La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), liderada por Alicia Lira y Silvia Fernández, presentó la mañana de este jueves una querella criminal contra militares condenados por delitos de lesa humanidad que actualmente gozan de pensiones millonarias.
Se trata de pensiones -llamadas de segunda clase o de utilidad- que pueden ser solicitadas incluso después del retiro y que están asociadas a una supuesta inferioridad fisiológica de quien la solicite, lo que lo imposibilitaría de trabajar en el ámbito privado.
La querella fue presentada contra quienes resulten responsables, que pueden ser tanto militares que hayan cometido este tipo de delitos criminales y que disfruten de estas pensiones, como funcionarios públicos que hayan colaborado en la obtención de éstas.
Según declara Santiago Trincado, abogado del equipo jurídico de AFEP, una de las personas que goza de estas pensiones es el coronel en retiro Julio Castañer, uno de los involucrados en el llamado Caso Quemados que tuvo lugar en 1986, en el que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron quemados vivos, resultando el joven fotógrafo muerto tras el ataque.
«Como criminales de lesa humanidad están siendo premiados por el Estado. Presentan situaciones médicas que no son realmente comprobadas, que se consiguen a través de algún tipo de maniobra poco transparente. Buscamos la responsabilidad de ellos o eventualmente de funcionarios públicos que hayan colaborado con esta situación», apuntó el abogado Trincado.
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