Sendos recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago presentó el director de Gendarmería, Jaime Rojas, con el propósito de bloquear peticiones amparadas en la Ley de Transparencia, realizadas por estudiantes de la Universidad Católica de Chile, que buscan acceder a información relacionada con el monitoreo de sujetos condenados por delitos a través de aparatos electrónicos.
El año pasado, en medio de la crisis que afectó al servicio tras el escándalo de pensiones abultadas, licencias médicas improcedentes y otras irregularidades que provocaron la salida del coronel Tulio Arce, entonces mandamás de la institución, la efectividad del sistema de tobilleras fue duramente cuestionada.
«Frente a un corte masivo del servicio eléctrico no se activan de inmediato los servidores de respaldo y la ubicación del individuo que porta el mecanismo se dificulta si este se moviliza en bicicleta o en un automóvil», reveló El Mercurio el 29 de mayo de 2016, citando informes del ingeniero de la Subdirección de Administración y Finanzas, René Miranda, quien abandonó el organismo denunciando la existencia de un «desfalco» de recursos públicos.
Los reclamos de ilegalidad que Gendarmería interpuso ahora ante el tribunal de alzada capitalino pretenden borrar las decisiones favorables que adoptó el Consejo para la Transparencia (CPLT) respecto a dos amparos tramitados en dicho ente por Maximiliano Chávez y Matías Bobadilla, alumnos de último año de la carrera de Periodismo, quienes apelaron hace algunos meses a la denegación de antecedentes sobre el telemático efectuada en primera instancia.
Así, el CPLT dispuso, en uno de los casos, la entrega del «número de alarmas generadas por el Departamento Telemático, respecto al total de condenados supervisados durante los meses de agosto y septiembre del año 2016, divididas por comuna y en porcentaje a qué tipo de infracción correspondían», precisando la cantidad que fue derivada a Carabineros de Chile en el mismo período.
Intentando anular esa y otra resolución similar, el abogado Hugo Vargas, asesor de la Dirección Nacional de Gendarmería, planteó en un escrito que el CPLT efectuó «una interpretación errónea de las normas aplicables en el caso, que no hacen sino exponer al Servicio y a sus funcionarios a vulneraciones al principio de Responsabilidad Administrativa, y a infringir los derechos de las personas involucradas de manera directa en las diferentes medidas alternativas a la pena».
Para marcar su posición, Gendarmería citó la ley que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad y determinaría, bajo su interpretación de la norma, «la restricción del acceso a la información de los antecedentes obtenidos por la aplicación del monitoreo telemático».
De esta manera contrarió lo resuelto por el Consejo, que en favor de los estudiantes observó que «el órgano requerido no aportó elemento alguno que permita acreditar que la entrega de la información pedida produzca una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva sobre algunos de los derechos de los involucrados».
Para Maximiliano Chávez, uno de los que pidió los datos a Gendarmería en el marco de una investigación periodística, el actuar de Gendarmería en este caso levanta sospechas.
«Hay evidencias de que el sistema de monitoreo telemático no funciona como debería y estamos hablando de una inversión pública de 35 mil millones de pesos. Que Gendarmería se niegue a transparentar datos sobre el funcionamiento del sistema no hace otra cosa que generar más suspicacias», señaló en conversación con El Ciudadano.
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