Marcha familiares de Detenidos Desaparecidos
El Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez(PPD) manifestó que “siempre ha existido voluntad política en nuestro país para avanzar en derechos humanos y en democracia”, y añadió que levantar la confidencialidad del Informe Valech requiere “de un nuevo acuerdo nacional” como los alcanzados cuando se instalaron las comisiones Rettig -en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin- y Valech -en el periodo del ex Presidente Ricardo Lagos.
Por su parte, el Presidente del Senado, Patricio Walker (DC), anunció que solicitó un informe jurídico que revise la factibilidad de un eventual levantamiento del secreto, pero al igual que su par de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a que “civiles o militares” entreguen información.
Estas declaraciones surgen tras la visita a la Cámara de Carmen Gloria Quintana -una de las víctimas del Caso Quemados donde resultó muerto el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, tras ser ambos rociados con bencina por una patrulla militar en 1986- para analizar cómo abordar una agenda de proyectos en materia de Derechos Humanos, entre ellos la posibilidad de levantar la confidencialidad del Informe Valech que recogió los testimonios de las víctimas de prisión y tortura durante la dictadura militar.
Quien puso el tema de fin de la confidencialidad fue la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes. Esta idea fue apoyada por distintos dirigentes políticos, entre ellos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
El diputado Núñez, sin embargo, remarcó que quienes más pueden aportar en la entrega de información sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos en dictadura son “los militares en retiro y, particularmente, los Comandantes en Jefe”, para llegar a la verdad absoluta “que persiste oculta protegida por los pactos de silencio”.
El personero, además, manifestó que no se puede desconocer todo lo que se ha hecho en materia de justicia tras la dictadura, «porque hay muchos ex funcionarios de las Fuerzas Armadas condenados y que cumplen penas de cárcel», pero reconoció que «no es suficiente» porque quedan casos pendientes que requieren de un mayor compromiso ahora, como en el caso de Carmen Gloria Quintana.
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