Gran impacto provocó la muerte de tres funcionarios del Ejercito en el Regimiento de Caballería en Iquique el pasado sábado, y esto porque quien ejecutó los disparos, fue un soldado conscripto que había sido declarado no apto para el ejercicio de sus funciones, a causa de una profunda depresión ocasionada por sistemáticas humillaciones y situaciones de acoso al interior del recinto militar, las que a pesar de ser denunciadas ante las autoridades de su repartición, nunca se detuvieron.
Este hecho dio paso a la divulgación en redes sociales de una serie de registros audiovisuales que constatan la cultura del acoso y la tortura que predomina al interior de los cuarteles de nuestras Fuerzas Armadas. Golpizas, amenazas y amedrentamientos son hechos comunes entre los conscriptos que conviven a diario en las instalaciones militares, según quienes se han atrevido a alzar la voz en una de las instituciones más jerarquizadas de nuestro entramado republicano.
A lo sumo, según cifras del Instituto de Derechos Humanos, durante el año 2018 se contabilizaron cerca de un centenar de denuncias por agresiones físicas y psicológicas. Algunas de ellas, de alta connotación, tales como violaciones y agresiones grupales. Lamentablemente, las circunstancias que rodean estos deleznables hechos, se suma a los múltiples casos de corrupción en las altas esferas castrenses, configurando un sensible panorama institucional. Claramente, no se predica con el mejor ejemplo.
No es aceptable que el resguardo de una de las instituciones más poderosas del Estado, siga quedando en manos de una escala de mandos absolutamente insuficientes para abordar la crisis al interior de las FF.AA. Y es por esto que sorprende negativamente la pasividad del Ministro de Defensa Alberto Espina, quien se ha referido escuetamente ante la posibilidad de impulsar una Reforma en las Instituciones de Defensa Nacional, en más de un año de gestión. Otro tanto ha ocurrido en el pasado reciente con otros Ministros de la misma cartera, que aparecen como meros administradores, sin un atisbo de provocar cambios de fondo y de fiscalizar a un órgano que debe estar sometido a la civilidad, más la herencia de la larga dictadura sigue dejando a su paso nudos críticos que nuestra feble democracia no logra solucionar y modificar, lo que da cuenta de una deuda de la clase política que no logra entender la importancia en enfrentar de una buena vez este tema.
Urge una política de Estado que, en primer lugar, logre enmendar el rumbo perdido de las Fuerzas Armadas, conteniendo así la mayor crisis interna de la institución, evitando una fractura que ponga en riesgo los cimientos de nuestras Fuerzas de Defensa. En segundo término, esta debe ser una tarea que convoque también a la ciudadanía; debemos pensar unas Fuerzas Armadas modernas, transparentes y con total apego al mandato civil, dejando de una vez por todas, los viejos enclaves de poder, para ello se hace necesario cortar el cordón umbilical de los nuevos militares con ese pasado que nos recuerda la violencia ejercida con violación de los DDHH, las FFAA requieren ser parte de la cultura de los DDHH, y así, como órgano del Estado, cumplir con el mandato constitucional de promover y respetar tales derechos.
El país y sus ciudadanos no aceptan más abusos, y en dicho contexto aparece extremadamente privilegiada una clase de chilenos con un sistema previsional especial, con justicia especial, con cárcel especial, con fiscalizaciones que no los alcanzan. Las FFAA son parte de nuestro Estado, debemos cuidarlas y respetarlas, pero ello pasa por entender que llegó la hora de hacer cambios de verdad, con transparencia, con discusión abierta, con respeto, con un alto sentido republicano.
Fernando Leal Aravena
Abogado
Ignacio Bustos Sáez
Director Fundación Otro Chile
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