El pasado 7 de febrero, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó, en un fallo dividido, el sobreseimiento definitivo de la causa en contra de Nicolás Bustamante, poniéndole fin a casi tres años de judicialización, que parten desde cuando su residencia fue allanada por supuesto consumo de marihuana el 26 de marzo de 2021.
La Fiscalía, que buscaba condenar a Bustamante a 5 años de presidio menor en su grado máximo, acusó al ex candidato a concejal de Doñihue de cometer el delito de tráfico de drogas al conseguir como prueba -producto del allanamiento- hojas, tallos y tres troncos, además de una bolsa con flores de plantas de cannabis. Pero estas plantas el imputado las necesitaba para un tratamiento médico.
“En todo aspecto se me afectó: en el tema político, en mi tratamiento médico, como esposo, como candidato a concejal; me cortaron las alas y este proceso buscó eso mismo”, lamentó Bustamante, quien después del juicio confesó “sentirse muy tranquilo, porque por fin estoy absuelto de esta injusticia que no solo me hizo daño a mí, también a todo mi entorno”.
Cabe recordar que además de estar un mes en prisión preventiva, el docente debió pagar una insólita caución de $1.500.000.
Sin embargo, pese a la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua a favor de Nicolás Bustamante, el fiscal adjunto de Rancagua, Jorge Mena Ocares presentó un recurso de nulidad, insistiendo en su intención de encarcelar a un paciente que contaba con prescripción médica.
Diputada Gazmuri: Argumentos del Ministerio Público «resultan insólitos»
Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), recordó que el tribunal resolvió por mayoría que la conducta de Bustamante, se encuentra amparada por la causal de justificación que contempla el actual inciso segundo del artículo 8 de la Ley N° 20.000, incorporado por la Ley N°21.575 (conocida como Ley Antinarco, promulgada el 23 de mayo del 2023), en cuanto “el cultivo de especies vegetales del género cannabis se entenderá justificado cuando está destinado a la atención de un tratamiento médico».
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, planteó que los argumentos que esgrime el Ministerio Público «resultan insólitos, y revelan una falta de voluntad absoluta para reconocer la vigencia de la nueva norma y sus alcances».
Indicó que el fiscal Mena, persecutor de la causa, señala que quienes cultivan cannabis enmarcados en un tratamiento médico solo están facultados para cultivar sus plantas de cannabis, pero no así para cosecharlas ni guardarlas, requisitos básicos para su posterior uso medicinal.
Al respecto, expuso que «esta interpretación resulta absurda, y está absolutamente reñida con la historia de la ley y la intención de los legisladores que participamos en la tramitación de la nueva norma, que buscaba evitar la persecución que sufren los pacientes que cultivan cannabis con supervisión médica».
La parlamentaria cuestionó que el persecutor insista en no querer comprender, a pesar del despliegue de testigos y expertos, «que no todo el material cosechado sirve para ser usado, sino solo las flores o cogollos».
«Ramas, tallos, hojas, no sirven, y las plantas recién cosechadas tienen el 60% de su peso en agua. Se equivoca el ministerio público al señalar que tres plantas son demasiado e insistir en perseguir a Nicolás por delitos que el tribunal ya desestimó tras escuchar a testigos y expertos y pesquisar todas las pruebas que se presentaron durante la investigación», agregó Gazmuri en una carta pública.
«Resulta incomprensible la inmensa energía, los cuantiosos recursos públicos derrochados en perseguir pacientes e insistir en su condena, desviando esfuerzos que debiesen estar concentrados en la persecución del crimen organizado que hoy asola nuestros territorios», criticó.
«Confiamos plenamente en el gran trabajo que realiza la Defensoría Penal Pública, la que defenderá este fallo en la Corte», dijo.
En calidad de presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gazmuri manifiesto su profunda preocupación «por el daño causado a la salud física, mental y emocional de personas enfermas y de sus familias, con esta insensata persecución».
«El Estado de Chile debe dejar de perseguir ciudadanos inocentes. No Más Presos Por Plantar», afirmó.
A continuación, puedes leer la carta de la diputada:
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