Fotógrafo denuncia hostigamiento y agresiones de Carabineros por no entregar imágenes de protesta

El viernes 20 de mayo, el reportero gráfico Cristián González tomó fotografías en la marcha contra el proyecto Hidroaysén. Ese día, el suboficial mayor Mauricio Muñoz fue atacado por varias personas, mientras sólo uno de los Carabineros que lo acompañaba se quedó a su lado para ayudarle. Las imágenes acusaron a una persona que lo golpeó con una tabla de skate. Días después, un carabinero de civil llegó hasta la casa del fotógrafo exigiendo sus imágenes, para identificar al agresor o “a cualquiera que se le pareciese”. Ante su negativa, González hoy denuncia hostigamientos y el miércoles recién pasado sufrió agresiones de un piquete de Fuerzas Especiales en la Universidad de Santiago. Todo «por negarse a colaborar».

El día 25 de mayo en la tarde, Cristian González, fotógrafo asociado a la Agrupación de Reporteros Independientes (ARI) recibió el llamado de quien decía ser un carabinero y estar en su casa, solicitándole que cooperase voluntariamente con fotografías para la investigación de la persona que atacó a Muñoz, un día antes del discurso de Piñera en Valparaíso.

Cristian pensó que se trataba de una broma y cortó. Minutos más tarde, su padre lo llamaba confirmándole que realmente estaba con los policías y que colaborara. “Los carabineros tenían todos los antecedentes personales y de mi familia”, explica. “Llegaron preguntando si vivía ahí mi hermana, pero luego dijeron que me buscaban a mí”, continúa.

Los efectivos ingresaron a la casa y le pidieron al padre de Cristian, Juan González, que los dejara revisar, a lo que éste no accedió. Luego de múltiples insistencias telefónicas, y la negativa del fotógrafo de entregar imágenes, quedaron de hablar al día siguiente. Sin embargo, tras una hora y media en el domicilio, antes de irse, el carabinero –que no se identificó, andaba de civil y portaba armamento- le dijo al padre de González que hablara con su hijo “para que entre en razón y entregue las fotos por la buena, ya que por la buena, o por la mala, yo vuelvo igual”, amenazó.

UN ASUNTO ÉTICO Y DE SEGURIDAD

Cristian explica que su negativa se debe a que no tiene la obligación de ceder su trabajo a las policías, ni de revelar sus fuentes, tal como lo establece la Ley de Prensa en su Artículo 7º del Título II, que establece el derecho “a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente».

Por otro lado, al colaborar con Carabineros quedaría tildado como “sapo”, por lo que arriesgaría agresiones en la calle, donde trabaja a diario. “Eso ya le ha pasado a otros fotógrafos antes”, comenta.

El oficial que llegó hasta su casa es el capitán Guillermo Villagra Soto, acompañado del cabo segundo, Daniel Pérez Osses, ambos del OS-9.

El capitán lo llamó al día siguiente para seguir insistiendo. “Tenía 25 llamadas perdidas de él”, dice González. Villagra le señaló que no dirían que él había pasado las imágenes, que quizás no las ocuparían, pero lo que más impactó al fotógrafo –y lo hizo aferrarse aún más a su negativa- fue que el carabinero le señaló que lo que querían era individualizar a alguien.

“No vamos a encontrar al que le pegó, pero dentro de las fotos buscar uno parecido y cargar a ese huevón”, le dijo. Además,  ofreció comprarle las imágenes, al precio que él pusiera.

González comprendió que la situación se estaba complejizando y decidió grabar una de las últimas conversaciones que tuvo con el capitán. En esta (escuchar audio más abajo), si bien no se aprecian todas las acusaciones que González hace, se nota el hostigamiento que el oficial hace al reportero.

Canal 13, Mega, La Tercera, ya entregaron imágenes a Carabineros.

“QUEDÉ MARCADO”

Cristián, finalmente, no accedió a entregar ninguna imagen a Carabineros, lo que le ha traído varios problemas. En las sucesivas marchas contra Hidroaysén a las que ha asistido a trabajar ha sido amenazado por efectivos de Fuerzas Especiales. Además, éstos se han burlado de un defecto físico que tiene, provocado por la glándula tiroides.

En la marcha de la Confech del pasado miércoles, las amenazas se concretaron en una agresión de un piquete de Fuerzas Especiales.

“No quisiste entregar fotos, guatón culiao, ahora la vai a pagar en la calle” y “aprovecha de sacar fotos, porque cuando te tengamos en la micro te vamos a sacar la chucha”, fueron algunas de las amenazas.

Luego se manifestaron con patadas que lo botaron al suelo y un golpe con un escudo (en la foto), que lo dejaron con una herida interior en la nariz y el rostro hinchado. Rodeado de gráficos que captaron la agresión, en las afueras de la Usach, Carabineros exigía las imágenes a los profesionales.

“Yo no creo que sea la última agresión, estoy marcado, encargado”, afirma el reportero gráfico.

LA VIEJA TÉCNICA

Por esta razón, un día después del allanamiento, el abogado Rubén Jerez Atenas, del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo a favor de Cristian, su padre y su madre, por este hecho y por las amenazas que Villagra hizo a su padre.

Jorge Zuñiga San Martín, presidente de ARI y del Sindicato de Trabajadores de Medios de Comunicación Independientes, es un experimentado fotógrafo que, lamentablemente, conoce muy bien los excesos de la fuerza policial, lo que puede confirmarse escribiendo “agresión a Jorge Zuñiga SM” en los buscadores de Internet.

En 2006, por ejemplo, en el marco de la llamada “revolución pingûina” quedó inconsciente y con un TEC cerrado tras ser golpeado en el cuello por un efectivo de Fuerzas Especiales (en la foto).

Zuñiga asegura que hoy Carabineros ataca a toda la prensa, pero aún más a la independiente. Considera que es grave que Carabineros tenga fichado a los fotógrafos que sólo hacen su trabajo y denuncia reiteradas prácticas policiales para apropiarse de las imágenes de las protestas e identificar a todos lo que participan.

En su calidad de dirigente sindical, afirma que en el caso de González se ha violado la libertad de trabajo y se ha puesto en peligro sus herramientas de trabajo, tanto en el allanamiento como en la agresión sufrida por el gráfico. Por eso la necesidad de implementar acciones judiciales.

Tras varios días sin respuesta de parte de la institución del Estado, Jerez y ARI estuvieron a punto de querellarse por desacato, ya que esta no había respondido el oficio al que la Corte daba 24 horas para su respuesta. Ésta llegó recién el jueves pasado.

LA RESPUESTA

El abogado Jerez dice que son varias las situaciones irregulares en la actuación de Carabineros: Llegan en busca de otra persona y hay un allanamiento sin ninguna orden judicial, los Carabineros no se identifican, visten de civil en un auto civil y portan armamento, así como las amenazas que hacen al padre de Cristian en relación a la entrega de las fotografías.

Por otro lado, estos mismos sujetos –no identificados- fueron denunciados en Valparaíso, el 21 de mayo pasado, por detener, en el mismo vehículo, a menores de edad -entre ellos, a Paulo Silva Huenchumil, de 15 años.

El abogado de derechos humanos considera insustancial la respuesta que hace Carabineros al oficio de la Corte, “ya que quedan varias situaciones, las más graves, sin responder”.

La institución, extrañamente de mano del propio general director, Eduardo Gordon Valcarcel, niega que los efectivos no se identificaran, así como que portaran armamento. “Toda vez que Carabineros no realiza ese tipo de acciones, las que son contrarias a la doctrina institucional y a la conducta que se le exige a sus funcionarios”, indica la respuesta.

“Se rechaza el amparo, en atención a que no existen fundamentos que permitan establecer que existe perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad del individuo amparado”, continúa.

Sin embargo, Jerez insiste en que no se explica el por qué del auto civil, el allanamiento ni el porte de armamento.

El Ciudadano solicitó la versión de Carabineros. Tras intentos con el teniente Arias y el teniente Sergio Rodríguez del Departamento de Comunicaciones de dicha institución, a la hora de esta publicación nuestras preguntas “fueron ingresadas al portal Chile Transparente, conforme a la Ley 20.285, por lo anterior se informa que su respuesta será en concordancia a lo estipulado en el Articulo 14”, el que da hasta 20 días (extensibles) a la Institución para responder. Este sería el conducto regular para estos casos, según informaron los uniformados.

Mientras tanto, González y su abogado, estudian la realización de nuevas acciones judiciales.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano