Ex alcalde de San Ramón saldrá de la cárcel: Corte de apelaciones revocó prisión preventiva y decretó arresto domiciliario

La defensa del ex jefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, presentó una apelación para revertir la prisión preventiva, la cual cumplía desde septiembre 2021 y de este modo, se espera que salga del centro penitenciario Santiago 1 durante esta jornada, lugar en el que estuvo recluido durante un año.

Ex alcalde de San Ramón saldrá de la cárcel: Corte de apelaciones revocó prisión preventiva y decretó arresto domiciliario

Autor: Leonardo Buitrago

La Corte de Apelaciones de San Miguel tomó la decisión de revertir la prisión preventiva que cumplía el ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De esta forma, el ex jefe comunal deberá cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La defensa de Aguilera presentó una apelación para revertir la prisión preventiva, la cual cumplía desde septiembre 2021 y de este modo, se espera que salga del centro penitenciario Santiago 1 durante esta jornada, lugar en el que estuvo recluido durante un año.

Cabe recordar que este lunes, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago había rechazado la solicitud de la defensa del ex alcalde.

En esa oportunidad, el abogado defensor de la ex autoridad, Mario Vargas, había solicitado que se modificara la prisión preventiva por un arresto domiciliario total, más arraigo, argumentando que Aguilera tiene una “irreprochable conducta anterior” y es “una persona de 60 años”.

Sin embargó, la jueza Lucía Giannini desestimó estos alegatos e indicó que no han variado las condiciones desde que el ex alcalde fuera formalizado, por lo que decidió mantenerlo en prisión preventiva. Asimismo, sostuvo que sigue siendo “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

“Ha sido formalizado por tres ilícitos (…) Acá evidentemente hay que tener en cuenta la pena que arriesga por estos ilícitos, principalmente por el lavado de activos”, sostuvo Giannini durante la audiencia, citada por CNN Chile.

Sin embargo, el abogado Mario Vargas, presentó una apelación para revertir la prisión preventiva en su contra, escrito en el cual se indicaba que los delitos por los cuales estaba siendo investigado no tendrían pena de cárcel y, tras un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado, tampoco una pena punitiva.

En la apelación se señala que » han variado considerablemente las circunstancias desde que se decretó la prisión preventiva del señor Aguilera, toda vez que hoy en día no estamos hablando de una pena de crimen a imponerle en el futuro».

Además el texto agrega que “Considerando además que en el evento que se decretase a su respecto una pena privativa de libertad (siendo su cumplimiento o no de manera efectiva) de todos modos quedarían subsistentes solamente delitos que no tienen asignada una pena privativa de libertad”

Procedimiento abreviado para el exalcalde de San Ramón

El próximo 25 de julio fue fijada la audiencia en donde se discutirá la posibilidad de un juicio abreviado

Este procedimiento abreviado podría darse en caso de que Miguel Ángel Aguilera acepte su responsabilidad en los dos casos de soborno que se le han imputado, y se acuerde una condena de 819 días, siete años sin ejercer cargos públicos y una multa de casi $20 millones.

De concretarse esta medida, se abre la posibilidad de salir definitivamente de la cárcel y cumplir su condena en libertad.

Aguilera está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016; y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.

Durante su formalización el año pasado, el fiscal Víctor Nuñez de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que «los depósitos en efectivo descritos en las dos cuentas señaladas acumulan un incremento patrimonial injustificado que asciende a 263.818.500 entre enero del año 2013 a septiembre del año 2017».

En concreto, el ex edil está siendo investigado por más de $263 millones de enriquecimiento ilícito y $17 millones por cohecho y lavado de activos entre 2013 y 2017, delitos ocurridos durante su administración municipal.

Asimismo, se le sindica como cercano a organizaciones dedicadas al narcotráfico y como el responsable de corrupción en el marco de licitaciones otorgadas por el municipio que actualmente es liderado por el alcalde y querellante en la causa, Gustavo Toro (DC).

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