Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigen al presidente mexicano Enrique Peña Nieto el cumplimiento de las órdenes emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, las cuales establecen la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, a fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 26 de octubre de 2014.
“Señor presidente, le pedimos, le exigimos a usted que acate la resolución del poder judicial (…) garantizar económicamente y humanamente (las condiciones) para realizar la comisión de investigación”, expresó Mario González, uno de los padres de los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero (suroeste), en conferencia de prensa ofrecida desde Ciudad de México.
De igual forma, González exhortó al Mandatario mexicano ha «reivindicarse en su compromiso con los familiares de los desaparecidos», ya que «su Gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones y exigencias que venimos haciendo desde el 2014«.
«Sabemos perfectamente que es el mismo Gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el Presidente tenga un poquito de dignidad y apoye la nueva comisión», expresó González.
A su vez, destacaron que la sentencia del tribunal reitera la postura asumida en primera instancia por los familias, y recopilada en los informes presentados por organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Lo pidió el GIEI y los corrieron, lo pidió la ONU y los maltrataron, ahora lo pide un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada«, afirmó la madre de uno de los desaparecidos, María Elena Guerrero.
Igualmente, los familiares sostienen que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sería una “oportunidad para que regresen los expertos del GIEI. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido», expresó otra de las madres, Blanca Nava.
Promesas incumplidas
Aunque el presidente Peña Nieto se ha comprometido a «agotar todos los recursos para cerrar este caso», en los cuatro años que han pasado desde la desaparición sólo ha sido constantes en el incumplimiento de sus promesas.
En este sentido, los familiares de las víctimas denuncian que el Jefe de Estado se ha mostrado desinteresado para manejar el caso y su Gobierno ha ejecutado atropellos físicos y morales para callar las voces de quienes exigen respuestas.