Feminicidio en Guatemala

Cuatro activistas de uno de los países con los índices más elevados de violencia machista hacen balance de una ley pionera en América Latina que persigue los crímenes de odio.

No figura en el Diccionario de la Real Academia, pero la magnitud del fenómeno que representa ha acabado por imponer el término en leyes, sentencias y planes de gobierno por toda Centroamérica: feminicidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo citó más de 40 veces en una de sus últimas sentencias, el congreso mexicano creó en 2004 una comisión especial para analizarlo y los legisladores de Guatemala aprobaron en 2008 una ley, pionera en América Latina y en el mundo, para abordar el fenómeno. Feminicidio: «Homicidio de una mujer por razón de su género», según la definición de la CIDH.

«Es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Te matan por ser mujer. A diferencia de la violencia intrafamiliar, tu agresor no te conoce. Es un crimen de odio. Tiene que ver con la misoginia. Incluye violación sexual y tortura. Hay desmembramientos, decapitaciones… son muertes atroces», explica Walda Barrios, asesora de la Unión de Mujeres Guatemaltecas.

«Hay un perfil de las asesinadas -estudiantes, obreras de la maquila- y un mensaje subyacente: en tu casa estás mejor. Vemos una correlación entre un incremento de la participación política de las mujeres y un aumento de los asesinatos. Es un castigo», añade.

En 2009, se produjeron 847 muertes violentas de mujeres en Guatemala y más de 4.300 casos de violencia sexual asistidos por los servicios forenses.

La impunidad alcanza al 96% de los homicidios, según la Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El país es el segundo de la región, después de México, con la tasa más alta de violencia contra las mujeres.

México fue el primer Estado condenado por feminicidio por la CIDH en una sentencia de abril de 2009, «cuyo significado excede el ámbito regional y sienta un precedente internacional», en palabras de José María Prat, del Consejo General de la Abogacía Española.

La sentencia concluyó que México infringió el derecho la vida y el deber de no discriminación en el acceso a la justicia, y ordenó al Gobierno que investigara a los culpables de matar 2001 a ocho mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez.

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

En Guatemala, la Ley Contra el Femicidio es un triunfo para las organizaciones de mujeres, que ven en ella una herramienta para exigir cuentas a las autoridades. Y para recabar apoyos. Desde 2006, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo apoya de forma específica la lucha contra el feminicidio, con cursos de formación para mejorar la investigación judicial.

«A dos años de la aprobación de la ley, hay muchas cosas que esta prevé que aún no se han puesto en marcha», admite Alba Trejo, comisionada sobre Femicidio en la Presidencia de Guatemala. Una arraigada cultura machista hace del desarrollo de la ley una lucha contracorriente. No en vano, sólo en 2006 se derogó el artículo del Código Penal que eximía de responsabilidad a un violador, incluso condenado, si se casaba con su víctima.

Por Isabel Coello

Fuente: www.publico.es