Se invoca ley de Seguridad del Estado por ataque a cuartel de la PDI

Pasado las 9 de la mañana, el gobierno presentó esta querella que recurre a la Ley de Seguridad del Estado ante el Octavo Juzgado de Garantía. Luego de que en la tarde de ayer se registrara un ataque con artefactos explosivos en las dependencias de la Brigada de Homicidios de la PDI, en la comuna de Providencia, y donde 3 policías terminaron lesiones leves y dos vehículos fiscales fueron dañados.Esta medida de invocar la ley de Seguridad del Estado en vez de la ley Antiterrorista responde a que la aplicación de esta última implica recurrir a elementos subjetivos y que por lo tanto dificultan enjuiciar a los responsables.Así lo señaló Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior.

Luego de esto, Claudio Orrego, intendente de la Región Metropolitana se reunió con el fiscal metropolitano oriente, Alberto Ayala, quién señaló que no es importante entrar en un debate respecto de cuál legislación debe ocuparse. Ante eso, señaló: “No creo que debamos entrar en un debate de cuál legislación es más importante, si se invoca o no la Ley Antiterrorista” según publicó La Tercera. Ayala agregó que la Ley de Seguridad del Estado “establece ciertas conductas que podrían tener una pena mayor con respecto a los delitos, lo que nos interesa ahora es encontrar a quiénes fueron estos delincuentes».

Orrego por su parte también insistió en la importancia de dar con el paradero de los responsables para “detenerlos y juzgarlos”. Además de determinar si salieron de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, información que hasta el momento es materia de investigación. Por su parte, el rector de dicha casa de estudios, señaló que repudian los hechos ocurridos y no manejan información sobre quienes se refugiaron en las dependencias de la universidad.

La ley de Seguridad del Estado tipifica delitos que atentan a la soberanía nacional, seguridad exterior e interna del Estado y contra el orden público. Asimismo otorga facultades al ejecutivo para velar por el mantenimiento del orden público y la paz nacional. En este caso, se invoca el artículo 6to que apunta a la alteración del orden público y contempla una pena desde 541 días a 5 años de presidio. Además de la imposibilidad de ejercer cargos públicos. La querella contempla el delito de porte de aparato incendiario, delito de incendio y delito de lesiones a funcionarios policiales, cada uno de estos con penas distintas.

En tanto el ministro del interior y seguridad nacional, Rodrigo Peñailillo señaló que el cuartel se trasladara de la comuna de Providencia, según publicó radio BíoBío.