«Estamos enfrentando una ofensiva que busca asegurar impunidad»

Esta mañana una veintena de familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos protestaron por la serie de resoluciones de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que permitieron liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad y por la intención del senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, de presentar un proyecto de ley que otorgue beneficios carcelarios a todos aquellos criminales que sobrepasen los 80 años.

La acción de protesta es la misma que la realizada en 1979, cuando, en plena dictadura, familiares de Detenidos Desaparecidos se encadenaron  en el mismo sitio para denunciar las los crímenes del régimen de Pinochet. En palabras de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, «Acá hay encadenadas mujeres de 70 o 80 años que aun reclaman por verdad y justicia, y hoy están aquí porque nunca han sido escuchadas«.

«Yo creo que lo que estamos enfrentando como país es una ofensiva que busca asegurar impunidad a aquellos criminales que están cumpliendo condena en una cárcel especial. Es una acción que demuestra el compromiso de algunos ministros supremos para con la impunidad y con el terrorismo de Estado», recalca Pizarro al tiempo de ser consultada por las resoluciones de la Tercera Sala del Tribunal Supremo.

Manuel Guerrero, hijo del profesor comunista Manuel Guerrero  – degollado en 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) – expresa que «Aquí lo que resulta aberrante es que haya sectores de la derecha pinochetista que estén con esta iniciativa, pero es más aberrante aun que haya parlamentarios de la Nueva Mayoría que estén dispuestos a apoyar algo de este tipo».

Reglón seguido señala que «Se necesita que el gobierno envíe un proyecto de ley con carácter de urgente que se avance hacia Punta Peuco y ya no existan  cárceles especiales para los violadores de los derechos humanos y así como se exige mano dura para delitos gravísimos como son la pedofilia y otros tipos, no puede ser que el terrorismo de Estado sea tratado con guante blanco«.

En tanto para el diputado Daniel Núñez (PC) la intención del presidente de la UDI, el aoyo de parlamentarios oficilaistas, «es indignante y ahonda la crisis de la política que tengamos senadores, sean del color que sean, estén avalando la impunidad en delitos de lesa humanidad».

«Los pueblos que aceptan este tipo de situaciones pierden memoria y dignidad. Desde ese punto de vista no merecen ningún tipo de beneficio carcelario» destacó el parlamentario comunista.

Transición Viva

«Imposible que la transición termine si lo que nos piden es que no se respete el Estado de Derecho y que no se condene de forma ejemplar las violaciones de los Derechos Humanos. La transición terminará cuando nos podamos reconstruir como sociedad desde los cimientos» señala Guerrero respecto del proceso que ha llevado la casta política por dar vuelta la página de la transición y buscar dejar en el olvido estos casos de crímenes de lesa humanidad.

«Hemos tenido que venir a encadenarnos porque precisamente exigimos que haya una señal clara de todos los sectores democráticos y del gobierno para frenar esta acción que solo hace es perpetuar la impunidad», agrega Guerrero.

Al ser consultado por la «mano dura» que estos parlamentarios piden para el uso de capuchas en marchas o para delitos de carácter económico y busquen, finalmente, impunidad para este tipo de casos  se solicita, el diputado Núñez señala que «Lo que uno se pregunta que cuando hay delitos tan graves como los que comenten empresas como SQM o Penta, o se quiere actuar con fuerza contra gente que se manifesta, este caso que se busca dar impunidad a estos criminales».

Finalmente, Lorena Pizarro señaló que «Le pedimos reunión al ministro del Interior. El gobierno debe tomar cartas en el asunto, cerrando Punta Peuco y una ley que impida que estos criminales tengan beneficios carcelarios, todo esto acorde con el derecho internacional humanitario. No pedimos nada extraordinario».

La reunión con Mario Fernádez no se logró concretar, aunque durante el transcurso de la tarde se reuniéron  con la  ministra de Justicia, Javiera Blanco, para presentarle sus demandas en esta materia.