Familiares y amigos de Hugo Marchant exigen a la Justicia que lo deje ingresar al país

Familiares, amigos, parlamentarios y abogados de Derechos Humanos se reunieron hoy en los Tribunales de Justicia para emplazar a la Corte Suprema para que acoja el Recurso de Amparo -presentado el 2 de diciembre- que permitiría ingresar al país al ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Hugo Marchant Moya, quien se encuentra en Buenos Aires a la espera de que la Justicia tome una determinación.

Esto ocurre pese a que existe un oficio judicial en el que el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones, Joaquín Billard, otorgó una autorización de 15 días -a contar del 1 de diciembre- para su ingreso por razones humanitarias, dado que su hija requiere, como parte de un tratamiento sicológico, reconstruir parte de su historia junto a su padre. Según la abogada del caso, Alejandra Arriaza, entre lunes o martes se resolvería la tramitación, por lo que Marchant no podrá pasar estas fechas navideñas en compañía de su familia.

“Estamos aquí para pedir una vez más a los Tribunales que respondan a esta petición de permiso -por unos días- que hizo Hugo para poder entrar a su país tras 19 años de espera”, dijo Silvia Aedo, esposa del ex mirista, quien criticó además la decisión de los ministros Dobra Lukisc, Lamberto Cisternas y Emilio Pffeiffer, de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazaron el recurso en favor de Marchant.

“Los prisioneros políticos que viven en el exilio jamás han aceptado un indulto, porque el indulto es perdonar, y la lucha que dieron hombres y mujeres en este país por 17 años fue legitima, por lo tanto, nosotros apelamos y exigimos el derecho que ellos tienen de vivir en este país por el que lucharon”, declaró Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep).

Al llamado también se sumaron los padres de los hermanos Vergara Toledo -quienes fueron asesinados el 29 de marzo de 1985 por agentes de Carabineros durante la dictadura- y Roberto Marquez, de Illapu, quienes también fueron expulsados en 1981. Por otro lado, Humberto Trujillo, miembro de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que seguirán luchando “para que este destierro termine, porque es una injusticia tremenda”.

Silvia Aedo, esposa de Hugo Marchant.

PROCESO LEGAL

La abogada Alejandra Arriaza, explicó que en la década de los 90, durante el gobierno de Patricio Aylwin, se quiso terminar con la prisión política, por lo que se le otorgaron facultades al Presidente de la República de indultar a los prisioneros políticos, “pero eso no significó dejarlos en libertad, sino cambiarles la pena que ellos estaban cumpliendo”, aseguró. En definitiva, el castigo persiste, y no reconoce su condición de luchadores sociales por la recuperación de la democracia en Chile.

En ese sentido, “a Marchant le cambiaron la pena más grave -primero pena de muerte y conmutada por cadena perpetua, por el atentando en contra del ex intendente de Santiago, ex coronel Carol Urzúa, durante la dictadura- por 25 años de extrañamiento -destierro- y el resto de los procesos que le imputaron los unificaron en uno solo”.

“El problema -plantea Arriaza- es que pese a que existe el permiso del Ministro de Fuero, Joaquín Billard, la policía no acata la decisión porque, a su juicio, habría que pedirle autorización a todos los otros jueces que lo condenaron en su minuto, durante la dictadura, y estimamos que esa interpretación es errónea, no se ajusta a derecho”, recalcó. Y, en este caso, una policía, que depende administrativamente del Ministerio del Interior, se ha arrogado el derecho de hacer una interpretación de una orden judicial, desconociendo a uno de los tres poderes del Estado.

Marchant estuvo retenido por la Policía de Investigaciones (PDI) del Aeropuerto de Santiago, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, días en que trató de ingresar al país, y fue expulsado en ambas oportunidades con destino a Buenos Aires. A pesar de los dos intentos infructuosos, Marchant dice que “intentará nuevamente ingresar a su país”, porque “es demasiado que, a más de 20 años de que la dictadura saliera del Ejecutivo, aún sean castigados quienes se enfrentaron a ella”.

Por Esteban Acuña Venegas

El Ciudadano