Exigen al Gobierno que reflote proyecto para impedir que justicia militar juzgue violaciones de DDHH

‘No sabía que existían dos justicias’ Justicia militar y violencia policial en Chile. Es el título del informe que la organización Amnistía Internacional presentó este martes para evidenciar como los tribunales militares de Chile, que conocen de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, no investigan ni procesan a los agentes sospechosos de haberlas cometido.

La organización califica de «indignante» que la justicia chilena permita a los agentes de policía golpear, maltratar y, en algunos casos, incluso matar a manifestantes pacíficos porque, como mucho, les impondrán sólo una sanción minúscula:  “Los agentes de policía parecen saber perfectamente que golpear y disparar a civiles apenas tendrá consecuencias», señaló Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile. En muchos casos las sentencias han sido reducidas por los tribunales de alzada, mientras que en algunos casos no se llega a condena alguna.

La principal causa de esta impunidad es que el Código de Justicia Militar chileno establece que los delitos comunes cometidos por militares –incluyendo a los Carabineros– deben ser investigados y juzgados por tribunales militares. De esta manera, los casos de uso excesivo de la fuerza policial y otras posibles violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden son conocidos por tribunales militares y no por tribunales ordinarios.

En este sentido, la directora de la organización aseguró que “no debería permitirse a los tribunales militares investigar, procesar ni sancionar a miembros de sus propias filas, es más que obvio. Es como si los tribunales permitieran que los delincuentes fueran juzgados por sus propias familias».

Desde Amnistía Internacional exigieron al Gobierno y al Congreso que «concedan a este asunto la importancia que merece» y les instaron a reformar la jurisdicción militar y a adaptarla a la normativa internacional, tal y como se comprometió la presidenta Michelle Bachelet en su programa de Gobierno. El ente denunció que hasta la fecha el Congreso no ha discutido ninguna de las iniciativas que han sido presentadas con este fin.

Junto con eso, reiteraron que la jurisdicción militar debe conocer únicamente los delitos estrictamente relacionados con la disciplina militar, no casos de violaciones a derechos humanos o crímenes de derecho internacional; e insistieron en reparar a las víctimas y crear una unidad especializada dentro de la fiscalía dedicada a los casos de violencia policial, fueron otras de las demandas de los activistas.

Aumenta la violencia y queda en impunidad

El informe de Amnistía Internacional revela que en uno de los seis tribunales militares del país (el Segundo Juzgado Militar de Santiago), sólo el 0,3% de los casos de abusos contra manifestantes registrados en 2005, 2008, 2011 y 2014 fueron objeto de proceso penal (14 de 4.551).

Además, asegura que «en las contadas ocasiones en que se abre realmente una investigación, el proceso se celebra a puerta cerrada, la condena es manifiestamente leve y el agente no suele ir a prisión».

La organización se mostró «preocupada» por el aumento de la violencia de la policía contra los manifestantes y puso sobre la mesa algunos casos como el de los estudiantes Manuel Gutiérrez o Rodrigo Avilés, o el del reportero gráfico Víctor Salas.

«Cuando un civil golpea a un carabinero está cometiendo un delito y por ello debe ser investigado y juzgado en los tribunales ordinarios y, de hecho, se hace. Pero cuando un carabinero golpea a una persona está actuando un agente del Estado. Es el Estado el que está golpeando a una persona y eso hace que las responsabilidades sean diferentes», aseguró Piquer.

Por su parte, el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Rodrigo Bustos explicó que el principal problema es que «no hay herramientas jurídicas cuando un carabinero comete delitos contra un ciudadano de este país porque interviene la justicia militar que no asegura la independencia y los actos de violencia policial quedan en impunidad». Y agregó que esto «es una anomalía en el derecho internacional de los derechos humanos».

Por su parte, Félix Avilés, padre de Rodrigo Avilés, el estudiante agredido por un carro lanza agua el abril del año pasado, sostuvo que «aquí lo que hay es el juicio frente a una forma de hacer verdad y justicia de agentes del Estado frente a civiles». Y concluyó: «La única forma de evitar la impunidad es con cambios estructurales, romper la impunidad es una cuestión estructural».

Meritxell Freixas