Expertos en materia judicial pidieron, durante el Primer Congreso Internacional de los Derechos Humanos Puebla 2022, modificar el sistema penal acusatorio, en específico, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
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Ángela Buitrago, profesora e investigadora de la Universidad de Externado de Colombia afirmó que la prisión preventiva oficiosa «no es el camino adecuado» para brindar dignidad a los detenidos, así como un debido proceso.
Argumentó que actualmente, la medida de prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia y el derecho constitucional de libertad de los detenidos.
Por ello, pidió hacer revisiones al sistema penal mexicano, a fin de garantizar los derechos individuales de los detenidos durante sus procesos judiciales.
«Hoy día, tenemos la necesidad de revisar lo que está sucediendo dentro de los sistemas penales porque están generando muchos choque entre los principios judiciales y las garantías individuales de los implicados».
Ángela Buitrago
Profesora e investigadora de la Universidad de Externado de Colombia
Por su parte, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, calificó la medida como «inaceptable».
Lo anterior al argumentar que los jueces magistrados desconocen todo lo que sucede en las prisiones, señalando que son violatorias de todos los derechos humanos.
El secretario técnico expuso la necesidad de hacer modificaciones a la medida de prisión preventiva oficiosa, capacitar todos los cuerpos policíacos del país y «transformar» las instituciones judiciales en México.
Prisión preventiva oficiosa, necesaria en casos específicos
Andrés Mahnke, defensor de los derechos humanos en Chile, defendió la figura de prisión preventiva oficiosa. Señaló que esta medida es necesaria «exclusivamente en casos específicos» para brindar mayor seguridad a las víctimas y a la sociedad en general.
Agregó que la prisión preventiva oficiosa evita que existan «peligros de fuga» de criminales peligrosos, además de garantizarle una condena por sus actos delictivos.
No obstante, reconoció que en todos los países de Latinoamérica existen «errores de procedencia», ya que, dijo, hay casos de personas presas que son inocentes de los delitos que se les acusa, provocando afectaciones en su vida.
Finalmente, detalló que faltan programas que permitan que estas personas logren reincorporarse a la sociedad «sin manchas» por haber estado detenidos indebidamente.
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