A partir de esta semana, por primera vez, será juzgada en España la presunta trama organizada en la Policía española durante el último gobierno del Partido Popular (PP) (2011-2015) para atacar a los partidos de la oposición y a quienes podían tener pruebas de presuntos casos de corrupción que involucraban a esta formación política.
En el banquillo de los acusados se sientan desde este martes Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía entre los años 2012 y 2016 y a quien se considera artífice de la denominada como ‘brigada política’, y Bonifacio Díez Sevillano, inspector que fue jefe de gabinete de Pino.
Se les acusa de fabricar pruebas contra Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de Jordi Pujol, quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años (1980-2003), en un caso en el que se trataba de dilucidar si existía un origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol. Se enfrentan a peticiones de prisión de entre dos y diez años de cárcel por los presuntos delitos de estafa, falso testimonio y revelación de secretos.
Fue el propio juez que instruía esa causa quien dudó de la procedencia legítima de los documentos que aparecieron en un pendrive a los que se hacía referencia en el informe policial, por lo que decidió abrir una pieza separada para investigar su origen para que no pudiera contaminar el proceso judicial.
¿Qué es la denominada ‘Policía patriótica’?
A la supuesta trama policial organizada durante el segundo gobierno de Mariano Rajoy en el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, se le ha conocido como ‘policía patriótica’. El término hace referencia a un grupo de agentes de la cúpula de la Policía Nacional que habrían actuado de forma ilegal contra partidos políticos de la oposición e, incluso, contra quienes podían tener pruebas de corrupción en el Partido Popular.
El más conocido de esos agentes es el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión (desde 2017) acusado de organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Villarejo se encuentra involucrado en más de dos docenas de causas judiciales que implican a políticos, miembros de la Casa Real española, empresarios y conocidos comunicadores, entre otras personalidades. Su mayor importancia estriba en su afición a grabar conversaciones privadas que durante los últimos años ha ido filtrando de manera oportuna a la prensa.
El auge de esta ‘brigada policial’ se remonta a 2015. Tras las masivas protestas del 15M, ese año se produce la eclosión de Podemos, el partido surgido de las movilizaciones ciudadanas, que ya en 2014 había obtenido cinco escaños en las elecciones europeas. En ese escenario, este grupo de agentes se movilizó para llevar a cabo una ofensiva judicial y mediática contra esa formación utilizando métodos ilegales como la elaboración de informes falsos.
Invención de pruebas, seguimientos a rivales políticos y hasta un secuestro
Hasta dónde llegó esa ‘Policía patriótica’ es difícil de discernir, puesto que se encuentra involucrada en algunos de los episodios más rocambolescos sucedidos en el ámbito político español en los últimos años.
- Pieza kitchen
La Audiencia Nacional investiga si la brigada policial dirigida por Pino hizo seguimientos ilegales a quien fuera tesorero y gerente del Partido Popular durante dos décadas (desde 1990) y senador durante seis años, Luis Bárcenas. La hipótesis manejada es que intentaban recuperar documentación en poder de Bárcenas que comprometía a altos cargos del partido presidido por Mariano Rajoy.
Este caso, donde Pino y Villarejo también están siendo investigados, tiene origen en el año 2013. Presuntamente el Ministerio del Interior lleva a cabo una operación para sustraer documentos a Bárcenas mientras éste se encuentra ya en prisión. Así, se habrían hurtado la agenda personal del extesorero, donde constaba la contabilidad B del Partido Popular, y notas sobre la financiación irregular de campañas electorales de esta formación. Para conseguirlo se habrían pagado casi 50.000 euros a cargo de los fondos reservados del Estado al chófer personal de Bárcenas.
- El secuestro de la familia de Bárcenas
Uno de los episodios más inverosímiles ocurrió cuando un falso sacerdote entró en la vivienda familiar de Luis Bárcenas y mantuvo retenidos a punta de pistola a su mujer, su hijo y la empleada del hogar. Supuestamente, el Ministerio del Interior acordó abonar a ese individuo, actualmente en prisión tras ser declarado culpable del delito de secuestro, 50.000 euros de los fondos reservados a cambio de asaltar el domicilio y hacerse con tres pendrives con información sensible del Partido Popular, que, según había informado el chófer de Bárcenas, éste guardaba en su residencia.
El secuestro tan solo duró unas horas, durante las cuales el falso cura maniató y amenazó a sus tres rehenes, hasta que el hijo de Bárcenas logró escapar en un descuido y reducir a su captor.
- Operación Cataluña
Se conoce como ‘Operación Cataluña’ a una presunta operación policial encubierta impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la finalidad de frenar el proceso de independencia catalán. Así, se habría buscado información comprometedora de líderes políticos vinculados al proceso soberanista por orden de la Dirección de la Policía Nacional.
Esta operación dio lugar a una comisión de investigación en el Parlamento catalán que concluyó que hubo «una conspiración para intentar frenar la disidencia política en Cataluña, y particularmente el movimiento independentista», «al menos, durante los años en que Jorge Fernández Díaz (2011-2016) ha sido ministro del Interior español», con el objetivo de «reducir el apoyo social del independentismo en tanto que opción política mediante la desacreditación» de sus líderes.
- Guerra sucia contra Podemos
Durante esa última legislatura de Mariano Rajoy, esa ‘brigada policial’ se habría dedicado a investigar la financiación del partido político Podemos y filtrar a la prensa toda aquella información que pudiera perjudicar a la formación morada.
Más adelante se conocería, por una filtración a los medios, una conversación que tuvo lugar en esa época y que ha sido esgrimida como supuesta prueba de que un gobierno había utilizado las herramientas del Estado contra un adversario político con fines partidistas. En abril de 2016, en el Consulado de España en Nueva York, agentes de la Policía española ofrecían un salvoconducto a la familia del exministro chavista Rafael Isea a cambio de información para dañar al partido liderado por Pablo Iglesias.
El viaje de esos policías fue costeado con dinero público. Isea sostiene que se le aseguró que actuaban en nombre del Ministerio de Interior y del presidente del Gobierno de España y que su testimonio iba a ser llevado ante un juez, aunque ya se ha revelado que la operación no contaba con el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. A cambio de la seguridad de su familia, los agentes españoles le instaron a autentificar un documento sobre ingresos de líderes de Podemos sobre el que el exdirigente chavista tenía serias dudas.
- El robo de un teléfono y la filtración de su contenido
Seis meses antes, justo antes de las elecciones generales de 2015, fue robado el móvil de una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Extractos del contenido de ese teléfono aparecieron en un medio de comunicación, y en seguida replicados en otras cabeceras, en vísperas de la repetición de las elecciones generales que tuvieron lugar en 2016. Así se hicieron públicas conversaciones privadas de Pablo Iglesias que socavaron su imagen pública.
Los pasajes que suscitaron más polémica fueron unos mensajes intercambiados con Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, en los que Iglesias sostenía en referencia a la presentadora de televisión Mariló Montero: «La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en un psicópata…».
Además de estas conversaciones el terminal de Bousselham contenía también documentos de la formación política, estrategias y argumentarios.
En 2018 apareció una copia de la tarjeta de ese teléfono durante un registro en el domicilio del comisario Villarejo. Actualmente un tribunal investiga si el robo de ese celular fue un encargo de la ‘policía patriótica’ a las órdenes del Ministerio del Interior de Fernández Díaz.
Cortesía de Nuria López RT
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