Los Familiares de los Presos Mapuche que se encuentran en huelga de hambre líquida hace 72 días, rechazaron la propuesta del Gobierno de entablar una mesa de diálogo por considerarla sólo un medio para confundir y distraer a la opinión pública nacional e internacional sobre la situación del pueblo Mapuche.
La Coordinación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre manifestaron, a través de un comunicado público, que una mesa de diálogo sincera y que tenga por objeto buscar una solución definitiva a la situación Mapuche, debe constituirse mediante un Decreto Supremo, en donde se establezca claramente el mandato, quiénes participan, los temas que tratan y en un tiempo claramente definido, “de lo contrario es una mesa oficiosa sin resultados vinculantes”.
Asimismo, señalaron que no participarán en el diálogo hasta que no se demuestre una voluntad real para resolver la situación de los Prisioneros Políticos Mapuche, así como también de todas las cuestiones de fondo que afectan y preocupan a este pueblo, entre ellas, que no se les aplique la Ley Antiterrorista, fin al doble procesamiento y su objetivo final: recuperación de sus tierras ancestrales. De lo contrario “no participaremos en una mesa de diálogo anunciada por el Gobierno, si resulta completamente difusa e imprecisa y que no atiende la gravedad de los hechos”.
Manuel Chocori, vocero de la Coordinación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre, manifestó que ninguno de los representantes de esta coordinadora ha recibido una invitación a participar de esta mesa de diálogo. El comunero además cree que esta discusión no atañe para nada a la problemática actual y grave que afecta a los presos que se encuentran en huelga de hambre.
Chocori además menciona que existe otra instancia de entendimiento a la cual no se le ha dado mayor relevancia, que es la propuesta del Arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, quien se ofreció como facilitador de un acercamiento entre las posiciones del Gobierno y el pueblo Mapuche. Esta proposición, asegura Chocori, efectivamente busca encontrar una salida a la huelga de hambre de los presos políticos Mapuche.
La otra instancia de diálogo fue propuesta el viernes pasado por el presidente, Sebastián Piñera, en medio de las celebraciones del Bicentenerario de Chile. En ella están invitados a participar el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia y del Mideplan, la Iglesias Católica y Evangélica, organizaciones civiles de las regiones de la Araucanía y el Biobío y representantes de las comunidades del pueblo Mapuche, según anunció el Presidente.
A juicio del mandatario, esta es una oportunidad única para establecer un reencuentro histórico a modo de valorar la identidad y cultura de las etnias originarias. Sin embargo, el Presidente aclaró que aunque piensa que los Mapuche deben ser juzgados por la justicia civil y no la militar, aún piensa que sus acciones son terroristas. “Ellos cometieron crímenes y delitos muy graves, atentaron contra un bus en el que habían más de 40 personas inocentes, atentaron contra un fiscal, incendiaron galpones, plantaciones, por tanto yo creo que ellos deben ser juzgados por nuestra justicia”, declaró anoche al noticiario de Canal 13.
EL POLÉMICO «PLAN ARAUCANÍA»
Otra de las críticas de los representantes de los presos Mapuche en Huelga de Hambre hacia la mesa de diálogo anunciada por Piñera, es el hecho de que ésta tratará principalmente el tema del “Plan Araucanía”, al que califican como una mera estrategia del Gobierno para manipular a las comunidades Mapuche durante todo su mandato.
El Plan Araucanía es una instancia creada por el Ejecutivo para conseguir “a través del diálogo intercultural, el anhelado y equitativo desarrollo y progreso integral, que abarca los factores humano, económico, productivo, social y cultural de sus habitantes”. Este plan incluye, entre otras propuestas, el instalar en la Región el “Instituto de cultura mapuche”.
Así también, constituir y aplicar el modelo de gestión territorial denominado “mapuche emprende”, el cual está basado en la idea de que la entrega de títulos de propiedad en forma comunitaria no incentiva la iniciativa ni premia el esfuerzo emprendedor individual. De la misma forma, se pretende incentivar la creación de liceos técnicos con pertinencia intercultural e instalar la mayor cantidad de centros de salud intercultural, con participación de medicina mapuche.
El fin último de este plan, según consta en el proyecto, es conseguir salir de los últimos lugares de competividad, que sitúan a la Región en el puesto Nº 15 entre las 15 regiones de Chile, estableciendo que en un plazo máximo de 12 años la Región debiera saltar, a lo menos, al séptimo lugar.
Dentro de los participantes de este plan se incluyen asociaciones de desarrollo Mapuche, diversas universidades y gremios productivos como la Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Industriales de Malleco y Cautín, y gremios hoteleros y turísticos, entre otros.
No obstante, el plan ha sido blanco de diversas críticas, debido a que atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas al no consultar previamente al pueblo Mapuche, lo cuál está establecido como una exigencia ineludible el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos firmados por Chile.
Asimismo, el abogado y antropólogo, Alonso Barros, cree que por más meritorio que parezca privilegiar la educación y la salud ‘intercultural’ por sobre el tema territorial, constituye una abierta discriminación en contra del pueblo mapuche, que ha manifestado en todas las instancias participativas abiertas, que lo que más les importa es su propiedad territorial y la resolución de conflictos relacionados con ello.
Por Katherine Torres
El Ciudadano
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