España aprueba la Ley Mordaza, el mayor atentado contra la libertad de expresión de sus ciudadanos

La hipocresía de algunos políticos puede alcanzar límites insospechados. Los mismos gobernantes que hace unas semanas manifestaban en Francia su apoyo incondicional a la libertad de expresión como pilar básico de las democracias, hoy han permitido en España que se apruebe la Ley Mordaza, una norma legislativa que atenta directamente contra libertades básicas de los ciudadanos españoles.

Gracias a la nociva mayoría absoluta de la que disfruta el derechista Partido Popular (PP) en España, la restrictiva nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha sido aprobada por el Congreso y por el Senado a pesar del rechazo unánime de toda la oposición, ¡Viva la democracia! La norma que entrará en vigor a partir de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado -BOE-, supone una alarmante y tiránica pérdida de libertad y de derechos para el pueblo español.

Los ciudadanos españoles se han manifestado decenas de veces por las calles de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de otras muchas ciudades con la esperanza de que el gobierno entrara en razón y entendiera que la Ley de Seguridad Ciudadana no tenía cabida en una sociedad democrática y en un estado de derecho como se jacta de ser España. Pero de nada ha servido la protesta social. El Partido Popular de manera abusiva ha obviado la opinión de su pueblo y del resto de partidos políticos representados en las cámaras legislativa para imponer su Ley Mordaza con la que pretende silenciar a un pueblo descontento y cada día más indignado.

Resulta difícil de creer, pero a partir de la que Ley de Seguridad Ciudadana sea publicada en el BOE, participar en reuniones o manifestaciones no comunicadas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad, será considerado falta muy grave, lo que conllevará sanciones de hasta 600 mil euros, una cantidad irrisoriamente desorbitada.

La lucha por defender la sanidad y la educación pública en España está en pleno auge, y continuamente sus ciudadanos salen a la calle para evitar que el poder siga privatizando y convirtiendo en negocio los servicios básicos que la Constitución Española garantiza para todos los ciudadanos. A partir de ahora, las protestas frente a hospitales o en campus universitarios estarán permitidas única y exclusivamente si son comunicadas -y aprobadas- con antelación; de no ser así los asistentes se enfrentarán a desorbitadas multas.

Pero las restricciones de la Ley Mordaza van más allá. Tampoco estará permitido dentro de unos días -bajo penas de 600 mil euros- las reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, del Senado o de otras instituciones oficiales, para que así los políticos continúen viviendo en su mundo paralelo sin ver, ni oír, ni adquirir conciencia sobre el malestar y la injusticia social que viven y sufren sus ciudadanos  -ojos que no ven…-.

Las protestas y manifestaciones en España a partir de movimientos sociales como el 15-M, Democracia Real Ya, Plataforma Afectados por la Hipoteca, o Marchas de la Dignidad, han convocado numerosas concentraciones en las que a menudo se producen encuentros poco amigables con las fuerzas de seguridad. Pues bien, la Ley Mordaza también prevé solucionar este asunto concediendo mayor valor probatorio a las denuncias formuladas por los agentes, así como multando con hasta 30 mil euros al manifestante que tenga la osadía de tomar una foto de un agente o que se atreva a grabar en vídeo un abuso policial.

Pero la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana no se conforma con prohibir manifestarse frente al congreso o fotografiar policías, los ciudadanos españoles tendrán prohibido también bajo importantes multas «la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales«, «la celebración de reuniones en lugares de tránsito público», e incluso insultar o faltar al respeto a un agente de seguridad, independientemente de lo que él esté haciendo, pues la misma Ley Mordaza ya se ha encargado de concederle mayor valor probatorio.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente para oponerse radicalmente a la déspota Ley de Seguridad Ciudadana, la nueva legislación también permite las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales en las vallas que separan España de Marruecos en los territorios de Ceuta y Melilla. «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España«.

Los españoles nos sentimos traicionados, violados y agredidos por un gobierno que, en lugar de escuchar el descontento de su pueblo para intentar buscar una solución, prefiere imponer leyes restrictivas que enmudezcan y amordacen a los ciudadanos. Así es como funciona el Gobierno de España, un país democrático de puertas para fuera pero que dentro, en sus entrañas, usa el miedo y la amenaza para controlar y silenciar la indignación de su pueblo.