La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió al Gobierno de Chile que desista de aplicar la Ley Antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche, juzgados como presuntos autores de atentados en el sur del país.
En una rueda de prensa realizada en la ciudad de Temuco, el abogado argentino Matías Duarte declaró que los procesos judiciales en el marco terrorista «terminan frecuentemente en absolución, y generan graves consecuencias en los mapuches, en sus líderes y autoridades religiosas, por prisiones preventivas prolongadas y privación de libertad».
Por ello, la FIDH envió a Chile una misión de observación «de urgencia» esta semana, motivada por el aumento del uso de la Ley Antiterrorista por el Estado chileno para perseguir a mapuches: actualmente, hay 23 comuneros imputados por ataques incendiarios, uno con resultado de muerte, y asociación ilícita. En ese sentido, Duarte aseguró que los procedimientos penales en gobiernos democráticos deben ser «claros y justos», por lo que preocupa la falta de una «perspectiva cultural y de género» en las situaciones ocurridas en Chile.
El organismo se mostró consternado por la denominada Operación Huracán, que hace algunas semanas derivó en el arresto violento de ocho comuneros, por la aparente comisión de incendios, delitos que se investigan mientras cumplen prisión preventiva.
La FIDH sigue además de cerca el juicio contra los once mapuches acusados del incendio en el falleció el matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013, así como la huelga de hambre protagonizada por los cuatro comuneros, por más de 110 días, quienes son imputados por quemar una iglesia evangélica en 2016. En estos casos, en los que el Ministerio del Interior es querellante, la mayoría de los acusados cumple un año y medio en prisión preventiva, «sin pruebas serias en su contra y en abierta violación al derecho de presunción de inocencia», alegó la organización.
En esta línea, la FIDH y el Observatorio Ciudadano chileno demandaron este viernes al Gobierno «garantizar el respeto a los derechos de los enjuiciados, a la presunción de inocencia y a un juicio justo», celebrado en un plazo de tiempo «razonable». También condenaron el uso «abusivo y desproporcionado» de la violencia en contra de mapuches, incluidos niños, mujeres y ancianos, por parte de la policía, que consideran «una práctica reiterada», sancionada por tribunales internacionales, llamando además a respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la diferenciación entre los pueblos indígenas y la población general, de acuerdo con su identidad cultural.
Asimismo, pidieron al Ejecutivo asumir obligaciones contraídas al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las declaraciones de la ONU sobre derechos indígenas, en línea con peticiones territoriales, de reconocimiento y de paz del pueblo mapuche. Esto, «en vez de privilegiar la política criminal y policial para perseguir presuntos delitos que puedan cometerse en el contexto de la protesta social mapuche», concluyó la FIDH, que integra 178 organizaciones de derechos humanos en más de 122 países.
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