Por Kara Castillo
Los familiares de los detenidos implicados en el percance aéreo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle se manifestaron frente a Casa Aguayo y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en donde denunciaron irregularidades en el proceso que enfrentan por un poder judicial que, señalan, actúa “bajo consigna”.
Fuera de Casa Aguayo pidieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta que se permita a los detenidos demostrar su inocencia, pues sólo han sido celebradas dos de siete audiencias, las cuales se han diferido, impidiendo a los trabajadores del taller Rotor Flight presentar las pruebas y recursos que refutan las acusaciones en su contra.
Los familiares de los detenidos también exhibieron las irregularidades del poder judicial quien permitió a dueños del helicóptero y socios de la empresa Operaciones de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S. A. de C.V. (SAASA), señalados en el percance, seguir su proceso legal en libertad pagando una “fianza de risa”. Mientras que los empleados de Rotor Flight han cumplido más de seis meses en prisión sin que se les acepte una garantía, como fianzas, en la medida cautelar de prisión preventiva.
Éste día, a pesar de los esfuerzos de familiares para pedir una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para exhibir las irregularidades en el proceso legal y los cambios a las medidas cautelares, sólo consiguieron que personal de Atención Ciudadana los canalizara a la FGE, donde unos funcionarios les explicaran que no podían cambiar la medida cautelar.
Los familiares de los mecánicos identificados como Miguel, José Antonio, Ricardo, Israel, denunciaron también que las acusaciones se han basado sólo en el peritaje emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el cual carece de valor punitivo; además, el dictamen final desconoce que provocó la falla en el helicóptero Augusta, se desplomara y perdieran la vida el pasado, 24 de Diciembre del 2019.
Insistieron en que el informe es de carácter técnico y no puede ser usado con fines diferentes que no sea operacional.
Denunciaron que los mecánicos son los menos responsables pues ellos reportaron en su momento la falta en el mantenimiento al helicóptero antes de ser usado por Martha Érika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, pero los dueños de la empresa Altiplano se negaron a realizarlo.
Adelantaron que será este viernes cuando familiares se reúnan con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para insistir en la exigencia del cambio de medida cautelar.