Estruendoso fracaso de jueza y fiscal que criminalizaron al Pueblo Rapa Nui

El martes 12 de abril, Raúl Ochoa, fiscal titular de la “Causa Parlamento” (como fuere denominada en los archivos de la fiscalía) comunicó a la nueva Juez de Letras y Garantía de Isla de Pascua, su decisión en orden a no perseverar en la causa seguida en contra de Leviante Araki, Mario Tuki, Lolita Tuki y la familia Riroroko-Hey, con lo que fenecía la causa por la que se pretendió criminalizar la legítima reivindicación territorial del Pueblo Rapa Nui.

Esto quiere decir que a su juicio no logró reunir antecedentes que fueran suficientes para acusar a estas personas por los delitos que él mismo les imputó en audiencias de formalización que tuvieron lugar a partir del 30 de agosto pasado: asociación ilícita, estafa, exacción ilegal, amenazas, desórdenes públicos, falta de respeto a la autoridad, obstrucción a la justicia, desacato.

Cabe consignar que además de estas falsas imputaciones, el fiscal Ochoa solicitó medidas cautelares personales en contra de estas personas. Fue así que Matías Riroroko y su hija Elisabet Riroko pasaron aproximadamente dos semanas en prisión preventiva.

En efecto, Matías –de 73 años de edad- fue detenido el 26 de agosto en el aeropuerto de Santiago e ingresado a la Cárcel Santiago Uno. Allí permaneció, pese a su delicada condición de salud y respetable edad, en las muy precarias condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad en Chile Continental, el que es totalmente desconocido para una autoridad tradicional.

En ese lugar recibió burlas y descalificaciones por su condición de Rapanui, hasta que un día sábado lo despiertan a las 4:30 de la mañana para decirle que lo llevarían a Rapanui. Sin avisarle a su abogado, la medianoche de ese día -29 de agosto 2015- llegó a la Isla.

Para su sorpresa, no lo dejaron descansar ni un minuto, antes de llevarlo esposado donde la Jueza que había en ese entonces (María Cornejo) pese al largo viaje y a que era de madrugada. Ya en la audiencia, Matías Riroroko solicitó esperar que llegara su abogado. Pero la Jueza Cornejo no solo rechazó postergar la audiencia en espera del defensor del imputado, realizando la audiencia entre la una y las 4 de la madrugada sino que, ante la solicitud de prisión preventiva del mismo Fiscal Ochoa, accedió a esta, dejándolo encarcelado por aproximadamente dos semanas, junto a su hija Elisabet, según ellos, “por ser un peligro para la sociedad”.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras sendos recursos de la defensa, revocó en tres ocasiones las resoluciones de la Jueza Cornejo que accedía a las solicitudes del mismo Fiscal. En la primera ocasión la Corte revocó la prisión preventiva en contra de Matías y su hija Elisabet; luego revirtió el arresto domiciliario total de los mismos; y finalmente dejó sin medidas cautelares a Lolita Tuki y Valeria Hey, aduciendo en este caso que “no existían indicios sobre la existencia de algún delito”.

Los afectados por la “criminalización” llevada adelante por la Jueza Cornejo y el Fiscal Ochoa interpusieron un recurso de queja contra de aquella y un reclamo por formalización arbitraria en contra de éste.

Finalmente la Jueza Cornejo dejó sus funciones en la Isla –por razones no especificadas aún- mientras que la persecución de Ochoa terminó en un rotundo fracaso.

En entrevista con Prensa Rapa Nui el abogado Pablo Villar destacó lo que implicó esta causa judicial y la investigación del Ministerio Público para estas personas, sus familias y su comunidad, en términos de «constricciones corporales a las que fueron sujetos, ya sea tomados detenidos, siendo perseguidos judicialmente y solicitándose en su contra penas de cárcel», lo que catalogó como una «vulneración grave a sus derechos fundamentales». Junto con esto sostuvo que «es necesario hacer presente con preocupación que la manipulación política que se hace de la herramienta político criminal que ostenta el Ministerio Público, la persecución penal pública, resulta algo patente en nuestro procedimiento penal, hasta en territorio insular”.

“En nuestros tiempos, no solo se está obstruyendo el legítimo derecho del Pueblo Rapanui de administrar sus territorios sagrados, mal llamado Parque Nacional, sino que se persiguió político judicialmente a un movimiento que además reivindica la regularización migratoria de su territorio y el control sobre la explotación de sus recursos naturales, culturales y económicos, derecho reconocido en las cartas internacionales que ha suscrito el Estado Chileno, comprometiéndose al respecto el derecho a libre determinación de los Pueblos, que hoy día criminaliza”, sentenció Villar.

Fuente: Prensa Rapa Nui