El funcionario porteño Darío Lopérfido había puesto en duda la cifra final de fallecidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina, asegurando: «No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada».
En esa dirección, sostuvo que Argentina “es un país con una historia violenta pero no menos violenta que en otros países del mundo». “La historia argentina dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron», cerró.
Ante la gravedad de dichas declaraciones, sobretodo viniendo por parte de un representante del estado, Estela de Carlotto, presidenta de la histórica organización Abuelas de Plaza de Mayo, salió a responderle: «Qué maldad empezar a manejar esta cifra. Si este señor considera que ese no es el número que nos dé la lista de lo que el piensa que son”, señaló en una entrevista radial.
“Nosotros manejamos esa cifra porque los propios depredadores lo llevaron a 45 mil. Hay montones de denuncias que no han quedado registradas porque hubo familias enteras que fueron diezmadas. Se registraron las denuncias como se pudo», agregó y aseveró que «todavía seguimos recibiendo denuncias de nietos nacidos en cautiverio”.
En este marco, queda más que clara que la relación entre el gobierno de Macri y las organizaciones de Derechos Humanos no es la mejor. Sumado al desplante que el propio presidente le hizo a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, negándose a reunirse por «falta de tiempo», la postura del nuevo gobierno argentino es preocupante.
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