Foro universitario desmitificó prejuicios del Caso Bombas

Un foro informativo sobre el llamado Caso Bombas fue realizado en la Universidad Alberto Hurtado y fue organizado por estudiantes. Al encuentro llegaron familiares de los jóvenes detenidos, un abogado defensor y el representante de la Comisión Ética Contra la Tortura. En la oportunidad se hizo luz sobre las condiciones penitenciarias de los presos y sobre la preocupante situación política y jurídica a la que están sometidos.

Organizado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, este jueves 31 de marzo, tuvo lugar un foro informativo acerca de la situación de los detenidos en el marco del Caso Bombas.

Participaron en el encuentro familiares de los presos, el abogado defensor Julio Cortés y Pablo Ruiz, representante de la Comisión Ética Contra la Tortura, quienes destacaron la incoherente situación jurídica del caso ante la inminente audiencia de acusación y la situación de huelga de hambre que mantienen los detenidos desde el 21 de febrero.

En 2006 comenzaron las investigaciones sobre explosiones de varias bombas puestas en Santiago. Tras cinco años de pesquisas, 15 personas fueron encarceladas el 14 de agosto del año pasado bajo la ley anti-terrorista: Desde hace casi ocho meses, están esperando un juicio.

SITUACIÓN PENITENCIARIA

Los familiares de los presos subrayaron la situación deplorable que los presos padecen. Desde  cuarenta días atrás, ocho jóvenes hombres sostienen una huelga de hambre para que no se les aplique la ley anti-terrorista, internacionalmente denunciada por ser una negación de los derechos humanos.

En la última audiencia, piden un juicio a corto plazo y “el mejoramiento de su situación penitenciaria que los tiene en aislamiento”, explican parientes de los prisioneros. Ni siquiera tienen derecho a visitas, en el mejor de los casos, pueden esperar hablar con sus parejas un rato.

Pablo Ruiz, representante de la Comisión Ética Contra la Tortura,  señaló que las condiciones penitenciarias son “preocupantes”: están en huelga de hambre desde hace más de un mes pero no reciben atención médica directa. Por eso, la comisión pide una “misión de investigación” para hacer luz sobre la situación que están sufriendo.

Llaman la atención también respecto de los requisitos para que se cumpla un juicio justo. Impedir los “testigos protegidos”, quienes así pueden ser presionados o sobornados para testimoniar contra los acusados. Según Ruiz,  “son el argumento más contundente de la fiscalía aunque no se sabe quiénes son”. Se requiere un juicio a corto plazo y una igualdad bajo la ley entre los acusados de delitos común y político. “Los delitos políticos siempre están más perseguidos” explicó.

UN ASPECTO POLÍTICO-JURÍDICO INCOHERENTE

Julio Cortés, abogado defensor, se enfocó en el aspecto jurídico del “caso bombas” señalando que se trata de una “represión más intensa del Estado […] no una represión cualquiera, pero que está probando los límites hasta los cuales el Estado llega y el marco jurídico de la ley anti-terrorista”.

Según él, se está “aplicando el derecho de una manera insensata”. Precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó en  un informe del 2006 dos cuestiones acerca de la ley antiterrorista.  Primero, destaca que esta ley viola el principio de igualdad bajo la ley y segundo que no hay una definición adecuada de lo que son los delitos terroristas. Cortes añadió que “la ley que define los delitos como terroristas es tramposa”.

Otro tema que fue abordado en este foro, fue la incoherencia de las declaraciones de la Fiscalía. A principios de la investigación, en el 2006, la coordinación de las indagaciones involucraba al fiscal Xavier Armendáriz, quien sostenía que las pruebas y los antecedentes de los grupos sospechosos no eran suficientes para detenerlos.

En el 2010, con el cambio de gobierno, se criticó los escasos avances de las investigaciones: El fiscal Armendáriz fue reemplazado por el fiscal regional Sur, Alejandro Peña, quien procedió al allanamiento de casas ocupadas y a la detención de los actuales presos.

Los investigadores pretenden que los presos arrestados cumplen con elementos suficientes para que sean inculpados como terroristas. Uno de ellos es  la existencia de “distintos niveles jerárquicos”. Pero como el abogado explicó, las organizaciones en las cuales pertenecían los presos tenían un carácter anti-jerarquizado.

Sin embargo, la opinión política ya ha juzgado a los detenidos: Ya no son sospechosos sino culpables. Cortés apuntó al papel de la prensa en la construcción de esta opinión. Para romper este bloqueo mediático y los tópicos que están inculcados en la opinión pública,  se organizan marchas de solidaridad con los presos cada miércoles a las 19 horas en la Plaza de Armas de la capital.

Por ello, estudiantes asistieron al foro. Benjamín explicó su interés en el caso: “Me interesa porque en términos jurídicos no han  recibido un trato justo […]”. Para él, informarse es algo importante para “eliminar el quietismo”.

Rodrigo añadió: “Me interesa en el sentido de que es un tema político más que social, no es una injusticia más, sino una cuestión política de fondo [es importante de] dar y seguir dando voz a la discusión política […] de no callarnos”.

Este lunes se va a conocer la acusación concreta y a partir de esta, se va a fijar la fecha del juicio.

Por Mélissa Quillier

El Ciudadano