Feminicidios en Puebla: faltan herramientas para contarlos y castigarlos

A un año del asesinato de la abogada Cecilia Monzón Pérez, los feminicidios en Puebla persisten y el ambiente de impunidad, desconsuelo e indignación es el mismo, pues 2023 suma siete víctimas y ninguna de las 20 en 2022 ha obtenido justicia, pese a discursos, reformas y campañas contra la violencia a mujeres.

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América Estefanía, Alicia Esmeralda, Ana Laura, Liliana, Florencia, Bibiana, Fabiola y una docena más de mujeres fueron asesinadas con extrema violencia en lo que va del presente año, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no reconoce a todas como posibles víctimas de feminicidio, sino que en la mayoría de los casos la línea de investigación es por homicidio, derivado de otros delitos, como robo.

Observatorios civiles y organizaciones coinciden en que la impunidad, la indebida investigación de los delitos y la falta de perspectiva de género de policías, agentes investigadores y jueces, perpetúan la violencia contra las mujeres y la revictimización de sus familias, además de que echan por tierra los lentos, pero importantes avances en materia legislativa e institucional.

Cifras que desafían la realidad

De enero a abril de este año, la FGE inició únicamente siete carpetas de investigación por feminicidio, mientras que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la universidad Ibero Puebla contabiliza el triple de víctimas, considerando también las de mayo.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), cuya información proviene de las fiscalías, señalan que en marzo se registraron tres aparentes feminicidios en Puebla, en febrero dos, mientras que en enero y abril, uno.

Esto significa que en cuatro meses se acumuló un tercio de los 20 crímenes que hubo en total en 2022, según datos de la fiscalía local, sin embargo, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) contó el doble de casos.

Ana Laura Gamboa Muñoz, encargada del OVSG de la Ibero Puebla, atribuyó la disparidad de cifras a la omisión de la FGE, pues señaló que ignora los criterios que establece la ley para clasificar las carpetas de investigación, posiblemente con el objetivo de minimizar la violencia contra las mujeres que existe en el estado.

¿Qué es un feminicidio?

El Código Penal del estado señala en su artículo 338 que el delito de feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género, y detalla nueve circunstancias que se consideran razones de género:

I.- Que el responsable cometa el asesinato por odio o aversión a las mujeres; II.- Que lo cometa por celos extremos respecto a la víctima; III.- Que existan lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes; IV.- Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima; V.- Que haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; VI.- Si previamente hubo amenazas de muerte, acoso o lesiones del responsable contra la víctima; VII.- Que la víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida; VIII.- Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, y IX.- Que la víctima tenga parentesco con el victimario.

El mismo código advierte que el delito de feminicidio se castiga con una sanción de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 51 mil 870 pesos a 103 mil 740.

Si la víctima se encontraba embarazada o el delito se comete frente a sus hijas o hijos, el feminicidio se sanciona con una pena de 50 a 70 años de prisión.

¿Qué falta para frenar los feminicidios en Puebla?

Para frenar los feminicidios en Puebla, Gamboa Muñoz consideró necesario comenzar por visibilizar el problema, clasificando los crímenes como dicta el Código Penal, ya que esto permitirá tener la cifra real y confiable de carpetas de investigación, para realizar diagnósticos y ejecutar políticas públicas de combate a la violencia.

Si bien la FGE cuenta con un protocolo de investigación de aparentes feminicidios, señaló que no se ha actualizado desde 2019, por lo cual es primordial modificarlo continuamente para que sea acorde con las leyes vigentes y los protocolos nacionales e internacionales.

La perspectiva de género en todo el proceso de investigación y judicialización de los casos es de gran urgencia, dado que en las policías, el Ministerio Público y los juzgados persiste la revictimización y estigmatización de las víctimas de feminicidio, así como de sus familias, lo cual violenta el derecho humano de acceso a la justicia, dijo Gamboa Muñoz.

La también docente de la Ibero Puebla alertó que la deficiente investigación, omisión de pruebas relevantes y la exclusión de familiares que pueden aportar datos en las indagatorias, son prácticas de la fiscalía que muchas veces ocasionan carpetas de investigación endebles, que abren la puerta a la exoneración de los acusados, ampliando así la impunidad, no sólo de feminicidios, sino de todos los delitos.

Alerta de Género, ineficacia y opacidad

El 19 de abril de 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal emitió la Alerta por Violencia de Género (AVG) en 50 municipios de Puebla, entre ellos la capital y la zona conurbada, con el objetivo de frenar la violencia contra las mujeres, debido al alto índice de feminicidios, desapariciones y delitos sexuales.

A cuatro años de la declaratoria, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), recriminó que poco se sabe de la efectividad que tuvo la declaratoria, el cumplimiento de las acciones gubernamentales y los resultados.

En medio de la inestabilidad política por los cambios de gobierno en los últimos cinco años, señaló que la alerta no fue prioridad y no hubo esfuerzos institucionales para el cumplimiento de las 45 acciones que instruyó la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim).

Como muestra, refirió que el año pasado se emitió otra alerta por el gran número de desapariciones de mujeres y niñas, sin que a la fecha haya una estrategia integral para enfrentar el problema, por el contrario, la Comisión de Búsqueda de Personas del estado carece de personal y el que tiene es ineficiente.

Aunque el gobierno federal ha asignado recursos a Puebla como parte de la AVG, Gamboa Muñoz denunció que se ha ejercido en opacidad o de forma innecesaria, en acciones que no impactan directamente en el combate de la violencia contra las mujeres.

Si se imprimen volantes o se hacen spots para incentivar la cultura de la denuncia, pero cuando las víctimas piden auxilio la policía no llega, o si van al Ministerio Público no hay personal que reciba su denuncia ni insumos para tomar evidencias de algún abuso sexual, la estrategia queda incompleta y estará condenada al fracaso, destacó.

La académica insistió en la necesidad de ejecutar un plan integral, que comience por la prevención, con políticas públicas que involucren a las familias, las instituciones educativas y los centros de trabajo, que es donde se manifiestan los distintos niveles de violencia previos a un feminicidio.

Los recientes feminicidios en Puebla

En mayo se perpetraron los feminicidios de América Estefanía y Alicia Esmeralda, con características similares: ambas se reportaron como desaparecidas días antes de encontrarse sus cuerpos abandonados en la vía pública con signos de violencia.

América, de 16 años, desapareció el 30 de abril luego de salir de su casa en Zacapoaxtla, y su cuerpo fue encontrado el 8 de mayo en la colonia Rancho Bonito, del mismo municipio, sin que a la fecha haya personas detenidas por el crimen.

Alicia Esmeralda Islas Montiel, una médica originaria del municipio de Guadalupe Victoria, desapareció el 4 de mayo tras salir de trabajar de la clínica Laboratorios Ruiz de la ciudad de Puebla.

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De acuerdo con la FGE, al salir del trabajo la víctima abordó el vehículo de su pareja sentimental, René N., y se dirigieron a la casa de él, donde presuntamente la estranguló hasta asesinarla y posteriormente abandonó el cuerpo en el municipio de Zacapala, donde fue encontrado el 6 de mayo.

Ese día fue detenido el hombre pues en su declaración cayó en contradicciones y al verse acorralado intentó sobornar a los agentes, por lo que ahora está vinculado a proceso por cohecho, desaparición y feminicidio.

Mientras tanto, este domingo 21 de mayo se cumplió un año del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada con varios disparos mientras conducía su camioneta, unos días después de que la FGE le negó protección tras sufrir amenazas de muerte.

En un homenaje póstumo en el que participó su familia, se exigió justicia por el crimen y se recordó la lucha de la víctima por los derechos políticos de las mujeres, que derivó en la tipificación de la violencia política, mientras que su muerte dio lugar a la denominada “Ley Monzón”, que consiste en retirar el derecho de custodia de los hijos a los padres feminicidas.

Esto debido a que el político priista Javier López Zavala, expareja sentimental de Monzón Pérez, se encuentra vinculado a proceso como el autor intelectual del feminicidio, pero al mismo tiempo reclama la custodia del hijo que procrearon.

Foto: Agencia Enfoque

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