Funcionario estatal en ejercicio enfrenta querella por asesinato y tortura

Han pasado más de cinco años, desde que el abogado Guillermo Kegevic se hizo cargo de la querella en contra del actual Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, Enrique Vicente Molina, por su presunta participación en la muerte del Prefecto de Investigaciones, Juan Bustos Marchant, en mayo de 1974.

Hasta ahora, el caso avanzaba y se estancaba, pero la presión de las hijas del ex prefecto y el trabajo del abogado, ha permitido que el caso no sólo se reabra, sino que han dado un paso que permitirá dilucidar las reales causas de muerte del policía.

Enrique Vicente Molina es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y desde 1986 oficia como Director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, representando al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ahora se encuentra implicado en el presunto homicidio de Juan Bustos Marchant, quien fue el Prefecto de Investigaciones en la V Región durante el gobierno del presidente Salvador Allende Gossens.

La historia oscura del Procurador Fiscal, salió a la luz pública en el año 2006, cuando la periodista que escribe este artículo denunció estos hechos públicamente. Dando con los expedientes navales correspondientes y a los que tuvo acceso en forma exclusiva, donde consta la relación directa que Enrique Vicente tenía con la detención y posterior muerte del prefecto Juan Bustos Marchant.

NO SE SUICIDÓ

El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial, hasta el 2006, fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación.

Hasta ese año se había sostenido la tesis irrefutable que el ex prefecto se había suicidado. Sin embargo, corría también el rumor que el Prefecto de Investigaciones podría haber sido obligado a dispararse. El expediente naval quedó por años guardado bajo llaves, sin que nadie pudiese tener acceso a una parte de la verdad de esta historia y que, luego de develarse, pasados más de 40 años, su familia comenzó a recorrer los episodios de la muerte del Prefecto aunque nunca lograron conocer a cabalidad toda la información y pasajes oscuros que conforman, hasta hoy, esta historia.

Desde el año 2006, antecedentes nuevos recogidos por investigaciones realizadas por peritos y por Guillermo Kegevic, abogado que representa a las hijas del Prefecto, Pamela y Gloria Bustos, han originado una nueva mirada respecto de los últimos momentos en que el padre estuvo vivo y en cautiverio, en poder de la Armada de Chile, en Valparaíso.

Hoy, las investigaciones indican que es dudosa la posibilidad de un suicidio, ya que existen nuevos y contundentes argumentos para pensar que su muerte se debió lisa y llanamente a un homicidio perpetrado dentro de las dependencias de Investigaciones de la Región. Así queda de manifiesto en la solicitud de exhumación del cuerpo del malogrado detective, con el que la familia pretende que se determinen exactamente las causas de muerte y la forma en que Bustos Marchant fue ultimado.

CRÓNICA DE LA MUERTE DE BUSTOS MARCHANT

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios, y después del general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.

Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.

Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.

Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Allí le contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio al resto de la familia, amigos y colegas, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

«INTERROGADO POR DROGAS Y ARMAS INEXISTENTES»

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.

Sin embargo, Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento al director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, sobre lo sucedido. En esa misma ocasión, Bustos Marchant, reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.

El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Vicente Molina argumenta que si no se hubiera presentado habría sido considerado «desertor en tiempos de guerra». Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: Actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran.

Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en esa institución, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.

Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente, el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas. Hay constancia en el expediente con fecha 30 de abril de ese año. El fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaban al ex prefecto Bustos.

Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos. Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad de la época.

Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, un día feriado (1º de mayo) para visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: «Me tienen liquidado», dijo. Al día siguiente, Bustos Marchant apareció «suicidado».

Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina, en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿Cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?

«Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte», dijo su hija Pamela Bustos. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, hoy ya fallecida sin encontrar la verdad y menos justicia, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, «pues no se le había comprobado nada», le dijo en ese entonces según relataba.

BUSTOS FUE SEGUIDO POR EL SERVICIO DE INTELIGENCIA NAVAL

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.

Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval estadounidense y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos de ultra derecha, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, en 1970.

Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.

Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, quien resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.

Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.

Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato para la derecha y el alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

CARGOS POR HOMICIDIO

El caso de Juan Bustos Marchant, está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes e investigaciones apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval, con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.

El 19 de noviembre de 2010, el abogado querellante, Guillermo Kegevic, logró después de reiterados intentos y obstáculos que se declarara admisible la solicitud de exhumación de los restos de Bustos Marchant, enfatizando que existen argumentos sólidos para determinar que la causa de muerte no fue suicidio, sino homicidio, perpetrado por uniformados de la marina nacional, cuyo mayor responsable sería, entonces, el procurador fiscal del CDE de Valparaíso, Enrique Vicente Molina.

En efecto, en la causa ROL 143.578-2004, el jurista afirma que de acuerdo a declaraciones prestadas tanto por sus hijas y las indagaciones realizadas con posterioridad (fojas 74 y 76) ambas señalan que de lo único que tuvieron antecedentes en ese entonces, fue que el impacto de bala fue perpetrado por la sien izquierda, en circunstancias que el prefecto era diestro, y el ángulo de entrada de la bala es de arriba hacia abajo, difícil para que se lo haya autoinferido. Es necesario destacar que la familia no tuvo acceso a ver el cadáver puesto que les fue entregado en una urna sellada.

Por otra parte, en la exhumación, afirma el abogado Kegevic, “buscamos determinar el arma de fuego utilizada para ultimarlo, debido a que los informes del Sumario de Investigaciones y el Protocolo de Autopsia son contradictorios”.

Efectivamente, en el sumario realizado por Investigaciones (fojas 96) determina que el arma utilizada sería de calibre 7,65 milímetros, pero en el protocolo de autopsia /fojas 161) informa que el calibre del arma sería de 32 milímetros y que fue disparada con una pistola cuyos proyectiles son protegidos por un forro o camisa metálica distinta del plomo y, por consiguiente, pueden atravesar completamente el cráneo.

Kegevic es enfático en el esclarecimiento de esta causa, toda vez -afirma el abogado- “que tanto la familia como el país necesita conocer los antecedentes reales de la causa de muerte de un funcionario de alta envergadura como lo fue el señor Juan Bustos Marchant. Es necesario, señala, determinar con exactitud si la víctima fue torturada antes de morir, puesto que de acuerdo al protocolo de autopsia, el prefecto presentaba algunas anormalidades que hacen de este caso una muerte más con gran similitud al deceso del señor José Tohá González, de quien también informaron que se había suicidado y hoy está apareciendo una verdad que descarta esa hipótesis”.

Para Kegevic, lo importante es determinar con precisión los antecedentes de la autopsia y eso sólo se logra exhumando el cadáver para extraer la mayor cantidad de antecedentes que permitan llegar a la verdad que la familia del prefecto, sus hijas en este caso, reclaman. Por ejemplo, dice el jurista, existen dudas razonables en el informe de autopsia fechado el 21 de junio de 1974, practicado por el médico legista Carlos Sotomayor Pozo, que señala que el prefecto “presentaba un orificio de entrada del proyectil situado en el lugar más común usado por los suicidas, situado en la sien derecha, entre la cola de la ceja y el pabellón de la oreja, contrario a lo que dice el informe que se hizo el 2 de mayo del mismo año.  Así como también asegura que el cuerpo de Bustos Marchant “no presentaba signos de lucha ni otras lesiones que pudiera atribuirse a acción de terceros”. Informó, además que de acuerdo al peritaje, el arma utilizada podría tratarse de una calibre 32, donde -además- no se encontró signos de apoyo del arma usada, en la piel, por haber sido borrada al limpiar la herida.

Pero, el informe de autopsia realizado en Viña del Mar, el 02 de mayo de 1974,  es decir, un día después del deceso del prefecto, afirma que Bustos Marchant llegó con vida a la asistencia pública (Hospital Van Buren) y que después de cuatro horas aproximadamente falleció. Además, en este informe  se  lee que  el Prefecto Juan Bustos Marchant, presentaba dentadura incompleta, faltando gran número de piezas dentarias superiores. Para Kegevic, “este es un dato realmente importante, así como la contradicción entre un informe y otro sobre el calibre del arma utilizada”. Es decir, existen elementos realmente contundentes para iniciar un nuevo proceso investigativo que se adjunte al que hasta ahora hemos llevado y eso sólo lo obtendremos con la exhumación y la práctica de nuevos peritajes en el cuerpo del prefecto Juan Bustos Marchant”.

PRONTA EXHUMACIÓN

El 29 de noviembre de 2010, el abogado Guillermo Kegevic, apeló ante la negativa de permitir la exhumación del cadáver de Bustos Marchant por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en primera instancia por la ministra Eliana Quezada Muñoz; sin embargo, el 13 de enero, la misma Corte de Apelaciones revocó la decisión de la ministra Quezada, devolviéndole el expediente a la Ministra y la exhorta para que dictamine la ejecución de todas las diligencias pertinentes que permitan aclarar la muerte del  policía. La diligencia de exhumación, en principio, se estaría planificando para estos días de marzo.

Una de sus hijas, Pamela Bustos, quien vive en el extranjero, ya viajó a Chile para presenciar la exhumación y prestar declaraciones ante la justicia para colaborar con todo lo que ella sabe y recuerda del período en que su padre comenzó a verse involucrado en un seguimiento cruel que terminó con su muerte y la desmembración de la familia, quienes fueron obligadas a sumirse en el silencio por el temor de perder la vida también.

Este procedimiento se interpreta como un golpe para el actual procurador fiscal del CDE, Enrique Vicente Molina, puesto que la causa ha cambiado la carátula, quedando bajo el ROL IC-816-2010, rol 143578-2004, radicada en el ex segundo juzgado del crimen de Valparaíso, seguida contra Enrique Vicente Molina y otro, por el delito de Homicidio, artículo 391 N°2, aunque siga ejerciendo su cargo de funcionario del Estado.

Por Claudia Molina B.

Exclusivo para El Ciudadano