medios de comunicación sobre hechos que involucran a los mapuches, tienen como efecto la vulneración de las garantías procesales y el incumplimiento de la normativa internacional”, insistió Souhayr Belhassen, la presidenta de la FIDH.

Como ha expresado el Relator Especial sobre pueblos indígenas, esto “no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la protesta”, agregó. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro llamaron finalmente a los tribunales de justicia a no aplicar la Ley Antiterrorista e insisten en la necesidad de revisar este instrumento, dado las limitadas reformas adoptadas en 2010.

Por Paula Correa

Periodico Azkintuwe