La policía uniformada debió enviar un oficio al fiscal Miguel Ángel Orellana cifrando pagos por concepto de desahucio a 52 personas, donde se detallaba -entre otros puntos- el monto que recibieron por dicho concepto, luego de que se cursara su retiro.
Con esto, la fiscalía solicitó al 7º Juzgado de Garantía retener el pago de desahucios de 20 ex carabineros, a quienes todavía no se les entregaba este dinero debido a que su retiro aún estaba en trámite.
El equipo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, buscaba cautelar fondos ante posibles acciones civiles, como también eventuales multas a los imputados tras concluir el proceso penal. Como la petición no fructificó en primera instancia, la fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones.
La Octava Sala del tribunal de alzada revirtió la decisión y ordenó retener los montos, que sumados por los 52 uniformados se llega a $1.963.721.273.
Sin embargo, restando a quienes se les congeló el pago -como también a nueve de ellos que no pueden recibir jubilaciones, debido a que no cumplieron 20 años de servicio, como capitanes y tenientes-, queda un grupo de 23 imputados a quienes la institución les otorgó $908.110.854.