FF.EE. de Carabineros al desnudo: La doctrina y accionar de los robocop antimotines

Policía uniformada protagoniza los actos de persuasión y represión contra manifestaciones sociales. Usan carros lanzagases y lanzaagua, andan armados, y tienen entre ceja y ceja a la turba y la muchedumbre que se vuelve irracional cuando anda en colectivo.

La frase mediática de Carabineros, “Un amigo en su camino”, se resquebraja palabra por palabra cuando se echa un ojo a la doctrina y el accionar de las Fuerzas Especiales de la policía uniformada chilena, encargada de usar “medios mecánicos y químicos” para confrontar la “alteración del orden público” y que, según diversas denuncias, tiene a su haber un número de muertos y heridos entre indígenas, fotógrafos y estudiantes, a parte de batir record en detención de cientos de ciudadanos. (Ver recuadro).

Lejos de ser realmente un cuerpo de élite, las Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros es un grupo antimotines fundado con una misión persuasiva y represiva el 28 de agosto de 1936, durante el gobierno derechista de Arturo Alessandri Palma, precisamente para hacer frente a protestas de campesinos, pobladores, obreros y estudiantes, que se extendían en esos años. En la década de los 60 y 70, eran conocidas como el Grupo Móvil. En los 80, bajo el auspicio de la dictadura y la expansión de las jornadas de protesta, este grupo recibió presupuesto, equipamiento y reforzamiento de su doctrina y planes de acción, modernizándose realmente en las últimas décadas.

La Prefectura de FF.EE. tiene unidades extendidas por todo el país. Y si hay algún lugar donde no tiene base, los destacamentos pueden llegar rápido para sofocar una protesta, trasladadas de prisa incluso en aviones de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), como denunciaron dirigentes de trabajadores subcontratados en la huelga de Collahuasi. Las FF.EE. dependen de la Dirección de Seguridad y Orden Público, que encabeza el general Aquiles Blu. Actualmente el jefe de este grupo policial es el coronel Jorge Fernández.

Para contener y enfrentar a manifestantes, las Fuerzas Especiales trabajan en piquetes conformados por un carro lanzaaguas (‘guanaco’), un carro lanzagases (‘zorrillo’), un bus policial y en ocasiones un furgón para detenidos. Se agrega hoy la Subcomisaría de Policía Montada, que usa caballos para ir contra ciudadanos, produciendo un efecto de amedrentamiento y dando posibilidades a los carabineros de usar bastones en carrera de los equinos, que también suelen golpear a las personas.

De acuerdo a datos aparecidos en la prensa, las FF.EE. estarían conformadas por unos dos mil efectivos, 13 camionetas lanzagases, ocho carros lanzaagua y 15 buses, al menos en la Región Metropolitana. Podrían eventualmente salir a las calles con las tanquetas “Mowag”, que se hicieron conocidas en la represión de la dictadura y que permanecen estacionadas y listas para entrar en acción.

Los uniformados de este contingente (hombres y mujeres) suelen tener nivel escolar medio y pertenecerían a estratos socioeconómicos bajos. Trabajan provistos de cascos antidisturbios, protectores acolchados de rodillas, hombros y codos, botas de seguridad, chaleco antibalas, buzo antiflama, bastones retráctiles (84 centímetros), guantes reforzados y sus jefes niegan que queden exhaustos después de horas de andar detrás de estudiantes, trabajadores, mujeres y pobladores.

Todos los uniformados de FF.EE. llevan pistola y munición. En las acciones represivas usan escopetas lanza bombas lacrimógenas, lanza balines y perdigones. Se han observado subametralladoras UZI en algunos vehículos antimotines.

Cuando hubo denuncias de que carabineros arrojó gases lacrimógenos desde helicópteros, se vino a la mente la información aparecida en El Mercurio de que la institución policial compraría, por cierto con dinero del Estado, helicópteros “Eurocopter” que podrían servir “en labores de disolución de desórdenes callejeros”.

VISIÓN SOBRE “LA TURBA”

Llama la atención la visión que tiene el alto mando y los elementos de Carabineros sobre los ciudadanos que van a un partido de fútbol, un recital o una manifestación social.

En un trabajo titulado “Control de muchedumbres. Contención del orden público”, publicado en la revista institucional de la policía uniformada chilena, se constata la mirada que tienen sobre las personas que concurren a alguna actividad deportiva, cultural o de protesta: “El peligro de estas aglutinaciones es que cada individuo puede comportarse de forma irracional cuando forma parte de una actividad grupal, lo que por medio de la ley del contagio conduce al desorden”. Se afirma que “sujetos que aparentan ser calmados y tener buenas intenciones, se transforman y comienzan a actuar por instinto a raíz de la acción de la muchedumbre”. Se reconoce que “la propia presencia de uniformados exalta los ánimos de una turba”. Y se explica que “es tarea del grupo destinado a controlar a la muchedumbre el detectar y mantener aislados de la multitud a ciertos individuos: aquellos a los que no les interesan los objetivos de la masa, pero a los que les fascina participar en actos de violencia”.

Nada de ciudadanos, manifestantes, personas, asistentes a una actividad, seres humanos; las definiciones son: Sujetos transformados, masa, turba, muchedumbre. Y la premisa de que estando en colectivo, la gente tiende a “comportarse de forma irracional”.

En cambio, según las FF.EE., “los carabineros (son) profesionalmente multifacéticos (y) mantienen inalterables sus condiciones humanas” en esas manifestaciones.

En entrevista con la extinta Nación Domingo, el secretario ejecutivo de la Corporación Ciudadanía y Justicia, Marcelo Salinas, dijo que Carabineros tiene asimilada “la lógica del enemigo interno” y que en su seno cohabitan las “normas y prácticas generadas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional y guerra interna”.

José Araya, coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, sostuvo que en el caso de Chile, el accionar represivo de las FF.EE. radica en “la formación policial misma, pues el carácter militar de ésta la lleva a cumplir órdenes, con un amplio margen para el uso de la fuerza”.

El diputado democristiano, Gabriel Silber, declaró a la prensa que «el Gobierno, y especialmente el ministro (del Interior) Rodrigo Hinzpeter está militarizando a Carabineros y lo está haciendo retroceder a las épocas más oscuras de la represión en dictadura».

En El Mercurio salieron en las últimas semanas al menos dos notas tendientes a explicar la labor de Fuerzas Especiales de Carabineros y en una de ellas, el general Aquiles Blu habló de “los protocolos” que siguen, justificando el accionar policial. Fue peculiar para muchos leer en esa información que, según el alto oficial, las FF.EE. “antes” de usar bombas lacrimógenas, deben “recurrir a los megáfonos” para advertir a la gente. Y que si las bombas no resultan, “se utilizan los carros lanza agua”. Cualquier buen vecino que haya visto el accionar de estos contingentes, sabe que nada de eso se cumple.

En la línea de las explicaciones doctrinarias, el general José Luis Ortega, jefe de la zona metropolitana de Carabineros, dijo que la diferencia con los manifestantes “es que somos tolerantes, porque somos profesionales”.

“INTELIGENCIA” Y “MIMETIZADOS”

El accionar de Carabineros contra manifestaciones sociales no se limita a bastonazos, gases, chorros de agua, detenciones. Integrantes de FF.EE. portan cámaras fotográficas y de video y sacan fotos y filmaciones de personas que participan en las marchas, protestas o manifestaciones, sin que se sepa a dónde van esas imágenes y si la institución policial tiene un archivo de ciudadanos “marcados”, como ocurría, por ejemplo, con la CNI (Central Nacional de Informaciones, de la dictadura).

Pero además, han sido descubiertos varios elementos de la policía uniformada infiltrados en manifestaciones. El último, en una marcha de los estudiantes en Valparaíso y que, según testimonios, alentaba a actos de violencia. No se sabe, y nadie informó al respecto, si ese elemento era de FF.EE. o algún departamento especializado como OS-7, OS-9 o SIP. El hecho causó mucha molestia entre legisladores, ya que el infiltrado corrió a buscar protección en el Congreso y allí fue acogido por el teniente coronel Hernán Silva, a cargo de la seguridad del recinto.

Frente a episodios como esos, el mando policial no asume responsabilidades o reconoce un error, e incluso modifica conceptos para justificar operaciones como esas. Es así que el general Blu dijo que el carabinero no estaba infiltrado sino “mimetizado” y que no andaba encapuchado sino “con una bufanda en la boca”…

Otro caso de carabinero infiltrado ocurrió en una marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Anef (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), donde el individuo fue descubierto por funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

Paralelo a ello, Camila Vallejo, vocera de la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), denunció que un grupo de “encapuchados” que generaron desmanes en una marcha de estudiantes en el Paseo Bulnes, descendieron de “una micro de Carabineros que se estacionó en San Diego con Santa Isabel”, lo que fue al menos “extraño ya que Carabineros los debe detener y no soltar”. Vallejo agregó que “se reafirma la tesis de que hay intenciones políticas por tergiversar la manifestación, poniendo gente infiltrada en las marchas para ocasionar destrozos”.

Frente a la serie de sucesos, el presidente del Senado, Guido Girardi, indicó que “hay muchas denuncias que se deben aclarar. Denuncias de que se lanzarían bombas lacrimógenas desde helicópteros, funcionarios de Carabineros registrados por Chilevisión infiltrados con cédulas de identidad que serían falsas, y ahora vemos cómo un funcionario de civil hace labores supuestamente de Inteligencia en una manifestación, pero con rostro cubierto. Es importante saber cuáles son sus instrucciones”.

En torno de todo esto, se recordaron a los temidos “gurkas”, miembros de Carabineros que durante la dictadura actuaban de civil y golpeaban a periodistas y manifestantes. Ellos provenían de las Fuerzas Especiales.

Frente a la ola de manifestaciones, el mando de Carabineros decidió agregar un contingente de apoyo a las FF.EE. Se trata de Laboratorio de Carabineros (Labocar), que realizará labores de recolección de pruebas que puedan servir de evidencia para detectar y acusar a quienes realicen destrozos en las protestas.

Como sea, el paisaje de la expresión social ciudadana en sus diferentes manifestaciones, seguirá cruzado por el permanente accionar de esas mujeres y hombres equipados como Robocop, dispuestos a usar su fuerza y sus herramientas disuasivas y represivas para mantener el orden público que altera la turba o la muchedumbre.

RECUADROS

Denuncias contra FF.EE.

Son varios los casos denunciados por organismos de derechos humanos y agrupaciones de la sociedad civil sobre acciones de las Fuerzas Especiales de Carabineros que terminaron con personas muertas y heridas.

Entre están los de los indígenas mapuches Matías Catrileo, Alex Lemún y Jaime Mendoza. Los tres muertos por acción policial. Lo mismo aconteció con el estudiante Daniel Menco, de la Universidad de Tarapacá, y con el obrero forestal Rodrigo Cisternas.

Hay dos casos que demostrarían que elementos de FF.EE. disparan o golpean con intención de causar lesiones. El del fotógrafo de la agencia española EFE, Víctor Salas, y la estudiante de Concepción, Paulina Rubilar, ambos con lesiones severas en ojos producto, el primero, de un bastonazo de un carabinero a caballo, y la segunda, del disparo de una lacrimógena.

Hay que decir que en esos dos casos, los carabineros agresores se escondieron y el alto mando tardó o simplemente negó la identidad de los agresores, lo que podría interpretarse como una norma de impunidad que protegería a uniformados que causan lesiones. Se hizo realidad la frase de Paula Rubilar cuando afirmó: “Esperaba que dispararan, también esperaba que lo negaran”.

Varias entidades denunciaron acciones represivas de FF.EE. como los habitantes de condominios y edificios donde elementos policiales arrojaron agua y gases o irrumpieron causando daños. Y las operaciones que afectaron, en su momento, a las universidades de Concepción, Arcis, Umce, Católica de Valparaíso, Usach, la sede de la CUT y la Catedral de Coyhaique. Enojo provocó cuando los carabineros dispararon balines con pintura contra jóvenes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Todavía está en la retina la represión contra manifestantes medioambientalistas en la Plaza Italia y el centro de Santiago.

256 millones de pesos en bombas lacrimógenas

De acuerdo a informaciones publicadas en diversos medios, en lo que va de 2011, el Gobierno y Carabineros gastaron más de 256 millones de pesos, unos 545 mil dólares, en la adquisición de unas 25 mil bombas lacrimógenas.

Varios de esos datos fueron confirmados en información enviada por la institución policial al presidente del Senado, Guido Girardi. Los datos indican que en 2008 se compraron cinco mil 700 lacrimógenas, en 2009 más de 6 mil, en 2010 más de 18 mil.

Hace años que se denunció el efecto tóxico y dañino para la salud que producen esos elementos lanzados contra personas. Pero un punto álgido de debate se instaló hace unos meses cuando el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Andrei Tchermitchin, dijo que las bombas lacrimógenas tendrían efecto abortivo. Se impuso el no uso de esos elementos, pero en unas 48 horas, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, indicó que seguían autorizadas a ser usadas por FF.EE., ya que no afectaban a las embarazadas.

Por Hugo Guzmán

Fotografías: www.fotomorfosis.cl

El Ciudadano Nº109, primera quincena septiembre 2011

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