Gendarmería decide proteger «derechos» de Álvaro Corbalán y censura historial de sanciones en Punta Peuco

El ex jefe de la CNI pidió expresamente que no se le entregara información a El Ciudadano.

Gendarmería decide proteger «derechos» de Álvaro Corbalán y censura historial de sanciones en Punta Peuco

Autor: Matías Rojas

Corbalán

Teléfonos celulares, computadoras, módems con acceso a internet, cervezas y hasta pasaportes falsos conforman el cóctel de objetos prohibidos que han sido encontrados en poder de Álvaro Corbalán, ex jefe de la temida Central Nacional de Informaciones (CNI), al interior de Punta Peuco.

Bastó una carta enviada a Gendarmería de Chile por el otrora mandamás de la inteligencia de Pinochet para que la institución rechazara informar detalles de las investigaciones internas que se realizaron para establecer la manera en que dichos elementos incautados llegaron ahí.

Hace más de un mes, El Ciudadano pidió – en función de la Ley de Transparencia – un listado pormenorizado de todos los procedimientos de registro y allanamientos realizados al militar en retiro, los cuales llevaron al Ministerio de Justicia a determinar su traslado a la Cárcel de Alta Seguridad por infracciones reiteradas en noviembre de 2015.

A través de esta solicitud, El Ciudadano exigía transparentar, en un plazo acotado, las medidas que Gendarmería tomó con posterioridad a junio de 2012, cuando funcionarios del Departamento de Seguridad institucional requisaron un notebook Samsung y un PC genérico en la celda de Corbalán, cuyo análisis mostró datos sorprendentes.

El hallazgo fue revelado en exclusiva por este medio de comunicación en enero, graficado en un Informe Ejecutivo de circulación interna que transcribió los textos de correos electrónicos enviados a diversos jefes de Gendarmería por Álvaro Corbalán, quien solicitaba ayuda para hacer llamadas telefónicas, usar internet, mejorar la situación de funcionarios de confianza y tomar represalias contra disidentes.

En uno de los casos, Corbalán aparecía enviando un correo al actual director de Gendarmería Tulio Arce, adjuntando copia del famoso “Memorándum Secreto” que el represor preparó a Sebastián Piñera para montar una operación destinada a perjudicar a Bachelet desde La Moneda.

Corbalan2Así las cosas, la respuesta que obtuvimos no fue muy alentadora. Gendarmería estimó que algunos antecedentes no podían ser entregados, ya que la honra de Álvaro Corbalán estaba en juego. Así lo informó la abogada Marcela Saavedra, encargada de la Unidad de Atención Ciudadana de la institución.

La jurista planteó que, atendido el contenido de la información solicitada, “su comunicación o divulgación provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada, que nuestra Constitución Política de la República reconoce a todas las personas… En tal sentido, cabe informar que este Servicio Público podrá hacer entrega de todos los antecedentes requeridos aplicando el principio de divisibilidad, toda vez que el interno notificado, en su oportunidad, ha manifestado de manera expresa y por escrito su negativa a la entrega de la información”.

Por lo anterior, además de tachar con negro parte de los informes requeridos, también fueron sacadas numerosas fojas de la investigación que se inició para esclarecer responsabilidades por el incidente del “Memorándum Secreto” a Piñera y sospechosos tratos privilegiados de gendarmes a Corbalán, según denunciara un reportaje de CIPER en abril de 2012.

En tanto, un documento elaborado por el actual alcaide de Punta Peuco, Jonny Avilés Ojeda, también fue censurado en varias de sus líneas. No obstante aquello, el citado informe ratifica la existencia de discos duros incautados a Corbalán en junio de 2012, tal como este medio revelara en una extensa publicación.

Según Avilés, los internos de Punta Peuco “accedieron en distintas fechas a internet (correos electrónicos y navegación a páginas web), inclusive el día del operativo… estuvieron conectados y no alcanzaron a cerrar sesiones”.

Recordemos que a inicios de este año, el Departamento de Comunicaciones de Gendarmería puso en duda la existencia del allanamiento.


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