España: Titiriteros son mantenidos en prisión por obra satírica

Tarde de viernes de Carnaval en el barrio madrileño de Tetuán. A las 17:00 horas empieza el espectáculo infantil ‘La Bruja y don Cristóbal’, de la compañía Títeres desde Abajo, programado por la municipalidad de Madrid en el marco de los actos de las fiestas carnavaleras del barrio. Se abre el telón y, junto a él, la pesadilla para los dos titiriteros encargados de llevar a cabo el espectáculo.

La obra, que se estrenó en Granada el pasado 29 de enero y se repitió el 31 del mismo mes sin ningún problema, escandalizó a los adultos que acompañaban al público infantil. Fue así hasta el punto que, en un momento en el que los títeres desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Gora Alka-ETA” (Viva Al-Qaida – ETA), una llamada advirtió a la policía. Tras la advertencia, la representación fue interrumpida y la policía detuvo a los dos artistas por enaltecimiento del terrorismo.

Tras prestar declaración, el juez de la Audiencia Nacional ordenó prisión provisional sin fianza para los dos titiriteros. En su interlocutoria, el magistrado explica que los detenidos escenificaron acciones violentas, como la violación de una monja o el asesinato de un policía. En su opinión, violaron el artículo 510 del Código Penal español, que sanciona a quien justifique, a través de cualquier medio de expresión, los delitos contra un determinado colectivo, como el religioso, además de acusarles de enaltecimiento del terrorismo por mostrar una pancarta con el lema «Gora-Alka ETA» en un espacio público y en horario infantil.

‘La Bruja y don Cristóbal’

El sindicato CNT de Granada, donde milita uno de los dos detenidos, emitió un comunicado para aclarar el contenido e intención de la obra, que fue duramente criticada por la prensa y la opinión pública. En él explicaron que la obra “procura representar, bajo las figuras recurrentes de cuentos y teatros, la ‘caza de brujas’ que el movimiento libertario ha sufrido en los últimos años, con los montajes policiales estilo Operación Pandora”, en la que fueron detenidas varias personas del movimiento anarquista acusadas de “delitos de organización criminal con finalidad terrorista”.

‘La Bruja y don Cristóbal‘ está protagonizada por una bruja, que representa a las personas de mala fama pública que se ven en la situación de enfrentarse a los cuatro poderes que rige la sociedad: la Propiedad, la Religión, la Fuerza del Estado y la Ley.

En la primera escena, un propietario aprovecha la situación económica de la bruja para violarla y embarazarla. Durante una discusión, la bruja mata al propietario. En la segunda, una monja intenta llevarse el niño, pero la bruja la apuñala para evitarlo. La tercera escena muestra la paliza de un policía que deja inconsciente a la bruja y, a través de un montaje policial, termina acusándola frente a la ley y exhibiendo la pancarta “Gora Alka-ETA”. Finalmente, en la cuarta escena, la bruja se enfrenta al juez, quien la condena a morir ahorcada. Sin embargo, la bruja se las arregla para engañarlo, momento que ella aprovecha para ahogarle y así salvar su propia vida.

El texto del sindicato denuncia que el encarcelamiento es “una medida represiva que resulta extremadamente paradójica: es precisamente lo que denuncia la obra” y critica “cómo las leyes contra el terrorismo pueden servir con tanta eficacia a prejuicios políticos bien definidos e imponer situaciones de indefensión a los acusados”. Además, insiste en que «Títeres desde Abajo nunca ha mencionado que su última obra es para niños», y que «es absolutamente inexistente el enaltecimiento al terrorismo, el motivo por el que han sido detenidos y puestos en absoluta incomunicación”.

Responsabilidades y acusaciones políticas

Desde la CNT criticaron la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que denunció a los titiriteros y destituyó a los responsables de la programación del Carnaval, al considerar que los contenidos eran “inapropiados”. Atribuyen el actuar de la municipalidad a la “reacción netamente política que se debe, indudablemente, a su necesidad de responder públicamente a las acusaciones de complicidad con los detenidos, que se realiza desde los sectores reaccionarios de la derecha española y buena parte de la prensa, que busca desesperadamente cualquier ataque político, sin importar la libertad de la gente”.

Por su parte, la concejala de Cultura de Madrid, Celia Mayer, anunció que estudiará la retirada de la denuncia que, dice,  “fue interpuesta exclusivamente con la intención de esclarecer lo sucedido durante el espectáculo y nunca por nada que tuviera que ver específicamente con un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo». Junto con eso, el partido Ahora Podemos, de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, emitió un comunicado en el que mostró su “preocupación” por considerar una sátira como enaltecimiento del terrorismo y aseguró que se hizo “uso partidista” de la polémica para desviar la atención de los casos de corrupción del Partido Popular (PP), que presentó una denuncia contra la concejala de Cultura.

Precisamente el escándalo que la obra provocó en Madrid –y no en Granada, donde gobiernan los conservadores– pone de manifiesto la voluntad de aprovechar cualquier circunstancia para linchar y cargar contra los nuevos partidos de la izquierda emergente.

La clave del debate

El encarcelamiento de los titiriteros afloró, de nuevo, el debate sobre los límites de la libertad de expresión y se planteó en términos tan obvios y evidentes como la desproporción de una medida como el encarcelamiento por representar una obra satírica y que a parte del público le podía parecer “de mal gusto”.

Sin embargo, el debate traspasa esta visión tan simplista. Más allá de la certeza de que la obra no se dirigía al público infantil –tal y como informa la compañía teatral en su página web–, el caso que dejó entre rejas a los dos artistas es otra flagrante criminalización de todo aquel que no opina o piensa como el “establishment” quiere. Otro caso de manipulación aprovechado por la derecha, que le sacó el jugo a la hipersensibilidad de la sociedad española hacia las víctimas de ETA, para criminalizar determinados sectores sociales, muy en especial aquellos vinculados a los movimientos libertarios y anarquistas. Y, lo que es peor, buena parte de la izquierda española le hizo el juego a sus adversarios por considerar que la polémica pasaba por plantear límites de la libertad de expresión y el respeto a las víctimas del terrorismo en vez de tratar el caso como una cuestión de persecución judicial y política hacia colectivos que defienden un determinado tipo de ideología.

Meritxell Freixas