Estado antimapuche en el año del bicentenario

Una huelga de hambre que iniciaron 21 “presos políticos” mapuche desde el 12 de julio ha puesto en la palestra -una vez más- los graves atropellos a los derechos humanos en contra de este pueblo originario por parte de diversas instituciones del Estado chileno. Con el correr de las semanas, ya son 31 los mapuche prisioneros que han adherido a la protesta. Son diversas las pruebas de que esta es una realidad en la institucionalidad chilena que ha atentado contra sus derechos desde que Chile es República.

Según sostiene el ayunante de la actual huelga de hambre, Marcos Millanao Marimán, en carta dirigida al Juez de Garantía de Cañete, John Landeros, con esta protesta buscan que se les deje de aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche; la no aplicación de la justicia militar en causas civiles, así como el fin de la militarización de las comunidades en el Wallmapu (territorio mapuche).

En solidaridad con los huelguistas, un grupo de organizaciones mapuche, representadas por Víctor Ancalaf y Antonio Cadín, acusó -el lunes 19 de julio- al Estado de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, con sede en Ginebra. “Hemos denunciado los atropellos que ha habido con comuneros mapuche, los presos políticos mapuche, la violencia policial en contra de las comunidades y los niños mapuche”, indicó Cadín a radio Bío Bío. Según él, “los presos políticos mapuche se mantendrán sin consumir alimentos hasta que sus demandas sean aceptadas”.

Ya a fines de 2007, una huelga de hambre realizada por cinco mapuche juzgados por la Ley Antiterrorista, que en el caso de Patricia Troncoso se prolongó por 110 días, generó una ola de repudio internacional contra el Estado de Chile que posibilitó la liberación parcial de los ayunantes, aunque no generó cambios en el sistema de aplicación de justicia.

La actual huelga de hambre ha desencadenado un proceso similar. El mismo lunes 19, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa que “la ley antiterrorista contempla tipos penales muy abiertos que se aplican a hechos muy diversos, y que si bien pueden ser constitutivos de delito, pueden ser juzgados por la legislación ordinaria. Por ello, los presos en huelga de hambre, se autodenominan presos políticos. Y tienen fundamento para hacerlo, porque la opción del Estado de aplicar la ley antiterrorista es una opción política”.

El Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en su Informe de recomendaciones a Chile, del 15 de septiembre pasado, sostuvo: “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Un planteamiento similar había sido hecho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2009).

Mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista se puede mantener en prisión preventiva a los acusados por hasta dos años. Además, supone la existencia de un sumario secreto, sin acceso a la investigación para los abogados defensores y permite “testigos sin rostro”. Lo más grave: triplica automáticamente el monto de las penas. Todos estos son elementos que contravienen las legislaciones internacionales y pactos que el Estado de Chile ha adherido y no respeta con su legislación interna.

Desde el retorno a la democracia, en 1990, esta normativa –que fue creada en 1984 por el dictador Augusto Pinochet– ha sido utilizada casi exclusivamente contra los mapuche, a pesar de que como resultado de sus acciones de protesta no ha muerto nadie.

ABUSOS POLICIALES, JUDICIALES E INSTITUCIONALES

El 23 de junio pasado, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) entregó en La Moneda el Informe de derechos humanos 2010, que contiene un detallado relato de casos de represión y atropellos a mapuche. Allí se asegura que -al 6 de junio de este año- había 96 presos políticos y/o procesados por la Justicia, 57 de ellos en virtud de la Ley Antiterrorista.

En el Informe del CECT se afirma que fiscales del Ministerio Público ofrecen rebajas de penas y dinero con el fin de que ciertos mapuches culpen a otros. Previo a estos ofrecimientos, “los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la Policía”.

Es el caso de Sergio Reyes, quien fue acusado de ser autor de dos asaltos a mano armada ocurridos entre 2004 y 2005. Éste denunció, en enero pasado –por medio de una carta enviada a Radio Bío Bío– que el Fiscal Servando Pérez le ofreció beneficios procesales a cambio de que inculpara a los otros imputados: Elena Varela y Kenny Sánchez. Reyes se negó. Finalmente, en el juicio oral registrado en Villarrica (abril de este año), los tres fueron absueltos por falta de méritos. Sin embargo, por haber sido procesados por la Ley Antiterrorista, permanecieron casi dos años privados de libertad.

Cuando Varela fue detenida, realizaba el documental Newen Mapu, que trataba sobre el conflicto entre los mapuche y el Estado. Los archivos audiovisuales le fueron requisados y gran parte de ellos aún no se le han devuelto. Reyes Matus vivió su reclusión en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago. Durante 18 meses permaneció con un régimen de 22 horas de encierro diarios y en soledad.

También los niños mapuche han sido víctimas principales de la violencia policial. Según se consigna en el mismo informe de la CECT, hay 21 casos de detenciones de menores de edad y cientos de otros casos de golpizas, humillaciones y atropellos.

El 5 de octubre de 2009, el menor de iniciales F. P. M., de 14 años de edad, de la comunidad Rofue, cercana a Temuco, “recolectaba hierbas junto a la Machi (sabia curandera) de su comunidad. En ese momento, se encuentran con un grupo de Carabineros, que perseguía a comuneros que vinculaban a la toma del Fundo Santa Lucía. Al menor, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le disparan balines en su pierna, codo y espalda. Al intentar huir, el niño es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por cerca de tres kilómetros. Una vez reducido (…) lo obligaron a subir al helicóptero y lo golpean con las manos amarradas. Ya en vuelo, con las puertas abiertas, mientras F.P.M. permanecía con la cabeza hacia el exterior, lo amenazan con lanzarlo al vacío si no daba nombres de quienes participaban en la ocupación del predio Santa Lucía (Maquehue)”.

Por este caso, el 22 de octubre de 2009 se presentó una querella criminal contra Carabineros. El Tribunal de Garantía se declaró incompetente y lo pasó a la Justicia Militar, la que ha tramitado en la última década cinco procesos por asesinatos a mapuche realizados por policías y en ninguno de ellos ha habido castigo efectivo para los responsables.

A pesar del clima de represión, la movilización mapuche continúa. En julio (al cierre de esta edición) comunidades adscritas a la Alianza Territorial Mapuche, han ocupado parcialmente, en la comuna de Cunco –cercana a Temuco-, tres fundos cuya extensión alcanza en su conjunto las tres mil hectáreas, también en Ercilla y el Alto Bío Bío. Los comuneros piden dialogar con el gobierno de Sebastián Piñera sobre sus demandas territoriales.

EL MEGAJUICIO IRREGULAR

Junto a la huelga de hambre, otra coyuntura está poniendo de relieve el “conflicto mapuche”. Se trata del megajuicio contra los comuneros de Lleu Lleu, provincia de Arauco, a quienes se acusa de atentar -el 15 de octubre de 2008- contra la vida del fiscal especial para causas mapuche, Mario Elgueta. El hecho ocurrió en el sector de Choque, cerca del lago Lleu LLeu (región del Bío Bío), una de las zonas más convulsionadas por el conflicto. Dicha acción finalizó con cinco policías y el propio fiscal con lesiones leves, fruto de heridas con perdigones.

El fiscal que investiga este atentado, Andrés Cruz, agrupó junto a este caso otros supuestos delitos ocurridos en el último lustro: “Robos con intimidación, incendios terroristas, asociaciones ilícitas terroristas y robo de madera a empresas forestales”. Ha imputado a 19 comuneros y citado como testigos a 234 personas, entre ellos 36 testigos sin rostro (sin identificación conocida) y a más de un centenar de policías. La audiencia de formalización del juicio oral –que ha generado gran expectativa- está fijada para el 9 de agosto.

El abogado Nelson Miranda, defensor de 5 de los imputados, cuestiona que los acusados están siendo doblemente juzgados: “La Justicia Militar, luego de hacer una reconstitución de escena –en noviembre pasado- sobreseyó a seis comuneros por falta de méritos. Sin embargo, por los mismos hechos y con las mismas pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación por delito terrorista y atentado al fiscal contra estos mismos mapuche y solicita 50 años de cárcel”.

En este juicio también ha habido presiones indebidas. Según informó el 12 de enero el periódico electrónico País Mapuche, el fiscal Cruz envió un asistente a la Cárcel de Lebu -150 kilómetros al sur de Concepción- para tentar a Eduardo Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 por esta causa. Le ofreció “excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que inculpe a dos de los comuneros detenidos junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Se trata -del antes citado ayunante- Mauricio Millanao y de Juan Millanao Painemil.

Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña, que desde hace décadas lucha por la recuperación de tierras que en este momento están en manos de forestales. Eduardo Painemil rechazó la oferta. Sin embargo, el fiscal los acusó de otros delitos con el fin de mantenerlos en prisión preventiva.

A pesar de la parcialidad con que ha actuado el Ministerio Público en contra de los comuneros mapuche, varios jueces y cortes han intentado poner límite al accionar de los fiscales. Prueba de ello es que la Corte Suprema acogió, el 4 de febrero pasado, un recurso de amparo presentado por el abogado Miranda en favor del dirigente mapuche de la Comunidad Juan Lincopán –próxima al lago Lleu Lleu- Daniel Lincopán, quien fue arrestado el 8 de diciembre pasado, en la Plaza de Cañete, por personas de civil que no se identificaron ni exhibieron orden de detención. Tras ser reducido –delante de su hija de 7 años- fue llevado a las oficinas del Ministerio Público en Talcahuano. Allí fue interrogado por el fiscal Cruz, quien había ordenado su arresto sin tener atribuciones para ello. Fue liberado ese mismo día.

Por medio de la Resolución Nº 4742, la Corte Suprema sostuvo que la instrucción dada por el fiscal de ubicar, citar y trasladar al amparado “(…) sin que mediara autorización dada por el Juez de Garantía competente, deviene en ilegal por haberse llevado a efecto con infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal”. Con base en esta resolución, Lincopán presentó una querella contra el persecutor Cruz –el 17 de mayo- que está en curso.

La Comunidad Juan Lincopán se tomó -el 10 de octubre de 2009- el fundo Ranquilhue, cuya propiedad legal es de forestal Mininco –del poderoso grupo Matte– pero que los mapuche reclaman como suyo aduciendo derechos ancestrales.

LA JUSTICIA LIGADA A LOS INTERESES PRIVADOS

El juicio por el atentado al Fiscal Mario Elgueta está siendo considerado uno de los más importantes que el Estado chileno ha impulsado en contra de comuneros mapuche. No sólo por la alta cantidad de imputados y testigos sino también por las altas penas solicitadas por el Ministerio Público, que en el caso del líder de la CAM, Héctor Llaitul, alcanzaría a los 103 años.

También porque se trata de un juicio que se da en medio de una fuerte resistencia a la instalación de megaproyectos mineros en las cercanías del lago Lleu Lleu, que es considerado sagrado por los mapuche y epicentro de su cultura. De hecho, el cuartel general del Toqui Lautaro –guerrero que lideró la resistencia en contra del invasor español, Pedro de Valdivia– se ubicó en este territorio.

La empresa Manto Rojo tiene concesión de explotación –publicada en el Boletín Minero de Santiago, edición 5864, del 20 de marzo de 2007- por un total de 600 hectáreas, en la ribera oriente del lago Lleu Lleu. Pretende extraer Vanadio, Rutilio y Escandio, mineral clave para el desarrollo de la industria aeroespacial. Según un informe del Centro de Estudios Universitarios, al empresario Leonardo Farkas Klein, presidente de Minera Santa Bárbara y Minera Santa Fe, se le han otorgado 70 mil hectáreas de concesiones para la explotación de hierro sobre la Cordillera de Nahuelbuta, al oriente del mismo lago.

Desde que en julio de 2005 se filtró la información que existían proyectos mineros en Lleu Lleu, se han registrado numerosas protestas mapuche, que han incluido tomas de caminos y expulsión, a veces violenta, de autoridades.

En la víspera de este juicio, han aparecido varios reportajes en la televisión y en medios de prensa en los que se asegura que la CAM y otras organizaciones mapuche tienen estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El 23 de junio, el programa Contacto, de Canal 13, transmitió el reportaje «Los detalles tras la lucha armada en el conflicto mapuche». Allí se afirmó que en “correos electrónicos encontrados en el computador de Raúl Reyes, abatido líder de la Farc, había pruebas que evidenciarían la relación entre esa organización y los indígenas”. Se expuso como prueba de este vínculo que al menos siete miembros de la CAM estuvieron en Colombia, entre 2004 y 2006. Estas argumentaciones han sido respaldadas por los fiscales antimapuche y por el fiscal regional de La Frontera, Francisco Ljubetic.

Patricia Matte, una de las ejecutivas del Canal -de la Pontificia Universidad Católica de Chile- es, junto a su familia, una de las propietarias de Forestal Mininco; empresa que posee más de un millón de hectáreas cultivadas de pinos y eucaliptus en el centro sur de Chile. Los 300 mil mapuche que viven en sectores rurales poseen, en conjunto, no más de 600 mil hectáreas.

Para abordar el “problema mapuche”, el presidente Piñera anunció -el 30 de junio- la implementación del Plan Araucanía. Ahí se compromete a crear un Fondo de Desarrollo Indígena para “reforzar proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; potenciar el apoyo para el desarrollo agrícola productivo y priorizar programas educacionales en todos los niveles, y de capacitación”.

Sin embargo, nada dice acerca de si va a poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuche y a la militarización de las comunidades. Ni de si va a implementar otras recomendaciones del Relator Especial James Anaya, como la restitución de tierras. Tampoco de cómo se va a aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Chile desde septiembre pasado, que contempla la necesaria consulta a las comunidades para la implementación de proyectos productivos.

Por Francisco Marín Castro

El Ciudadano N°85, primera quincena agosto 2010