Hace pocas semanas un grupo de transportistas de 300 personas del municipio Mazapil en Zacatecas, alzaron sus voces en contra de Goldcorp una de las cinco compañías productoras de oro a nivel global.
Los trabajadores reclamaban que “la empresa no cumplió con su palabra en darles empleo en la mina”. Porque le dieron el trabajo a EPSA, empresa española.
En el año 2009 se firmó un convenio por directivos de Goldcorp y los ejidatarios, allí la empresa se comprometió en dar “trato preferencial” a todos los trabajadores de la región para el traslado de los materiales.
Por tanto, transportistas solicitan la intervención del gobierno Zacatecas y el Congreso local para que resuelvan los conflictos.
«Lo único que queremos es el trabajo que se nos prometió. Ellos se han encargado de hacer creer que estamos aquí ilegalmente, cuando estamos luchando por el sustento de nuestras familias», comentó Ascensión Carrillo, uno de los líderes de la Unión de Transportistas y Trabajadores del Municipio de Mazapil.
“Todos los comuneros les cedieron la tierras por un precio mínimo durante un periodo de 30 años para la explotación minera a cambio de que la empresa les diera trabajo y ellos violaron el convenio”, declaró Carrillo. A lo que agregó, “campesinos firmaron con Goldcorp, donde arrendaron sus tierras, por un precio de 50 centavos el metro cuadrado, es decir, 5.000 pesos por hectárea lo que equivale a 260 dólares; es una cantidad ridícula, pagaron lo que valía un chicle por metro cuadrado”.
Mientras que, Michael Harvey, director de asuntos corporativos de la mina enfatizó que “los ejidatarios pretendían monopolizar el transporte de carga que se realiza en la mina”. Por esta razón la empresa dio por concluido el acuerdo.
«Zacatecas tiene un gran potencial de desarrollo minero y es reconocido a nivel internacional por su apoyo a comunidades y trabajadores, un ejemplo de esto es Peñasquito», dijo Harvey.
El caso, es un claro ejemplo de los conflictos sociales que ocurren donde se asienta la mega minería a cielo abierto.
Trabajadores mineros de #Sombrerete #Zacatecas, decidieron la reapertura de la mina #SanMartín después de 10 años de #huelga. pic.twitter.com/PU5J1HrHYh
— Grupo México (@GMexico_oficial) March 5, 2018
Más de una década en huelga tras accidentes fatales
Los problemas entre los mineros y las empresas administrativas de este comercio, no terminan allí, porque en el municipio Sombrerete en Zacatecas las diferencias llevan 11 años con accidentes fatales.
José Núñez Velázquez, secretario general sección 201 del Sindicato Minero en San Martín, relató que “El estallido de la huelga tuvo que ver con que ya se venía dando una situación muy ríspida con la empresa y ya no hubo otra manera de protestar, más que irnos a huelga. Antes de esto se venían dando muchos accidentes fatales en la unidad”.
«Nosotros nos sentimos afortunados de estar aquí, porque desde 1980, que uno entró a trabajar aquí en la mina, ocurrieron 32 accidentes fatales, sin contar con los que quedaron con alguna discapacidad», agregó Núñez. A lo que afirmó, «todo esto provocó que se rompiera la relación con la empresa».
Uno de los casos más impactante que conmocionó a la nación mexicana fue el derrumbe ocurrido en el año 2.006, en la mina Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 obreros, allí se evidenció las precarias condiciones de trabajo en que las que operan los hombres.
«Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas, sino porque el sistema de ventilación era insuficiente y solo necesitaba una chispa de los equipos eléctricos utilizados en la mina. No hubo accidente, fue un siniestro del que tarde o temprano Grupo México, el Sindicato Minero y el Estado tendrán que asumir su responsabilidad», así lo señaló en un informe familiares de las víctimas.
Este fue el detonante ante el enfrentamiento entre Germán Larrea, dueño de Grupo México, que es la mayor empresa minera del país y Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero más grande de México, quien durante años fue perseguido político y en septiembre próximo se convertirá en senador de la República, por formar parte del partido fundador de Andrés Manuel López Obrador, quien logró imponerse en las pasadas elecciones presidenciales.
Desde entonces trabajadores mineros de otros estados como Guerrero, Sonora y Zacatecas estallaron en huelga, luego de que Urrutia acusó a Grupo México de homicidio industrial debido a la negligencia con la que operaba la empresa.
Ante esta situación explosiva el gobierno mexicano del entonces presidente Vicente Fox, se encargó de proteger a los dueños de Grupo de México, emprendiendo una persecución política en contra de los líderes del sindicato minero.
«Ha sido pesado vivir esta huelga, pero no culpamos a nadie más que a la empresa, porque nos tenía trabajando en una situación muy difícil en cuestión de la seguridad. Nuestros sueldos son muy bajos y la seguridad del trabajador estaba muy pésima», señaló Juan Carlos Martínez, quien fue mecánico de mantenimiento en la mina.
Íbamos a cambiar guantes y nunca había equipo de protección personal. Las botas nunca tenían y las traíamos rotas. Incluso a veces para las mismas refacciones de las bombas nos mandaban a buscar al basurero», añadió.
Martínez cuenta que desde que inició la huelga en el 2.007, se convirtió en repartidor de tortillas para poder mantener a su familia. Agregando que “yo ganaba casi 900 pesos casi 48 dólares a la semana cuando trabajaba en la mina”.
A pesar de todo, mantienen las esperanzas puestas desde el triunfo de López Obrador junto con su aliado Urrutia al Senado y un Congreso controlado por Morena. “Ellos podrían darle un giro positivo a al caso San Martín y otros conflictos sindicales que existen en el país”.