«Nosotros claramente teníamos expectativas mucho mayores» del mandato de Michelle Bachelet, asegura Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), al hacer balance de la gestión de la presidenta chilena en materia de derechos humanos.
García, que representa a los familiares de muchas de las 1.192 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), revisó en una entrevista con Efe el legado de la presidenta, cuyo mandato finaliza el próximo marzo.
«Es un balance que tiene aspectos positivos y negativos. Nosotros claramente teníamos expectativas mucho mayores en relación a lo que se podía lograr con Michelle Bachelet como presidenta de la República», recalca García.
Bachelet es hija de un general fallecido en la dictadura y ella misma fue encarcelada y torturada durante el régimen.
«No basta ser familiar ni víctima. Cuando uno, además de familiar o de víctima, asume un compromiso de vida con los derechos humanos, ahí recién puede tener posiciones invariables. Con el caso de Bachelet no ha ocurrido eso», dice García.
«Ella es víctima y es hija de víctima. Sin embargo, faltó ese compromiso mayor con los derechos humanos que significa enfrentar un conjunto de situaciones que no siempre son gratas, que pueden significar incluso bajar en la popularidad de las encuestas», añade.
La valoración de Bachelet ha ascendido hasta el 78%, según la encuesta de noviembre del Centro de Estudios Públicos (CEP), en la que sólo el 4% citó los derechos humanos como uno de los tres problemas que debería enfocar el Gobierno.
Según García, los aspectos positivos se centran en la recuperación de la memoria histórica, plasmada en la futura construcción del Museo de la Memoria, en la instalación de memoriales y en el establecimiento del 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
«Ha habido grandes avances en el tema simbólico y de recuperación de la memoria, pero en los temas gruesos, que tienen que ver con la Justicia, no hay avances», dice García, hermana de un joven dirigente socialista que desapareció en 1977, a los 19 años de edad.
Uno de los proyectos simbólicos del mandato de Bachelet ha sido la creación del futuro Instituto de Derechos Humanos, que finalmente sí tendrá la capacidad de presentar querellas, tal como demandaban las asociaciones de víctimas.
Sin embargo, éstas no lograron que el Instituto funcionara de forma absolutamente autónoma respecto del Ejecutivo, dice García.
Tampoco consiguieron que tuviera la facultad permanente de calificación de víctimas que no constan en los informes elaborados tras la dictadura, por lo que sólo tendrá ocho meses para recibir denuncias sobre nuevos casos de violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, García señala que la principal asignatura pendiente del mandato de Bachelet ha sido la no modificación de los artículos 93 y 123 del Código de Procesamiento Penal, para que los condenados no gocen de prescripción ni de media prescripción.
«Hay una cantidad importante de juicios. Sin embargo, en el momento de la condena se aplica la prescripción o media prescripción, y los violadores de derechos humanos quedan libres y no cumplen un solo día de cárcel. Para nosotros, eso no es justicia, es impunidad», explica.
Por ello, García lamenta que «Chile se jacte ante la comunidad internacional por tener tantos procesos abiertos y tantos violadores de derechos humanos procesados», cuando en su opinión el país «no cumple a cabalidad los tratados internacionales» en esta materia.
«Según los tratados internacionales que ha firmado Chile, la prescripción no se puede aplicar, y sin embargo se aplica porque existe en la legislación chilena», indica García, quien añade que esto se refleja en una «actitud dicotómica» de la Corte Suprema.
El alto tribunal suele aludir en sus fallos a esos acuerdos internacionales, pero en muchas ocasiones aplica la prescripción.
«Es una situación muy poco comprensible», admite esta representante de las víctimas.
También en el ámbito de la Justicia, el Congreso no ha derogado la Ley de Amnistía de 1978, que prohibió el procesamiento de personas involucradas en ciertos actos criminales cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1978, y sigue vigente.
«Que hoy día no se aplique es una cosa, pero quién nos dice a nosotros que mañana no se va a aplicar, si ahí está», resalta García.
Tampoco se logró aprobar en el Parlamento la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a pesar de que a principios de este año sí se ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa de Personas.
«Eso obedece a que existe algún grado de arrepentimiento por la aprobación de la Convención de la ONU, y se hizo evidente con la de la OEA al rechazarla», estima García, que percibe ambigüedades en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, las víctimas también tienen reparos sobre el próximo comandante en jefe del Ejército nombrado por Bachelet, el general Juan Miguel Fuente Alba, al que acusan de «guardar silencio y avalar» crímenes cometidos en la dictadura.
Además, García asegura que las víctimas llegaron a saber, tres meses antes de que lo desvelara un rotativo, que el Ejército pagaba honorarios a antiguos miembros de la policía secreta de Pinochet, la DINA.
Mantuvieron entonces una reunión con el ministro de Defensa, Francisco Vidal. «Él se comprometió a revisar quiénes estaban en esa condición y que se iban a tomar medidas. Sin embargo, nunca más pasó nada», concluye.
EFE
El Ciudadano
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