Fujimori condenado a 25 años por violación a los DD HH

No hay deuda que no se pague. Y la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú lo acaba de confirmar al sentenciar al ex presidente peruano, Alberto Fujimori, a una condena de 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante su mandato.

Fujimori se convierte así en el primer ex presidente elegido democráticamente condenado por delitos contra las personas. Se trata del de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en los que 25 personas murieron en 1991 y 1992, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Fujimori, de 70 años de edad, fue hallado culpable. El juez San Martín, presidente de la sala, señaló que se habían probado crímenes de homicidio calificado y secuestro agravado, que configuran «según el derecho internacional, crímenes contra la humanidad».

San Martín, explicó que los delitos por los que fue procesado Fujimori, tuvieron el agravante del trato cruel, al tiempo que anunció que se atribuyó la modalidad de autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, por el dominio concreto que ejerce el mandante sobre la organización y no sobre el ejecutor inmediato.

El fallo condenatorio acusa que los delitos fueron ejecutados por agentes públicos del Estado, miembros del grupo militar encubierto Colina, y que a las víctimas se les atribuyó una vinculación con la banda armada Sendero Luminoso.

La condena implica que el ex mandatario, de 70 años, cumplirá 25 años en prisión hasta el 10 de febrero de 2032, y que además tendrá que pagar indemnización a 29 agraviados.

TERRORISMO DE ESTADO

Durante el fallo se consignó que no existió voluntad institucional «de esclarecimiento sobre los crímenes de violación de los derechos humanos, la respuesta fue lamentable y obstaculizadora, (pues) fueron al objetivo de negar los hechos y no contribuir a esclarecer los hechos».

El fallo apuntó que fue «tan impresionante el mecanismo encubridor, que se mantuvo firmemente en el tiempo, pero no pudo expresarse ni consolidarse sin el apoyo del jefe de Estado».

Pese a esto, Fujimori defendió a ultranza a su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, quien movió los hilos de los organismos represivos del Estado.

El grupo Colina actuó bajo órdenes de los organismos comandados por Montesinos, quien a su vez rendía cuentas de sus actividades en forma regular a Fujimori.

Para apoyar su función represiva, los agentes del Colina recibieron la promesa de que serían amnistiados por Fujimori, tras ser sometidos a la justicia militar por el caso La Cantuta en 1994.

Así efectivamente sucedió y recuperaron su libertad en 1995, cuando el ex presidente fue reelecto y los amnistió.

Dicha ley de amnistía, dictada por Fujimori en 1995, no sólo permitió la liberación de los integrantes del Colina, autores de 50 asesinatos en 15 meses de actividad, sino que se archivaron todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas hasta entonces, agregaron los antecedentes de la sentencia.

RECURSO DE NULIDAD

Segundos después de escuchar la sentencia, Alberto Fujimori interpuso un recurso de nulidad.

En tanto, su hija Keiko Fujimori dijo que “el fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados… saldremos a mostrar el apoyo abierto al mejor presidente de nuestro país”.

La heredera política de Fujimori agregó que “nos sentimos orgullosos del trabajo que ha realizado, sobre todo con el terrorismo de Perú”.

El Ciudadano