Gendarmes acusan que medidas para descongestionar cárceles sólo durarán un año

Las organizaciones de funcionarios de Gendarmería manifiestan insatisfacción ante las medidas anunciadas por el gobierno para disminuir la sobrepoblación de presos que provocó el incendio de la cárcel de San Miguel.

El sistema carcelario chileno mantiene 55 mil 495 personas privadas de libertad, en espacios que apenas alcanzan las 33 mil plazas. Desde 1985, cuando las personas enviadas a prisión subieron un 250% respecto del año anterior, que la población penal ha aumentando a un ritmo mucho mayor a la capacidad de la infraestructura penitenciaria.

Desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, la población de  personas presas ha crecido a tasas de un 20% al año. La gravedad del problema se hizo evidente con el incendio de San Miguel en diciembre del 2010 donde murieron 81 reos.

En relación al porcentaje de la población, Chile es el país latinoamericano que tiene más personas presas.

Actualmente la sobrepoblación en las cárceles alcanza del 60%. Para superar el hacinamiento, Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior y Felipe Bulnes, titular de Justicia, anunciaron un proyecto de ley que contempla cuatro medidas, las que fueron recibidas como insuficientes por las asociaciones de funcionarios de Gendarmería.

Las medidas contemplan no encarcelar a quienes no paguen sus multas, cambiándose la pena a la realización de servicios comunitarios; política también a aplicar a quienes sean condenados a penas inferiores a dos años; el establecimiento de criterios específicos para otorgar la libertad condicional; y  un indulto conmutativo.

De aprobarse la iniciativa, se estima que unas 9 mil personas hoy privadas de libertad dejarán las cárceles. La meta del Gobierno es reducir la población carcelaria durante 2011 a un nivel menor al existente a comienzos de año.

MEDIDAS PARA UN AÑO

Claro que quienes trabajan a diario con la población penal manifestan sus dudas a la propuesta del Ejecutivo. Así lo hicieron ver la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile (Anfup), la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN), la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) y la  Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog).

Oscar Benavides, vicepresidente de Anfup, dice que con estas medidas saldrán alrededor de tres mil presos, pero, sin embargo, debido al alto crecimiento de la población carcelaria, esta cantidad se recuperaría en un año.

Daniel Vega, tercer director de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería en Chile (Ansog), expresó que la crisis en el sistema penitenciario “no va a cambiar mientras no haya una fuerte inversión del Estado”, algo que – según él– no se ha hecho hasta ahora.

Para Gabriel Pérez, presidente de la ADIPTGEN, este es un problema de derecho humano, ya que “la pena de estar privado de libertad no conculca ningún otro derecho;  sin embargo, hoy se están quebrando otros derechos que no tienen por qué ser asumidos”, además destacó que se está pasando sobre la abogacía “de quienes trabajamos con la población penal”.

En este sentido, el Estado de Chile estaría quebrando el Artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, que el Estado firmó en 1987 y ratificó al año siguiente.

“Aquí no se saca nada con tener gente metida en la cárcel, si es que no hay un proceso continuo en la rehabilitación de los presos para que no vuelvan a delinquir”,  expresó Peréz.

Asimismo declaró que “este es un problema que se arrastra por décadas y los gobiernos no han tenido el coraje para que esta crisis se revierta”.

Se debe “modificar totalmente el sistema penitenciario y pensar nuevamente como sociedad para qué estamos metiendo gente presa”, manifestó Benavides.

Este último expresó que  “más del 70% de los reos, se encuentra condenado y más de un 50% de éstos se encuentran en condiciones de postular a una libertad condicional”. También planteó es necesario que se construyan más cárceles.

RECURSOS MÁS RECURSOS MENOS

Juan Alarcón, primer director de la Ansog, manifestó que si bien comparte las medidas anunciadas por el Ejecutivo, extrañó no se tomaran decisiones relacionadas con el aumento del personal y recursos para la institución.

Esta misma opinión tiene Vega, quién sindicó que Gendarmería es el pato feo dentro de las instituciones públicas relacionada con la seguridad.

El año pasado, el Gobierno anunció un ingreso gradual de 5.800 uniformados en un periodo de 6 años para Gendarmería, mientras que, durante este año, declaró que habrán 10.000 nuevos carabineros en 3 años y 1.000 en Policía de Investigaciones.

En esta misma línea, Gabriel Pérez de ADIPTGEN, denunció que durante este gobierno, no se han anunciado medidas para que el número de trabajadores no oficiales crezca.

Las asociaciones de Gendarmería esperan reunirse con los ministros Bulnes y  Hinzpeter, para entregarles sus puntos de vista respecto de la crisis carcelaria y que puedan ser partícipes en la discusión sobre cómo mejorar el sistema penitenciario.

Fotografía: Gabriel San Marin

Por Rodrigo Cavieres Cárdenas

El Ciudadano

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