A través de un comunicado, la CIJ informó que el recurso presentado por Argentina fue transmitido a la Casa Blanca, pero aclaró que “no se tomará ninguna acción en el procedimiento hasta que los Estados Unidos de América den su consentimiento a la jurisdicción de la Corte en este caso”.
El Gobierno argentino precisó que la denuncia presentada en La Haya acusa a Estados Unidos de no respetar las “inmunidades soberanas” argentinas y “su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”.
“La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”, subrayó el texto.
La nación suramericana consideró que “un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas, han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, frente a la cual el Gobierno Nacional acude a la CIJ para su resolución. En tal sentido, destacó que se le brinda “a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la justicia”.
En caso de que el Estados Unidos no acepte la competencia de la CIJ en el litigio, el Gobierno argentino sostuvo que “ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo” en consonancia con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del derecho internacional general.
La medida se suma al pedido que realizó a comienzos de esta semana el Ministerio de Economía argentino para que el organismo regulador bursátil estadounidense inicie una investigación que determine si el juicio estadounidense “es la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando el Comité de Determinación de Créditos Derivados de la Asociación (ISDA, por sus siglas en inglés) lo decide”.
Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a cuestionar el jueves a la justicia estadounidense e instó al mandatario de ese país, Barack Obama, a frenar el fallo del juez municipal.
“Con sus resoluciones quiere llevarse por delante la soberanía de un país, poniéndonos en un limbo jurídico”, sentenció la presidenta en referencia al bloqueo que determinó el juez neoyorkino respecto al pago de más de 500 millones de dólares que Argentina realizó a más del 92 por ciento de los bonistas que no recurrieron a la justicia estadounidense tras ingresar a los canjes de deuda de 2005 y 2010. “No existe la figura jurídica de retener, o se embargan o se distribuyen los fondos como dice su sentencia”, añadió.
Asimismo, la mandataria se refirió a una cláusula de la Constitución estadounidense, conocida como “separación de poderes”, que habilita al presidente norteamericano a emitir una comunicación de ese tipo a la justicia de su país.
“Esta facultad que le otorga su Constitución significa que un presidente le puede decir a un juez usted está interfiriendo en la relaciones”, explicó Fernández y recordó que ese mismo recurso fue utilizado por el ex presidente George W. Bush para evitar un embargo contra los fondos de la República del Congo.
“Bush intervino e invocó esta facultad contra el mismo fondo buitre” que hoy mantiene el litigio con la Argentina y bloqueó el embargo de bienes “por parte de [Paul] Singer, a pesar de que el jefe de este fondo es uno de los más importantes e influyentes aportantes del Partido Republicano”, concluyó la mandataria.
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