(Fotos) Ciudadanos denuncian corrupción en los desalojos en Ciudad de México

La red de desalojados convocó la primera movilización pública en la que «velaron» al Tribunal de Justicia, ante su falta de respuesta para resolver conflictos que los han despojado de sus casas en la zona central de la capital mexicana

En México, el proceso de gentrificación, como se ha bautizado al recambio de la población de las zonas centrales en las principales ciudades del mundo, puede ser aún más violento y arbitrario que en otras urbes.

Aunque los afectados habían logrado el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México para frenar sus desalojos en tanto se estudiaran sus reclamos, al menos dos predios en lucha fueron desalojados en la última semana. Según datos oficiales, se producen 3.000 desalojos al año en toda la Ciudad de México. 

Por esta falta al compromiso asumido por las autoridades (en mesas de diálogo que iniciaron dos meses atrás) los vecinos hicieron una «marcha fúnebre» hacia el Tribunal Superior de Justicia, al que señalan como responsable de estar matando sus posibilidades de una defensa adecuada, respaldando así su expulsión. 

Con un cajón y flores, una decena de «lloronas» marcharon acompañadas por las figuras que permiten esta forma de extractivismo urbano: el capital inmobiliario. Argumentan que se trata de un sector con el dinero suficiente para mantener cautiva a la Justicia, así como el actuario representa el funcionario brazo ejecutor del sistema judicial que está plagado de actos de corrupción, en perjuicio de los más pobres.

¿Cómo funciona este mecanismo de despojo?

Por un lado, jueces emiten órdenes de desalojo sin comprobación efectiva sobre quién detiene el derecho a la propiedad. Así, han ocurrido decenas de desalojos con contratos de renta fraguados o con documentos notariales abiertamente falsos, denuncia la red de desplazados.

Así fue el caso de Zapata #42, uno de los predios en lucha que fue desalojado el pasado 15 de agosto. También es el caso de una madre soltera desalojada con su hija menor de 1 año que rentaba un departamento del edificio de Puebla #261, el 11 de julio.

Mientras marchaba con su bebé en brazos, contó por qué su caso es una clara evidencia de corrupción: «la primera notificación que supuestamente me hicieron fue el día del parto de mi hija, mientras yo estaba en el hospital, y la otra está firmada por un hombre que se presenta como mi marido, ¡que no tengo!», resaltó.

Además de los procedimientos legales cuestionables, los desalojados enfrentan un estigma que los criminaliza como «ocupantes ilegales» o que, recientemente, los ha llevado a enfrentar procesos penales acusados del delito de «despojo», cuando han sido ellos los perjudicados del mismo. 

Según cálculos de la autoridad del Centro Histórico, más de la mitad de los inmuebles de la zona central han quedado en un limbo jurídico, «sin dueño», como expresan los afectados. 

La red explica que el Código Civil mexicano reconoce que, si el dueño de un edificio lo abandona por más de 10 años, puede perder la propiedad del mismo en favor de quienes lo habiten. Esto es lo que los afectados venían reclamando cuando los desalojos arbitrarios les cortaron la posibilidad.

¿Cuáles fueron las respuestas del Tribunal?

Tras la manifestación, una comisión de la red de desalojados fue recibida por Héctor Casillas, jefe de la oficina de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y Eliseo Hernández, asesor del Presidente en materia de justicia civil. 

La red pidió que los representantes faciliten una reunión con el Presidente del Tribunal, Rafael Guerra, que fue prometida para el mes de octubre; también, pidieron conocer y participar de la discusión sobre un «protocolo para desalojos» que elabora la institución, que según les dijeron, les compartirán en la segunda quincena de septiembre.

Hernández conocía los casos. Fue quien participó de las mesas de diálogo que los afectados vienen manteniendo con las autoridades capitalinas. El jerarca reiteró la postura del Tribunal que sugiere a los desplazados a que lleven al capital inmobiliario a negociar a los centros de justicia alternativa y que denuncien a los funcionarios corruptos ante el Consejo de la judicatura.

El consejo, sin embargo, ha sido cuestionado por los afectados que argumentan la inviabilidad de una negociación con quienes han llevado adelante prácticas criminales, sobre todo considerando todo lo sufrido en hostigamiento y violencia.

El problema, señalaron los manifestantes, es que «negociar» con el gran capital es imposible, cuando en el grueso de los casos de desalojo, prácticamente nadie ha logrado siquiera defenderse judicialmente de las «ilegalidades y presiones indebidas» con las que sus representantes han venido apropiándose del bien común, creado por quienes sí habitan la capital.

Cortesía de Eliana Gilet Sputnk

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