Extorsión a personas vulnerables en Puebla alcanzaría 15 años de prisión

El Congreso de Puebla propuso castigar el delito de extorsión hasta con 15 años de cárcel cuando se cometa en contra de un menor de edad, una mujer embarazada, un adulto mayor o se usen armas para amedrentar a las víctimas.

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Además, la multa podría superar los 144 mil pesos y se pondrá especial énfasis en los trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sí o para terceros.

El diputado morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), presentó una iniciativa para reformar el Artículo 292 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y endurecer las penas actuales.

En su proyecto, recordó que la extorsión representa un grave daño patrimonial a las personas, pues se caracteriza por obligar a alguien a realizar u omitir un acto en menoscabo de su patrimonio o de un tercero.

También señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, durante el primer semestre de 2022, el 11.6 por ciento de los hogares del país tuvieron al menos un integrante que fue víctima de este delito.

Actualmente, la extorsión se castiga con cárcel de dos a 10 años y multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, de 9 mil 622 a 96 mil 220 pesos.

¿Cómo se endurecerán las penas existentes?

De acuerdo con las agravantes que propone el legislador Céspedes Peregrina, los responsables tendrán subsanar el “pago total de la reparación de los daños” y las penas aumentarán en una mitad cuando:

“Se cometa en contra de un menor de edad o de una persona mayor de sesenta años, así como a mujeres en estado de gravidez” o se emplee violencia física o se usen armas para amedrentar.

Se use como medio para la comisión del delito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital; que los delincuentes hayan logrado que la víctima o un tercero entregue algún bien o cantidad de dinero para evitar la amenaza.

Y cuando “participen trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sí o para terceros, con el objeto de cometer el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades”.

Por lo anterior, al culpable de este delito se le impondrán de tres a 15 años de prisión, y multa de 150 a mil 500 UMAS, es decir, de 14 mil 433 a 144 mil 330 pesos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y dictaminación.

Foto: Agencia Enfoque

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