El pasado 16 de abril el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex senador, Jaime Orpis, a 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos de fraude al fisco; y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho en el marco del «caso Corpesca», y se confirmó que que ni el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado buscarán extender la pena dictada.
Según consignó La Tercera, la Fiscalía Centro Norte estimó que el fallo del tribunal no adolece de vicios de nulidad y que se ajusta a derecho, por lo que no recurrirá ante la Corte Suprema ni la de Apelaciones, así como tampoco pedirá que se realice un nuevo juicio.
Ya terminado el plazo para presentar recursos, se constató que el CDE tampoco solicitó modificar la sentencia, y así como el Ministerio Público, hay conformidad con lo obrado por el tribunal que revisó el largo juicio contra el ex militante de al UDI y quien se convirtió en el primer político chileno condenado por corrupción a pena efectiva de cárcel.
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Cabe destacar que la condena se reducirá al abonarse el tiempo que Orpis ya pasó recluido, con lo que estará algo más de tres años en la cárcel.
La defensa del ex parlamentario pretende anular la condena por cohecho, pero de no aceptarse este recurso, solicitarán que la corte santiaguina aplique los beneficios de las penas sustitutivas y que éste pueda cumplir su sentencia en libertad..
En el caso de los acusados, tampoco recurrió la empresa Corpesca S.A. -perteneciente al grupo Angelini-, y deberá acatar el fallo, que la condena a pagar poco más de 517 millones de pesos por violar la Ley de Responsabilidad Penal Jurídica al entregar dinero tanto a Orpis como a la ex diputada Marta Isasi (PRI-Ind) para ser favorecida durante la tramitación de la Ley de Pesca.
Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) es el único querellante de la parte acusadora que cuestiona la pena contra el ex senador, pues el año pasado fue absuelto de delitos tributarios por voto de mayoría, a pesar de que el ente denunció el que facilitara 78 boletas ideológicamente falsas.
Las magistradas habrían desestimado que al momento de solicitar a cercanos y asesores que emitieran boletas falsas –justamente el origen del caso Corpesca– Orpis cometiera la conducta sancionada en el Código Tributario.
El abogado del SII, Manuel Navarrete, objetó que en el veredicto se reconozca que la intención detrás de la entrega de esas boletas era «posibilitar a través de un medio idóneo que el receptor de ellas pudiese rebajar su base imponible en forma irregular», al tiempo que «se descarta el dolo, pues confunden lo que la doctrina denomina como ‘motivación con el dolo’, al considerar que su voluntad no era otra que obtener el dinero para financiamiento de sus campañas y deudas», reseñó Cooperativa.
Por lo demás, en su recurso advierte que «llama la atención que se citen dos fallos relativos a la solicitud de desafuero del ex senador Fulvio Rossi (antes militante del PS) y no se consideren los fallos que acogieron la solicitud de desafuero del propio ex senador Orpis y la ampliación del mismo, pronunciados por esos mismos tribunales superiores de justicia», como el del tribunal de alzada de Santiago, que lo resolvió tomando en cuenta los delitos tributarios que en ese entonces se le imputaban, y que incluso fueron citados por una de las magistradas en diciembre.
Caso Corpesca
Cabe recordar que la fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien lideró el caso Corpesca -por financiamiento ilegal de campañas políticas y sobornos- pidió al tribunal que Orpis fuera condenado a 11 años tras las rejas; siete años de cárcel por los dineros defraudados al Fisco y otros cuatro años por sus actos de cohecho.
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En el caso «Corpesca» se investigaron las triangulaciones de dineros entre las asignaciones parlamentarias de Jaime Orpis y aportes de la empresa Corpesca-del grupo Angelini- a su campaña, y luego las consideraciones que él expuso, sin inhabilitarse, en la Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso.
La causa en su contra se originó por la querella de un ex asesor de la otrora diputada Marta Isasi (PRI-Ind), tras la que, en 2013 el Ministerio Público comenzó a indagar la relación de la legisladora con Corpescadurante la tramitación de la Ley de Pesca.
Posteriormente, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente se encargó de las indagaciones, y se estableció la relación con Orpis en este casos de corrupción que es uno de los más emblemáticos en la historia reciente del país
Desde 2015 en adelante, la Fiscalía reunió 250 pruebas, 103 testigos, 1.117 documentos, así como discos duros con correos y cajas con archivos desde el Congreso y oficinas de la empresa, para determinar cómo el entonces gerente general de la pesquera, Francisco Mujica -condenado en 2018-, pagó dineros a ambos legisladores para que favorecieran a la empresa en la tramitación de esa ley.
Según la acusación de la Fiscalía, Orpis recibió de parte de Mujica una serie de pagos a cambio de favorecer los intereses de la empresa en su rol como senador.
En concreto, los aportes sumaron más de $233 millones y fueron cursados mensualmente al margen del mecanismo legal de financiamiento de las campañas políticas.
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