La Dirección de la Justicia Penal Militar de Colombia remitió a la justicia ordinaria las investigaciones que adelantaba desde la semana pasada por la muerte del abogado Javier Ordóñez, en un caso de presunto exceso policial que derivó en manifestaciones violentas en la capital colombiana.
«Un despacho de esta jurisdicción (Justicia Penal Militar) ha decidido remitir a la Fiscalía General de la Nación las actuaciones que estaba adelantando en el caso de la muerte del señor Javier Ordóñez», indicó el Ministerio de Defensa en un breve comunicado.
Según el texto, «este tipo de decisiones se adoptan cuando los elementos de prueba recaudados no permiten afirmar que los hechos investigados tengan relación con actos del servicio».
El proceso era adelantado por la Justicia Penal Militar ya que los hechos en los que resultó muerto el abogado, de 45 años, se dieron en el marco de un acto de servicio policial, pero varias voces pedían que debía ser del resorte de la justicia ordinaria.
«Un comportamiento policial abusivo y violatorio de los derechos humanos, con despliegue de fuerza contra los ciudadanos, rompe con la función de la Fuerza Pública. Los hechos conocidos no tienen conexidad con el servicio y la competencia para juzgarlos es de la justicia ordinaria», escribió el procurador General, Fernando Carrillo, en su cuenta de Twitter, el 10 de septiembre.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) había asumido la investigación preferente del caso.
El comunicado del Ministerio de Defensa no precisó cuáles elementos de la investigación llevaron a la Dirección de a Justicia Penal Militar a considerar que los hechos investigados no se corresponden con actos del servicio por parte de, al menos, siete policías implicados en el hecho.
Sin embargo, declaraciones de los investigadores filtrados por la prensa local la semana pasada dan cuenta de la existencia de videos que muestran a los policías mientras golpean al abogado dentro de una estación a la que fue llevado bajo arresto.
El hecho se presentó en la noche del pasado martes (8 de septiembre), luego de que dos policías que sometieron en el piso y propinaron varias descargas eléctricas con una pistola tipo Taser al abogado Ordóñez en una calle de Bogotá.
El hombre fue llevado después a una estación de policía donde, según uno de sus amigos, fue «molido a golpes» por los dos agentes junto con otros más que estaban allí, luego de lo cual fue conducido a una clínica en la que falleció a los pocos minutos.
La prensa local también reveló un aparte de la necropsia, el cual da cuenta de que Ordóñez murió por «un fuerte golpe en la cabeza» y que su cuerpo presentaba varios golpes y afectaciones en órganos internos.
El caso derivó en protestas violentas en algunas de las principales ciudades del país entre el miércoles y viernes pasados, la mayoría de ellas en Bogotá y Soacha (un municipio vecino), en donde murieron 11 personas y 300 más resultaron heridas, mientras que 60 instalaciones policiales fueron afectadas, buena parte de ellas incendiadas por la turba.
A raíz de la muerte de Ordóñez y de las manifestaciones violentas, políticos de la oposición y varios sectores sociales piden al Gobierno que haga reformas en la Policía Nacional y que incluso la institución deje de depender del Ministerio de Defensa y sea del ámbito de la cartera del Interior.
Cortesía de Sputnik
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